El presidente Mauricio Macri celebró ayer la decisión de Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de permitir la excarcelación del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, condenado a 13 años de prisión por instigar un movimiento que culminó con la muerte de 43 personas en 2014.
Sin embargo, la noticia tiene un costado incómodo para el gobierno argentino, Descomprimida esta situación en Venezuela, los ojos de los organismos internacionales de Derechos Humanos se posarán especialmente sobre el otro caso resonante en la región: la de la dirigente social Milagro Sala, presa hace más de 500 días en Jujuy bajo el régimen que comanda el gobernador radical Gerardo Morales.
Tanto la ONU como la CIDH han determinado que Sala está detenida ilegalmente y es una presa política. Lo mismo opinan ONG globales como Amnesty International y Human Rights Watch, entre otras. Todos exigen desde hace tiempo la inmediata liberación de la líder de la Tupac Amaru.
Sin embargo, el gobierno argentino no quiere dar el brazo a torcer. Como para buscar una salida que no siga erosionando la imagen internacional de la Argentina y que, a su vez, no signifique una marcha atrás, el ministro de Justicia, Germán Garavano, propuso una “solución”: “Creo que Milagro Sala debería solicitar una situación de arresto domiciliario por sus problemas de salud, cosa que nunca hizo. Sería bueno que sus abogados lo hicieran”.
El funcionario hizo esta declaración en diálogo con el programa El fin de la metáfora, que se emite por Radio 10. Ignorando todos los dictámenes de organismos internacionales que estudiaron en profundidad el caso, Garavano insistió: “La de Milagro Sala es una situación muy distinta a la de Leopoldo López, en Argentina se cumplen los pasos judiciales”.
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