La Cámara de Diputados transformó en ley las modificaciones ya votadas en el Senado de limitación a las excarcelaciones para delitos graves. La ahora ley partió de un proyecto oficialista y se aceleró montado en el femicidio de Micaela García.
Sin embargo, paradógicamente la ley no incluye modificaciones en los casos de femicidio. Las luces de alerta por la falta de inclusión de estos casos en la modificatoria se vienen encendiendo desde abril, cuando el tema fue tratado por el senado. Tanto el Colectivo Ni Una Menos como el CELS expresaron su disconformidad por la elusión a este reclamo por parte del oficialismo y sus aliados coyunturales.
“El texto evita discutir el trato de los ofensores sexuales y no plantea políticas penitenciarias ni pospenitenciarias para evitar su reincidencia; además de omitir la existencia de reformas anteriores vigentes, que nunca fueron puestas en marcha”, reclamaron desde el CELS en abril pasado, tras la votación en el Senado.
En tanto el colectivo Ni Una Menos había advertido el uso político del proyecto de ley y recordado las legislaciones punitivistas de 2004, tras el crimen de Axel Blumberg, y de 2012, tras el femicidio de Tatiana Kolodziej. “Las respuestas como las que busca ahora el Poder Legislativo no modifican en absoluto las violencias en que vivimos. Como ustedes bien saben, el derecho penal llega tarde: se activa cuando estamos muertas”, advirtió el colectivo de mujeres en la misma época.
En ese sentido un grupo de legisladores se opuso a la aprobación de la ley, entre ellos se destacó la diputada correntina Araceli Ferreyra, quien mediante un encendido discurso dejó sentada la posición de los grupos feministas ante la utilización política de un femicidio para la imposición de una ley de Mano Dura, que no le da respuesta a la problemática.
Ferreyra reclamó que se reponga la educación sexual en las escuelas y que se devuelvan los recortes al presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer. La correntina también exigió “que se apruebe la ley antidiscriminatoria, que duerme el sueño de los justos en un cajón”, “No más punitivismo inútil ni garantismo mosógino”, cerró la diputada.
Finalmente la ley se aprobó con 170 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones. Quienes rechazaron el proyecto fueron Pablo López, Soledad Sosa, Juan Carlos Giordano, Nathalia González (Frente de Izquierda), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Julio Raffo (Diálogo y Trabajo) y Jorge Taboada (Chubut Somos Todos).
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