En su media lengua, la diputada libreña Laura Vischi, optó por desacreditar por completo a la política y a las instituciones democráticas y salió a embarrar la cancha asegurando que quien no esté a favor de la intervención al municipio de Itatí será cómplice del narcotráfico. Palabra más, palabra menos es lo que dijo. No es muy elegante reproducir textualmente las frases vertidas por Vischi en la entrevista porque son irreproducibles, no por groseras, sino por toscas y grotescas. Por su parte, Martín Barrinuevo no se quedó callado y le enrostró a su colega que “el gobierno busca esconder la basura debajo de la alfombra”.
La diputada es conocida en nuestra ciudad por no ser capaz de enhebrar frases inteligentes, por lo que nadie se horrorizaría si reflejáramos los textuales, algo que no haremos solamente por el hecho de defender el buen uso de la lengua. Pero lo que resulta más preocupante es que una abogada pueda resultar tan políticamente ignorante teniendo en cuenta que hace tres lustros que está acomodada en cargos trascendentes. La sucesión del intendente está perfectamente explicada por la Carta orgánica de Itatí, y al respecto dice:
Art. 95: “En caso de muerte, renuncia, destitución o impedimento definitivo, las funciones del Intendente son desempeñadas por el Viceintendente, por el resto del periodo constitucional, y en caso de ausencia, suspensión u otro impedimento temporal o provisorio, hasta que cesen dichas causas. En caso de acefalía absoluta y definitiva (muerte, renuncia, destitución, u otro impedimento) del Intendente y Viceintendente el Departamento Ejecutivo es ejercicio por el Vicepresidente 1º del Honorable Concejo Deliberante quien, en el segundo caso (acefalía absoluta y definitiva) convoca dentro de los tres días a elecciones para completar el período correspondiente, siempre que de este falte por lo menos un año, debiendo el acto eleccionario realizarse dentro de los noventa (90) días posteriores a la convocatoria”.
¿Alguien encuentra en el artículo reproducido alguna frase que indique que la acefalía amerite una intervención?. Tal vez sus correligionarios debieran acercarle a la legisladora un ejemplar de la C.O.M de Itatí.
Lo que dice específicamente es que el vicepresidente 1º (allí sí se modificó la CO y el viceintendente preside el Concejo) quien debe asumir y eso es lo que ocurrió. También dice que dentro de los tres días subsiguientes deberá llamar a elecciones, en casos de acefalía absoluta y definitiva (muerte, renuncia, destitución, u otro impedimento) del Intendente y Viceintendente. Y que se sepa ni el intendente ni el vice murieron, ni renunciaron, ni fueron destituidos. Y podría ocurrir que en pocos días cese el impedimento que rige sobre ambos, con lo cual parece prudente esperar unos días antes de tomar una decisión apresurada.
Sin el menor ánimo de defender a Roger Teran uno no puede perder de vista que por más que esté detenido el hombre tiene derechos, y que uno de esos derechos es el del debido proceso, y que eso es lo que se está llevando a cabo con él. Es sencillo comprender que Vischi no se haya detenido a pensar en eso, después de todo ella apenas es… abogada. ¿Podría ocurrir que en unos pocos días surgieran pruebas exculpatorias para Teran o su vice que les devolvieran la libertad?, está claro que sí, de eso se trata el derecho a un debido proceso, a que el proceso se desarrolle con plenos derechos por parte de los procesados.
El intendente de Itatí, Roger Terán, esposado tras su detención
El debido proceso es un conjunto de garantías procesales que tienen como objetivo asistir a los individuos durante el desarrollo del proceso, y así protegerlos de los abusos de las autoridades y permitirles la defensa de sus derechos. Dice el Art. 18 (primera parte): ¨ Ningun habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos…¨. Con lo cual se descarta de plano que la detención de un funcionario amerite su inmediata destitución. En todo caso deberá el Concejo Deliberante de Itatí decidir si continúa con lo indicado en su Carta Orgánica o si la situación (el derecho al debido proceso) amerita establecer un tiempo prudencial antes de encender el reloj hacia un nuevo acto eleccionario.
Queda más que claro que ni en la Carta orgánica, ni en la Constitución Provincial hay elemento alguno que indique que en el caso de Itatí la provincia deba intervenir el municipio. Aunque pareciera que para la diputada Vischi eso no está tan claro. A pesar de ser (nada más y nada menos) la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja provincial.
Así pareció entenderlo su par, el diputado martín Barrionuevo, quien sin medias tintas salió a tratar de irresponsable a su colega. “ Hay un nivel de irrresponsabilidad en la legisladora que dijo eso que prefiero no referirme… El oficialismo tiene una responsabilidad y pretende esconder la basura bajo la alfombra haciendo politiquería barata pero nosotros no nos vamos a sumar.
Barrionuevo aclaró que “Las instituciones tienen previstos sus remedios y aquí se usó el remedio previsto en la carta orgánica respecto de la sucesión”, pues tras la detención del intendente y el vice, se hizo lo que establece la Carta Orgánica. “Esto nos preocupa a todos pero vamos a llevar adelante el debate, buscando alejarlo de la política partidaria. “Tratemos de resolver problemas pero no de llevar agua para nuestro molino”, dijo el legislador. “El Municipio de Itatí avanzó desde su institucionalidad, respondiendo como corresponde a un problema gravísimo”, dijo el legislador peronista sobre la designación de un intendente a cargo. Tras lo cual se preguntó “¿en qué colabora una intervención?”.
“El gobierno provincial debe ocuparse de las cuestiones de seguridad y les cabe haber hecho lo que tenían que hacer en los últimos 16 años”, dijo, y destacó que “es positivo que el Gobierno nacional haya tomado la decisión de atacar el narcotráfico, pero es fundamental la participación de la Provincia”. Para rematar diciendo que “Corrientes es la única provincia argentina que no está adherida a la Ley de Narcomenudeo”
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