La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no necesitó demasiado esfuerzo para explicar que gracias a una decisión de política económica de su gobierno, las operaciones de “dólar futuro” por las que hoy ella misma está en camino a juicio oral y público, decenas de funcionarios y allegados al actual gobierno se enriquecieron aprovechando una falacia electora.
“Ningún candidato dijo que iba a devaluar”, recordó la ex mandataria al declarar como testigo esta mañana ante el fiscal Jorge Di Lello, en una causa derivada de su procesamiento por el “dólar futuro”. La lógica fue casi de silogismo: si el dólar hubiera mantenido su valor, gradualmente habría acomodado su cotización a los valores que preveían las operaciones “a futuro”. Pero cuando los seguidores de la alianza Cambiemos entendieron que podían convertirse en gobierno, salieron a concretar masivamente operaciones de compra de divisa estadounidense para un “futuro” situado después del cambio de gobierno.
Según explicó hoy la ex presidenta, para que esas operaciones rindieran suculentas ganancias era necesario un paso que sólo el gobierno de Mauricio Macri había previsto dar, aunque lo había negado en la campaña electoral: la devaluación.
La eliminación de las restricciones a la compra de moneda extranjera, financiada con el incremento de la deuda externa gracias a la toma de préstamos en el exterior (favorecido por el pago a los “fondos buitres”) catapultó la cotización del dólar, de poco más de diez pesos –previsto por el anterior gobierno para los primeros meses de 2016- a 16. Eso fue lo que explicó la ex mandataria: si se hubiera continuado con una adecuación paulatina de la divisa estadounidense ninguno de los funcionarios y empresas que compraron “dólar futuro” se hubieran enriquecido como lo hicieron. Lo que hubo en el medio fue una decisión política la de Cambiemos, de devaluar. Pese a haber asegurado en la campaña que no lo haría.
En rigor, la ex mandataria dijo ante el fiscal Di Lello que la decisión de devaluar se produjo el 13 de diciembre de 2015, tres días después de la asunción de Macri. Participaron de la reunión clave para esa decisión, siempre según el relato ofrecido esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el secretario de Finanzas Luis Caputo, y el titular de Rofex, la sociedad de bolsa que canalizó los contratos de dólar futuro.
Pero para entonces, funcionarios, empresas y personajes cercanos a Cambienos (y a otras fuerzas políticas y económicas) ya tenían sus contratos de dólar futuro asegurados. Para concretar la ganancia era necesaria la devaluación, que se reveló “innecesaria”, según la ex presidenta. El dólar pasó a costar 16 pesos hace casi un año y medio; en un contexto inflacionario que supera el 30 por ciento, la moneda norteamericana no sólo no subió sino que incluso bajó su cotización.
“Hay que observar que la devaluación del actual gobierno trajo millonarias ganancias para quienes compraron dólar futuro. La devaluación se decidió en el Ejecutivo y no en el Banco Central”.
El juez Claudio Bonadio procesó a la ex mandataria por el delito de “administración fraudulenta” por los contratos de dólar futuro. Esa operación necesita de dos puntas: una que venda y otra que compre. No puede haber perjuicio si existiera sólo una de las dos, como no puede haber un homicidio sin víctima. Una cosa es necesaria para la concreción de la otra. No cabe en el imaginario que la ex presidenta hubiera urdido una maniobra fraudulenta con las operaciones de dólar futuro para beneficiar a funcionarios del gobierno de distinto signo político que la sucedió. Sin embargo eso es lo que ocurre en la realidad judicial: CFK está procesada por tomar una decisión de política económica, que el juez consideró defraudatoria, para beneficiar a representantes de la fuerza política antagónica que venció en las elecciones en las que ella tenía a su propio candidato.
Por Néstor Espósito
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