OPINIÓN

La trama narco que deteriora la gestión de Colombi

La trama narco que deteriora la gestión de Colombi

La detención del intendente de Itatí por presunta participación en una red narco dejó en evidencia la filtración del poder político y judicial correntino. Luego de que cayera parte de su familia vinculada con el tráfico de drogas, Natividad “Roger” Terán, intendente de Itatí, corrió la misma suerte junto a su vice y otros 25 detenidos.

Tal como anticipó este portal, desde Cambiemos intentaron sacar rédito político de cara a las elecciones al recordar que Terán pertenece al FPV. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargó de resaltar la identidad partidaria del detenido.

Sin embargo, el intento de partidizar el escándalo, como acusó el peronismo al gobernador, se diluyó en medio de las acusaciones cruzadas que señalaban contactos del intendente con Colombi. El propio Mauricio Macri clausuró la estrategia cuando decidió suspender su visita a Corrientes para evitar la foto con el mandatario provincial.

El otro cimbronazo, que generó cuanto menos suspicacias, fue la insólita irrupción de Colombi en el operativo contra una banda de narcotraficantes en Goya que ordenó un juez federal de Reconquista con policías de Santa Fe. Por el grotesco intento de detener el procedimiento al gobernador le costó una investigación por obstrucción a la justicia.

La sumatoria de escándalos como la detención de Terán o la irrupción del gobernador, Ricardo Colombi, en medio de un procedimiento nacional, dan indicios de un enmarañado mapa signado por narcotraficantes con llegada al poder político, filtraciones policiales, funcionarios judiciales vinculados a la trata de personas, lavados de activos y excarcelaciones inadmisibles donde los nombres se repiten generando sospechas hacia el poder correntino.

De hecho, el juez federal porteño Sergio Torres junto con la PROCUNAR solicitaron al magistrado de Corrientes, Carlos Soto Dávila, que se unifiquen 15 causas sobre narcotráfico que el juez tramita de forma separada desde el 2014.

El pedido de Buenos Aires, donde consideran que la unificación es “imprescindible y urgente para el desbaratamiento de la estructura criminal transnacional”, no fue respondida por Soto Dávila lo cual obligó a la PROCUNAR a interponer un recurso de queja “por retardo de Justicia”. Entre estas causas se encuentra la investigación a la familia Terán.

En efecto, según información brindada por fuentes del Poder Judicial correntino a LPO, en el Ministerio Público Fiscal están al tanto de la singular carrera del juez Carlos Soto Dávila que ha generado serias dudas al dictaminar excarcelaciones “inexplicables” a narcotraficantes detenidos, lo que habría motivado que sus pares porteños insistan en retirarle los expedientes de la causa Itatí que obran en su juzgado.

Lavados de activos y excarcelaciones “inexplicables”

El desempeño de Carlos Soto Dávila al frente del juzgado federal Nro 1 de Corrientes está siendo cuestionado e investigado por distintos hechos que pusieron al magistrado en el centro de la atención.

Desde excarcelaciones sin fundamento de integrantes de bandas narcos hasta vínculos con entidades financieras ilegales e investigadas por lavado de activos, Soto Dávila protagonizó verdaderos escándalos que están siendo evaluados en el Ministerio Público Fiscal.

Tal es el caso de la Cooperativa Pyramis, una entidad financiera que funcionaba sin autorización cuyos directivos era investigados por la fiscalía de instrucción junto con la PROCELAC por lavados de activos, asociación ilícita e infracciones al régimen penal cambiario durante el 2015, cuando aún estaba vigente el cepo.

En el allanamiento de la cooperativa se encontró documentación (ver foto) donde figuraban, entre varios clientes que compraron dólares norteamericanos, el juez Sóto Dávila en quien había recaído el expediente.

Por tal motivo, el fiscal federal Flavio Ferrini solicitó la recusación del juez en dicha causa alegando que “resultaría inadmisible que V.S. sea el instructor y juzgador en la presente causa justamente de las maniobras de evasión tributarias que se les imputan a los directivos”

Un año después, en diciembre del 2016, en otra causa que investigaba la justicia federal por falsedad ideológica, cohecho y estafa procesal, se lo imputó a Soto Dávila por la restitución de un Mercedes Benz que había sido secuestrado de una concesionaria -RRVIP- en un caso de lavados de activos provenientes del narcotráfico.

