El juez federal Sergio Torres ordenó ayer una batería de allanamientos en la Secretaría General de la Presidencia, en las oficinas de Aerolíneas Argentinas, la Inspección General de Justicia (IGJ) y varios organismos públicos relacionados con distintas causas por irregularidades en la contratación oficial de aviones y otorgamiento de permisos para volar a las empresas low cost (bajo costo). Se trata de la investigación unificada sobre varias denuncias que impulsa el fiscal Jorge Di Lello, la cual involucra al presidente Mauricio Macri, su padre Franco, el vicejefe de Gabinete Mario Quintana y a otros funcionarios por conexiones con algunas de las empresas favorecidas en el otorgamiento de rutas, empezando por Avianca. Las investigaciones son por posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. Los procedimientos ordenados por el juez Torres los llevó a cabo la Policía Federal.
La apertura irrestricta del negocio aerocomercial y la adjudicación de rutas y frecuencias, que en un 95 por ciento se superponen a las operadas por Aerolíneas Argentinas, recibió varias presentaciones por parte de legisladores de la oposición y gremios aeronáuticos. Entre las denuncias se encuentran la contratación del Estado de empresas aéreas para viajes oficiales y la compra de una nueva flota presidencial, evitando la modalidad que establece la ley y con montos desventajosos, la venta a Avianca de la empresa MacAir Jet, la cual era de la familia Macri, y el posicionamiento en el mercado local de la empresa colombiana. También hay una presentación por la asignación de rutas aéreas operadas por Aerolíneas a Flybondi Líneas Aéreas, en medio de sospechas por vinculación con el gobierno nacional.
Frente a todas estas denuncias, desde el Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dieron vía libre a los pedidos que realizaron las empresas en la audiencia pública de diciembre para operar en el segmento del mercado denominado de low cost. Según fuentes vinculadas a las denuncias, la decisión del juez Torres de realizar los allanamientos la tomó porque no consiguió que los organismos oficiales respondieran a sus pedidos de información para continuar con las investigaciones.
Las causas
En los allanamientos en la Secretaría General de la Presidencia el juez buscó información detallada de los viajes realizados por Macri y otros funcionarios desde el 10 de diciembre de 2015 a la actualidad en la flota presidencial o bien en aviones de empresas privadas. También solicitó un informe sobre la licitación pública destinada a la contratación de un servicio de transporte aéreo interno para viajes protocolares o institucionales.
Desde que llegó a la Presidencia, Macri resolvió discontinuar el Tango 01 y toda la flota presidencial por su “mal estado”. Desde entonces, voló a través de charters o por líneas aéreas comerciales. Entre los hechos investigados en el mismo expediente iniciado por los diputados Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié (FpV) figura la operación para adquirir una flota de naves destinada a la Presidencia, donde estarían involucrados los integrantes de la firma MacAir.
Por su parte, el juez le pidió a Aerolíneas que informe sobre un dictamen jurídico en el que se fijó la imposibilidad de que una empresa cuyo accionista mayoritario sea dueña de una firma local realice vuelos de cabotaje. En este punto se encuentran en la mira Avianca, que se constituye como firma local pero la conduce una compañía extranjera, la colombiana Avian Líneas Aéreas. También pidió explicaciones sobre los acuerdos de cooperación con Sol Líneas Aéreas, que el macrismo dio por finalizado y la firma tuvo que cerrar.
A la IGJ solicitó información sobre la composición societaria de la firma Sol Líneas Aéreas, mientras que al titular del organismo regulador del sistema nacional de Aeropuertos pidió un informe si Avian Líneas Aéreas ha requerido la asignación de hangares en el Aeroparque Jorge Newbery. Cabe tener en cuenta que Avianca cuenta con un permiso de uso temporario de un hangar en esa terminal. En Aeropuertos Argentina 2000 requirió información sobre la cancelación de la deuda por parte de las empresas MacAir y Baires Fly y encargó a Líneas Aéreas del Estado un detalle sobre las aeronaves que componen su flota aérea.
En el paquete de denuncias que acumula el gobierno en materia de política aerocomercial se encuentra el otorgamiento de rutas a Flybondi, una compañía que hasta el momento no cuenta con un avión como capital pero recibió todos los destinos solicitados, y Avianca, pese a las denuncias por incompatibilidad de los deberes de funcionario público. En esta causa está imputado el vicejefe Quintana, por su vinculación con el titular de Flybondi, Richard Guy Gluzman.
Por Cristian Carrillo
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