El Gobierno de Mauricio Macri autorizó a las secretarías de Hacienda y de Finanzas a colocar bonos públicos por hasta 20 mil millones de dólares. Renunció así a “oponer la defensa de inmunidad soberana”. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial, mediante el decreto 334/2017 y la firma de la vicepresidenta del Ejecutivo, Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo.
La norma habilita a incluir “cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América y/o de los tribunales ubicados en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a dichos acuerdos”.
¿Qué significa esto? que en caso de litigio serán los tribunales de Londres y/o de Nueva York los que decidan el fallo. La prórroga de jurisdicción ya provocó un capitulo negro en la historia argentina reciente cuando se discutió la deuda con los fondos buitre, que litigaron, principalmente, en los tribunales de Nueva York y allí obtuvieron sentencia favorable del juez Thomas Griesa. El no pago de lo que estableció ese fallo contra el gobierno argentino derivó en que el país caiga en default técnico.
Otro punto oscuro en esta medida es que no figuran entre los bienes inembargables los recursos naturales. Lo que implica que a la hora de reclamar el pago de la deuda no están protegidos por la inmunidad soberana. El presidente ya había sido denunciado en abril de este año por defraudación y abuso de autoridad.
Según explicó hoy el diario Página/12 respecto de una medida anterior, “los recursos hidrocarburíferos, el litio, otros recursos minerales estratégicos y las empresas del Estado quedaron fuera de la protección de inmunidad soberana contemplada en las emisiones de deuda externa y, por lo tanto, pasaron a ser pasibles de embargo y ejecución en una hipotética disputa legal con acreedores externos”.
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