Según consta en el expediente judicial, el magistrado había decidido devolver el lujoso auto a partir de la declaración de un testigo pero luego se detectó que dicha audiencia testimonial nunca había ocurrido, por lo que se instruyó una investigación contra Soto Dávila, su secretario, un empleado del fuero y abogados.

Así mismo, el juez correntino fue cuestionado por beneficiar con excarcelaciones “inexplicables”, según señalaron fuentes judiciales a LPO, a integrantes de bandas narcos que estaban en prisión preventiva luego de que se le secuestren estupefacientes.

Tal es el caso de Darío Urquidez quien formaba parte de una organización de al menos ocho personas dedicada al tráfico de drogas y en un operativo en diciembre del 2015 se le secuestraron 400 kilos de marihuana.

Soto Dávila imputó a Urquidez y determinó la prisión preventiva junto al resto de la banda. Pocos días más tarde, “el señor Juez cambió de parecer injustificadamente” y concedió la excarcelación de tres de los implicados, afirmaron a LPO fuentes al tanto del expediente.

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes revocó la resolución de excarcelación pero Soto Dávila, pese a las directivas emanadas de su superior, mantuvo la libertad de los imputados.

Situaciones parecidas ocurrieron con ciudadanos brasileros detenidos en Corrientes por tráfico de drogas como a Carlos Rodrigues Martins, casualmente interceptado en la localidad de Itatí a quien Soto Dávila lo benefició con la excarcelación y hoy tiene un pedido de captura internacional.

Igual ocurrió con Marcio Silveira Carvalho y Josinei Da Rosa, este último capturado con 217 kilos de marihuana e igualmente soltado por decisión del juez federal de la Sala Nro 1.

Soto Dávila y lo vínculos con Colombi

En un hecho anterior a los enumerados, el gobernador Ricardo Colombi fue procesado por enriquecimiento ilícito, incumplimiento y violación de deberes de funcionarios públicos en julio del 2009 por la adquisición de dos propiedades durante el 2006 a través de presuntos testaferros.

La investigación apuntó al matrimonio compuesto por María Helena Hadad y Hernán Laslo, ambos funcionarios públicos, quienes habrían actuado de prestanombres del gobernador que, al momento de comprar los inmuebles, le otorgaron un poder especial a nombre de Ricardo Colombi “facultándolo a transferir dichos inmuebles a título gratuito u oneroso a terceros, incluso a sí mismo.

Las propiedades fueron adquiridas a precios irrisorios y con condimentos propios de una comedia del absurdo: una de las escrituras fue fechada el 31 de noviembre de 2006, un día inexistente en el calendario, ni en año bisiesto.

Sin embargo, la investigación de estas maniobras tuvieron una derivación mucho más dramática cuando el 2 de octubre del 2009 apareció muerto el denunciante de esta causa, el periodista Hernán González Moreno.

Faltaban sólo dos días para las elecciones que lo ubicaron por segundo período a Ricardo Colombi en la gobernación. El hecho se caratuló como suicidio.

En el 2015, los presuntos testaferros de Colombi pidieron ser sobreseídos. El juez Carlos Soto Dávila accedió a la petición y sobreseyó a Laslo y Hadad. Sin embargo, el nombre de Marcelo Laslo y su esposa volvieron a aparecer en los allanamientos de la Cooperativa Pyramis como compradores de 130 mil dólares, una cifra por demás de abultada en comparación a los ingresos declarados del matrimonio.

En la misma Cooperativa investigada por lavado, donde el juez Soto Dávila había comprado dólares, se hallaron registros de operaciones financieras a nombre de la pareja vinculada a Ricardo Colombi como presuntos testaferros. Los funcionarios judiciales advirtieron esta sorpresiva coincidencia y señalaron la relación como “Delitos de Corrupción”, según se lee en el expediente consultado por este sitio.

Por: Fabricio Navone – Para La política Online

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