
El Gobierno eliminó resoluciones dictadas durante la gestión anterior utilizadas para la regulación del mercado del trigo, entre las cuales sobresale la Ley de Abastecimiento. La decisión de la Secretaría de Comercio no tiene un impacto a corto plazo sino que formaliza lo que viene funcionando desde el inicio del gobierno de Cambiemos: la desregulación del negocio triguero. Bajo el nuevo esquema de administración del mercado, subió la producción pero disminuye el stock de trigo que usualmente permanece en el país como salvaguarda de los precios internos.
El Gobierno derogó la Resolución 67 del 2013, por la cual Guillermo Moreno, había establecido que “los sectores intervinientes en los procesos productivos de trigo, pan y harina que detenten tenencia física de dicho producto deberán ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer adecuadamente al mercado interno”. Aquella resolución se amparó en la Ley 20.680, conocida como Ley de Abastecimiento.
Los controles impuestos por la secretaría de Comercio Interior habían resultado altamente positivos. La resolución 67 había sido dictada en 2013 por Moreno ante una situación de escasez de trigo en el mercado interno a causa de que el Gobierno había autorizado cupos demasiado elevados de exportación, como resultado de eso se dispararon los precios y fue necesario impedir que los productores hicieran lo que quisiesen con un producto tan sensible para la alimentación.
Los cambios normativos van en línea con la rápida eliminación de los permisos de exportación que el Gobierno aplicó hace un año para liberalizar el mercado triguero. De todas maneras, se trata de un mercado con escaso número de jugadores (pocos exportadores y pocos molinos) en donde persiste cierto grado de negociación para no desabastecer la demanda local.
Según el último informe oficial de estimaciones agrícolas publicado en diciembre, la superficie implantada de trigo creció 19,7 por ciento interanual en la campaña 2016/17 y la producción avanzó en un 38,9 por ciento. Sin embargo, los datos oficiales marcan que el stock final de trigo que quedó en el país es de apenas 0,4 millón de toneladas, cuando solía estar bien por encima de ese número. Hace un año, el stock era de 4,5 millones y el año anterior, de 1,8 millones de toneladas. Ese stock tiene un papel regulador del precio interno al que las harinas y el pan llegan a la mesa de los argentinos.
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