POLÍTICA

Alejandra Gills Carbó: “La detención es ilegal y debe ser dejada sin efecto”

Alejandra Gills Carbó: “La detención es ilegal y debe ser dejada sin efecto”

La Procuradora General Alejandra Gils Carbó opinó ante la Corte Suprema que la prisión preventiva de Milagro Sala es ilegal y que la dirigente social debe ser liberada. Lo hizo a través de dos dictámenes: en uno de ellos dice que la detención de la dirigente “lesiona la inmunidad de arresto” de la que gozan los integrantes del Parlmento del gills carbóMercosur; en el otro advierte que el Superior Tribunal de Jujuy -la Corte local que Gerardo Morales armó a su antojo- no fundamentó los llamados “riesgos procesales” (de fuga o de entorpecimiento de la investigación) que podrían justificar el encarcelamiento. Ahora les toca decidir a los jueces supremos, que no tienen obligación de hacer lo que propone la Procuradora, pero que le pidieron que intervenga sabiendo que no daría una respuesta meramente técnica.

Milagro Sala está presa en el penal de Alto Comedero, en Jujuy, desde el 16 de enero de 2016. Fue arrestada a raíz del acampe que realizaba a modo de protesta frente a la gobernación para pedir por la continuidad de las cooperativas de trabajo tras la asunción de Morales como gobernador. Pero como era imposible que siguiera presa eternamente por esa razón, no bien el juez Gastón Mercau le otorgó la libertad sacó otra resolución que la dejaba detenida por otra causa, por asociación ilícita y fraude, por supuesto desvío de dinero de las cooperativas de trabajo. Luego se agregó otra causa más para justificar encierro, en la que se la acusa de promover una tentativa de homicidio de una niña que quedó atrapada en una balacera entre dos hombres, uno de los cuales (Jorge Rafael Páez) estuvo siete años prófugo y al reaparecer acusó a Sala, quedó desvinculado y ella acusada. De las once causas que brotaron una tras otra con posterioridad a la detención, aquellas dos primeras son las que hacen que siga presa.

Prisión preventiva

Aun así, Gils Carbó recordó en sus dictámenes que entregó a la Corte que toda persona tiene derecho a permanecer en libertad mientras aguarda el juicio, a menos que se demuestre que realmente puede escaparse o poner en peligro la investigación. La prisión preventiva, recordó al citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es excepcional. “Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria”, dijo. En un tramo invocó el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que afirmó la arbitrariedad de la detención y notó que “las acciones legales y procesales (contra Sala) se aceleraron a partir de la protesta social iniciada en el mes de diciembre” de 2015, y más aún con posterioridad al arresto.

El Superior Tribunal de Jujuy que dejó detenida a Sala se basó en expresiones de testigos que aparecieron repentinamente para atribuir amenazas a la dirigente de la Tupac Amaru. Por eso la jefa de los fiscales dijo que no hay alusiones a “situaciones vinculadas con la causa en trámite”, ni el tribunal explicó tampoco la relación de esas supuestas amenazas con los riesgos procesales. “Esas declaraciones no se refieren en concreto a la probabilidad de que la impugnante entorpezca la investigación”, afirmó Gils Carbó. Eran cooperativistas que decían que fueron sujetos a presiones e intimidaciones por parte de Sala para que, en teoría, confeccionaran facturas y endosaran y cobraran cheques. Además, advirtió que la Corte local omitió “tratar las impugnaciones sobre la falta de credibilidad y del interés de los denunciantes y testigos en los hechos investigados”. Recordó que la defensa de Sala advirtió que “se presentaron colectivamente ante la fiscal de turno en circunstancias sospechosas” para decir “que habrían sido presionados para declarar en su contra y que sus declaraciones tendían a justificar su participación en hechos presuntamente ilícitos”.

Otro de los argumentos que habían utilizado los jueces de Jujuy era que “la posición de liderazgo y la capacidad organizativa de la señora Sala permitían inferir la existencia de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación”. Gils Carbó insistió en que tampoco está fundamentado ese concepto pero que, de todos modos, “las características personales del supuesto autor no son, por sí mismas, justificación suficiente de la prisión preventiva”.

Inmunidad de arresto 

Uno de los planteos de Sala desde el comienzo fue que su detención era ilegal porque como integrante del Parlasur tiene fueros que le dan inmunidad de arresto. Su defensa sostiene que la ley que regula la elección de los parlamentarios del Mercosur (27.120) asimila a los representantes argentinos en el derecho interno a “los diputados nacionales”. Pero el superior tribunal de Jujuy dijo que el Congreso no puede establecer inmunidades, que eso solo lo puede fijar una convención constituyente y que otorgar inmunidades por ley vulnera el principio de igualdad ya que solo las puede establecer la Constitución.  Pero según Gils Carbó la ley en cuestión es constitucional y desconocerla implicaría poner “en juego la vigencia de los procesos de integración regional”.

Con la ley 27.120, dijo, “el Congreso de la Nación procura implementar, en forma efectiva, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur y, de ese modo, el Tratado de Asunción (…) “la equiparación en materia de inmunidad de arresto asegura la presencia efectiva de los parlamentarios en ese órgano de representación de los pueblos, independiente y autónomo'”. Según Gils Carbó  “el argumento del tribunal según el cual las inmunidades funcionales sólo pueden ser creadas por los constituyentes carece de sustento en la letra de la Constitución Nacional, que no contiene esa limitación”.  Puso ejemplos: “en nuestro ordenamiento jurídico rigen diversas inmunidades que no fueron establecidas por la Constitución Nacional”, como las previstas en las constituciones provinciales de Santiago del Estero, Río Negro, Jujuy, Tucumán y La Rioja. Recordó la norma que le dan inmunidad de arresto, por caso, al Procurador Penitenciario de la Nación y  la ley 25.320, que dispone que los funcionarios o magistrados sujetos a desafuero, remoción o juicio político gozan de inmunidad de arresto (entre ellos el Presidente de la Nación, el Vicepresidente, el Jefe de Gabinete de Ministros, los jueces y miembros de la Corte Suprema de la Nación, los fiscales y el Procurador General de la Nación y los defensores y el Defensor General).

En la Corte no tendrían intención de dilatar el tema mucho más. Las apuestas en tribunales indican que el máximo tribunal rechazaría el planteo sobre inmunidad parlamentaria pero que es más probable que cuestione la sentencia del superior tribunal de Jujuy y su argumentación deficitaria. Los que conocen cómo trabaja la Corte apuestan a que si le pidieron un dictamen a Gils Carbó es porque van a resolver con una sentencia que analice el tema en profundidad, no con un mero rechazo, y que esto abre expectativas para que se revise la situación de Sala algo que, por otra parte, necesita el Gobierno ya que se encuentra en un brete por este tema a nivel internacional.

Por Irina Hauser

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