A través de su titular la Asociación Defensora de Usuarios y Consumidores salió a denunciar que, en algunos barrios de casas humildes del conurbano bonaerense, comenzaron a cambiarse los medidores tradicionales en las viviendas en las que el pago del servicio eléctrico sufre un atraso importante, por otros que están programados para funcionar solamente si el usuario “tiene crédito”, como en el caso de la telefonía celular pre-paga. La prestación pasaría a una forma de pago previo por tarjeta, que habilitaría el consumo de una determinada cantidad de kilowatts y ante la falta de crédito el servicio se cortaría de manera automática.
Las distribuidoras niegan que ellos tengan pensado implementar el sistema, de lo cual se desprende que se impulsa desde el gobierno. Pero según una publicación de ayer del diario Página/12 el Ministerio de Energía no lo negó, apenas informaron que no habrá un pronunciamiento oficial por el momento. Lo cierto es que la entidad que preside Osvaldo Bassano anuncia que irá más allá de esas ambigüedades, al denunciar que “se quiere sectorizar el consumo, restringirlo para los más pobres y que usen y paguen mínimamente una o dos horas de consumo diario, y en el resto de la jornada se alumbren con velas”.
Bassano, entrevistado hoy por la tarde en AM 750, explicó que “este sistema de medidores de suministro prepago ya quiso ser implementado en los 90, cuando se privatizó el servicio, y no pudieron. Ahora tras los tarifazos vuelven a intentarlo porque saben que hay gente que no va a poder pagar la factura”. El titular de Adduc no sólo responsabilizó a las empresas prestadoras del servicio, sino también al gobierno, ya que el reemplazo de los medidores, que ya se estaría efectivizando, “no se puede hacer sin el respaldo del ENRE (ente regulador), lamentablemente en manos de ex funcionarios de las mismas empresas”.
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