OPINIÓN

La construcción mediática sobre los cargos contra el ex ministro Julio De Vido

La construcción mediática sobre los cargos contra el ex ministro Julio De Vido
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Por Raúl “Tuni” Kollmann

En su comunicado del viernes, el juez federal Luis Rodríguez señaló que en el dictamen del fiscal Carlos Stornelli no hay elementos ni para detener a los imputados ni para pedir el desafuero de Julio De Vido y ni siquiera “un estado de sospecha” que justifique llamar a prestar indagatoria. El escrito de denuncia de Stornelli fue difundido por los grandes medios como si fuera una gigantesca acusación sobre el desarrollo de la mina de carbón de Río Turbio en los que se habrían perdido o desviado o malversado 26.000 millones de pesos. En realidad no se cuestiona nada de eso sino la firma de convenios entre Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Santa Cruz (UTN-FRSC). O sea, convenidos del Estado con una universidad que es también del Estado. En el texto no hay mención de coimas, sobornos, facturas truchas o que alguien se haya llevado dinero. Y el delito que se imputa es el de administración fraudulenta. No hay asociación ilícita ni jefe de una asociación ilícita.

El caso plantea una serie de preguntas.

– ¿En qué consiste el proyecto Río Turbio?

La mina de carbón, que tiene reservas para unos 400 años, estaba totalmente paralizada después de la crisis de 2001 y tras la privatización que la dejó en manos del empresario Sergio Taselli. El proyecto original venía de la época de Perón pero nunca terminó de despegar y, para colmo, en 2004 se produjo un accidente en el cual perdieron la vida 14 mineros. El kirchnerismo puso en marcha un plan para cuadriplicar la producción –de un único frente largo de mina, obsoleto, pasar a cuatro de tecnología de seguridad moderna–, construir dos usinas para producir 240 Megavatios, sumar esa energía al interconectado nacional y renovar el tren para llevar el carbón al puerto. Desde el punto de vista político-estratégico era consolidar el empleo en una ciudad en medio de la nada, a 300 kilómetros de Río Gallegos. La población pasó de 4000 a 25000, todos vinculados directa o indirectamente con la mina.

– ¿Se acusa a los funcionarios por sobreprecios en el proyecto global de Río Turbio?

Hubo una acusación por sobreprecios contra De Vido y buena parte de los funcionarios del Ministerio de Planificación. La causa fue instruida por el juez Claudio Bonadio, quien sobreseyó a De Vido dos veces, la última vez a fines de mayo, hace menos de un mes y medio. Este segundo sobreseimiento fue avalado por el fiscal Guillermo Marijuán, quien no apeló. De manera que dos protagonistas de la justicia, muy poco amistosos con el kirchnerismo, dijeron que no hubo sobreprecios. Lo curioso es que quien sí apeló fue el Fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA) Sergio Rodríguez, al que supuestamente le adjudican relaciones con el kirchnerismo y con la procuradora Alejandra Gils Carbó. Sobre un proyecto en el que se invirtieron unos 26000 millones de pesos no hay cuestionamientos ni acusaciones de coimas o maniobras de ese estilo.

– ¿En qué consiste la causa judicial en la que Stornelli pidió 23 detenciones?

No se cuestiona nada referido a la totalidad del proyecto, sino a los convenios tecnológicos firmados entre YCRT y la UTN sede Río Gallegos. Desde 2008 los convenios totalizaron 265 millones de pesos. En esencia, la UTN hacía de consultora en todos los terrenos. Por ejemplo, hizo los estudios ambientales, analizó los materiales, puso a disposición de YCRT todo su aparato administrativo, profesional e intelectual para el desarrollo de distintos proyectos: un tren turístico de 22 kilómetros, un plan de tratamiento de cenizas, un sistema de aprovisionamiento de caliza, una adaptación de las cintas transportadoras, cañerías de agua, el desarrollo de proveedores locales que habían desaparecido por el cierre de la mina. Uno de los objetivos era orientar las contrataciones a empresas nacionales lo que llevó, por ejemplo, a que parte de una especie de parantes neumáticos que hay dentro de la mina fueran producidos por Fabricaciones Militares. Stornelli sostiene que los convenios con la universidad fueron una forma de evitar controles y que, en materia de compras y adjudicaciones, la UTN se quedaba con un diez por ciento como gastos administrativos. La universidad, en Santa Cruz y en el resto del país, utilizaba la Fundación Facultad Regional Santa Cruz para hacer trabajos que no fueran puramente educativos como los del convenio. O sea, la UTN-FRSC se dedica a formar los ingenieros y la Fundación a los trabajos de asesoría, consultoría, estudios de ingeniería o ambientales. Stornelli cuestiona que entre la Universidad y la Fundación se quedaban con un 20 por ciento en comisiones. Está claro que ese dinero quedaba dentro de la universidad.

