Un proyecto de ley presentado por una diputada de Unión-PRO podría afectar la aplicación del Calendario de Vacunación Obligatorio, que establece el cronograma de vacunas para adultos y recién nacidos hasta los 15 años. La iniciativa propone instaurar un “consentimiento informado” y habilita a los padres o responsables de los menores de edad a rechazar la aplicación de vacunas que previenen, entre otras enfermedades, la polio, la meningitis y varios tipos de hepatitis.
El proyecto presentado por la diputada Paula Urroz autoriza a los adultos mayores o responsables de niñas, niños y adolescentes a rechazar la aplicación de una vacuna, después de recibir información sobre los riesgos que “la inoculación en cuestión implica”.
La norma incluye también la incorporación de folletería en todos los centros de vacunación, tanto públicos como privados, en donde se advierta acerca de las contraindicaciones de la aplicación de las vacunas, y crea el Registro de Efectos Adversos por Vacunación.
Si bien el proyecto recién inicia su trámite parlamentario y todavía no fue tratado por las comisiones correspondientes, para el médico sanitarista y ex ministro de Salud Daniel Gollan la iniciativa es “grave” en el marco del recorte del Programa Nacional de Inmunizaciones que incluyó el cierre de vacunatorios públicos, suspensión de compra y distribución de vacunas y el cierre de programas de capacitación técnica, que fueron transferidos de Nación a provincias y municipios. “En este contexto todo proyecto como este puede ser sospechoso”, advirtió Gollan.
“Los progresos que produjo la vacunación en la disminución de la mortalidad a nivel mundial son incontrastables”, subrayó Gollan. “Lo más grave es que genera temor y podría sumar a más gente a pensar si conviene vacunar o no a sus hijos cuando toda la investigación a nivel mundial no lo pone en duda. Los efectos indeseables que pueden introducir las vacunas ya fueron estudiados y siguen en constante estudio para ir mejorándolas. Pero no es una decisión que puede tomar alguien individualmente porque el problema lo vamos a tener toda la sociedad”, agregó a PáginaI12 el exministro.
Para Gollan, el Estado tiene obligaciones que no puede delegar. “El estado tiene que garantizar la mejor decisión posible para que el derecho de ese niño esté por encima de la decisión de los padres”, sostuvo el ex funcionario, quien vaticinó que ni los propios compañeros del bloque de Cambiemos apoyarán la iniciativa de Urroz.
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