El pasado 22 de marzo se realizó una audiencia pública en Santa Rosa para definir los porcentajes del Tarifazo de energía eléctrica en Corrientes. Para usuarios residenciales el aumento variará entre el 40 y 60%, en cambio para los clientes comerciales ascenderá a más del 100%. Con lo cual, además de los au
mentos en la boleta de la luz los ciudadanos sufrirán incrementos en todos los productos que compren pues el incremento a los comercios tendrá un fuerte impacto en los precios al consumidor.
Este incremento, con muy pocos precedentes, será muy difícil de solventar por los empleados públicos que cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, y ni hablar de los municipales que están por debajo de ellos en casi toda la provincia.
Según el diario capitalino 1588, la Asociación de Usuarios y Consumidores (AUC) ha pedido se declare la nulidad de la Audiencia Pública celebrada la semana pasada. Su titular Nelson Veas Oyarzo, sostuvo que la convocatoria que debió hacerse a través del Ente Regulador de Energía Eléctrica (E.P.R.E) y no del Ministerio de Obras y Servicios Públicos que “carece de competencia para ello”. Si bien el EPRE ya fue creado, todavía no fue reglamentado su funcionamiento como lo determina la legislación.
Veas Oyarzo recordó en la Audiencia que la Corte Suprema declaró inconstitucional el cuadro tarifario Nº 89, aunque la Dpec nunca acató ese fallo, que le exigía devolver el dinero a los usuarios por el cobro irregular de varios bimestres desde el 2008 en adelante. La empresa energética intervenida jamás reintegró lo mal cobrado hasta la fecha, a pesar de haber sido beneficiada por el gobierno nacional con una condonación de alrededor de $1400 millones de deuda que mantenía con CAMMESA, la administradora del mercado mayorista eléctrico.
Redacción Contrapoder
RSS