Ni en la causa judicial ni en el dictamen de Stornelli hay una pericia ni un estudio que señale que los convenios hayan sido por valores superiores a los de una consultora privada y menos que los precios que abonó la Fundación, en los casos de adquisición de bienes, hayan tenido sobreprecios. El kirchnerismo señala que las compras se hicieron a valores de mercado o más bajos. El fiscal se basa en informes de la SIGEN, que objetan cuestiones de procedimiento. Además, hay una auditoría hecha por el macrismo que menciona que se esquivaron los procedimientos de la administración del Estado. Stornelli menciona, por ejemplo, que en compras en dólares se redondeó el valor de la divisa de 8.50 a 10 pesos y algunos excesos respecto de los valores presupuestados. La lógica indica que lo que corresponde es hacer una pericia, con presencia de peritos de parte, y no basarse únicamente en un estudio del macrismo.

Un dato de máxima importancia es que tras la asunción de la nueva intervención del macrismo, el 18 de febrero de 2016, el nuevo interventor pidió al Ministerio de Hacienda los fondos para continuar con los convenios con la UTN: el propio macrismo avalaba los acuerdos. Dos meses más tarde desistieron de ese pedido porque la decisión política era parar la obra y las inversiones.

– ¿Qué sucedió con el tren?

En estos días se intentó crear una confusión. Hay dos trenes. La línea de casi 300 kilómetros entre Río Turbio y el puerto estaba terminada y el objetivo era no llevar el carbón a Río Gallegos sino a Punta Loyola, puerto de aguas profundas. De esa manera se podría cargar en buques grandes. Además había un segundo proyecto un tren turístico de apenas 22 kilómetros entre Gallegos y la estancia Kilik-Aike. Es una especie de Tren de la Costa de la zona, con locomotoras antiguas a vapor y vagones de madera. Stornelli objeta lo hecho en este último tren, el turístico, porque señala que el dinero debió usarse para el complejo minero y también cuestiona que fue parte de los convenios con la UTN. El kirchnerismo alega que no sólo se recompuso todo el ramal ferroviario de 300 kilómetros, sino que se armó un taller de mantenimiento que también dió trabajo en la zona.

– ¿Quién maneja hoy Río Turbio?

El interventor designado por el nuevo gobierno es Omar Zeidín, un radical alineado en Santa Cruz con el diputado Eduardo Costa, enemigo histórico de los Kirchner. Zeidín integró el Concejo Deliberante de Río Turbio en los años de kirchnerismo y nunca se opuso a los proyectos, convenios y presupuestos que, en todos los casos, debieron ser aprobados por el Concejo. Entre ellos el que proponía la ejecución del Tren Turístico. Es que gran parte de la administración de todo el proyecto corrió por cuenta del municipio. La mecánica siempre fue la aprobación de los presupuestos por el Congreso, gestión a cargo del municipio y YCRT. Por eso nunca se encontrará una firma de De Vido en los convenios con UTN. El ex ministro ni siquiera conoce a los funcionarios de la universidad. Pese a que las cosas pasaron por el Consejo, Zeidín es el denunciante. Del otro lado, el intendente de Río Turbio es quien fuera interventor en Yacimientos Carboníferos, Atanacio Pérez Osuna, lo que demuestra el respaldo que tuvo en la población su gestión al frente de la mina y el proyecto. La SIGEN, que emitió un dictamen crítico, tenía una oficina permanente dentro del complejo minero durante la anterior gestión. Pasó de no hacer objeciones, avalando los procesos administrativos, a cuestionar los convenios, por motivos de procedimientos, cuando cambió el gobierno.

– ¿En que situación está el proyecto del complejo Río Turbio?

Como ocurrió con toda la obra pública, el gobierno macrista paralizó el funcionamiento a principios de 2016, argumentando que había que investigar lo hecho. Fue la excusa para no seguir invirtiendo y –según sostienen en el kirchnerismo– para rebobinar todo lo posible y ofrecerle negocios a las empresas y consultoras privadas. Hoy ni la mina ni la usina están en funcionamiento, pero el macrismo dice que todo funcionará en un año. La realidad es que del total del proyecto, la gran parte está terminada o cerca de terminarse. La primera usina, que produce 120 Megavatios, se inauguró en septiembre de 2015 con una turbina Siemens. Esa energía fue inyectada al sistema interconectado nacional porque la conexión también está terminada. La energía producida allí se usó en Salta y Buenos Aires, por ejemplo. Según el kirchnerismo, en la playa había unas 100.000 toneladas de carbón para que la usina funcione como mínimo tres meses. El problema es que los trabajos en la mina estaban demorados y por lo tanto podía haber uno o dos meses de desfase por falta de carbón, algo que suele ocurrir en los proyectos energéticos. Toda la maquinaria está comprada, incluyendo tuneladoras, rozadoras (rozan el carbón y lo hacen caer en las cintas transportadoras) y lo necesario para avanzar en la producción. La segunda usina estaba terminada, según el kirchnerismo, en un 90 por ciento. La segunda turbina, también Siemens, fue probada en 2015, y tenía como fecha máxima de puesta en marcha marzo de 2016. Según el macrismo, a la obra todavía le faltaba un 30 por ciento. En todo caso, el contrato con la empresa constructora, la española Isolux, señalaba que las obras debían estar terminadas en diciembre de 2015. Esa segunda usina produce otros 120 megavatios.

– ¿Qué va a hacer el Gobierno con el complejo Río Turbio?

Como ocurrió con otras obras públicas paralizadas desde hace un año y medio, el macrismo adelanta que va continuar el proyecto. Es más, los hombres del ministerio de Energía de Juan José Aranguren, sostienen que en pocos meses se podría poner en marcha ya que hay que terminar la segunda usina y concluir las obras que faltan en la mina. Se supone que la cinta transportadora principal (que el kirchnerismo afirma que ya estaba habilitada) podría estar en funcionamiento en pocos meses a partir del momento en que se retome el proyecto y hay que poner en producción los frentes largos, tres terminados, que ya estaban en funcionamiento en 2015, y uno por terminar. Uno de los factores que tiene trabadas las cosas son demandas de Isolux, la empresa española a cargo de la construcción, pero se dice que hay una negociación avanzada. La tecnología es polaca, de última generación. La mina tiene capacidad de producir dos millones de toneladas de carbón por año. En el mundo, el 30 por ciento de la energía proviene del carbón y para la Argentina significa diversificar su matriz energética. Estados Unidos, Alemania, Polonia, por ejemplo, producen energía a partir del carbón.

– ¿Hay un costado político en el caso Río Turbio?

Hay varias aristas. Por supuesto está el insólito pedido de Stornelli de detener a 23 personas incluso antes de indagarlas, cuando no se habían acreditado ni los delitos ni los riesgos de fuga o de interferir en la investigación. Más insólito todavía es pedir el desafuero de un diputado –De Vido– sin siquiera estar procesado. La jugada de Stornelli recibió el rápido acompañamiento mediático y político del oficialismo, incluyendo del propio Macri. Todos los convirtieron en un gran lema de campaña electoral.

Pero además hay otras dos políticas en debate. Por un lado, el uso de universidades públicas y no de consultoras privadas para los estudios ambientales y de ingeniería. De esa manera, el dinero queda en el Estado y en beneficio de universidades públicas. Esto con el neoliberalismo no encaja: su ideología consiste en favorecer negocios y reducir al máximo el papel del Estado. En este caso el Estado es la UTN. Por supuesto los presupuestos no pueden ser exorbitantes, pero en este caso ni siquiera está esa acusación.

En segundo lugar, porque el proyecto de Río Turbio tiene también el contenido de viabilizar el desarrollo de una ciudad patagónica, específicamente de Santa Cruz, ubicada en una geografía hostil. Basta ver la fotografía de las usinas para percibir que están rodeadas de piedra y mas piedra. Nuevamente se pone sobre el tapete si la evaluación de proyectos es sólo económica–empresaria, del estilo de si dá o no dá ganancias. O si juegan un papel relevante en las decisiones los temas de empleo, diversificación energética y desarrollo de zonas críticas. En este caso, y como ocurrió con buena parte de la obra pública, el macrismo tiene decidido continuar lo hecho.

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