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¿Intentan entregar la cabeza del “Profe” para lavar la imagen de Sincovez?

¿Intentan entregar la cabeza del “Profe” para lavar la imagen de Sincovez?
Por Gabriel Link
Conocido el martes pasado el avance de la causa de “Trata”, en la cual fueron procesadas 18 personas, entre quienes se encuentran el ex fiscal federal Benito Pont y el ex comandante de Gendarmería José María Viero, y mientras la mayoría de los medios centraban la noticia en el hecho jurídico-policial, Contrapoder subrayó un dato político que hasta entonces pasaba desapercibido. La necesaria implicación del secretario de Gobierno y actual candidato a intendente por el frente oficialista, José Sincovez.
Entre las medidas de prueba ordenadas por la jueza Cristina Pozzer Penzo había dos requerimientos, uno al Ejecutivo municipal y otro al Concejo Deliberante para que el intendente Raúl Tarabini y la presidenta del cuerpo, Mónica De Gaetano de Pedascoll detallen la nómina completa de funcionarios y empleados, con sus respectivas fechas de licencias durante los años 2015 y 2016, a fin de establecer el o los responsables de que durante ese periodo los prostíbulos en los que se mantenían cautivas a las jóvenes para su explotación, permanecieran habilitados por la municipalidad. 

Como todo municipio, Paso de los Libres tiene su organigrama de autoridades, y dentro de ese organigrama figura la dirección de Comercio, a cargo de Celia Barboza y esa dirección está bajo la órbita de la secretaría de Gobierno, que es la que maneja los fondos y decide los operativos que se realizan o no. Tras cumplimentarse los requisitos formales el secretario de Gobierno José Sincovez rubrica su firma en la habilitación, al igual que lo hará luego el secretario de Hacienda, Fabián Prado, tras comprobarse que se hicieron los pagos correspondientes.

Está claro que Sincovez es el tope de la pirámide de poder en la cual se encuentra el área en cuestión. Tal vez la magistrada, con su requerimiento, intenta establecer por que razón los locales, además de recibir la habilitación comercial se mantuvieron abiertos, todos estos años, y averiguar si en esos tiempos la directora de Comercio ya era Barboza, o si los inspectores eran los mismos que hoy recorren los comercios controlando que las habilitaciones estén en orden y se condigan con el rubro indicado.
Y acá nos pareció bien preguntarnos, ¿nunca, entre octubre de 2012, fecha en que se sancionó la ordenanza que prohibe la existencia de prostíbulos en Paso de los Libres, y mayo de 2016 en que la justicia clausuró esos tugurios hubo un control de Comercio o de Bromatología en Roxi?, y si los hubo, ¿ningún inspector está capacitado para diferenciar un simple bar, iluminado, con mesas y sillas ocupadas por familias, amigos o parejas tomando algo, de un prostíbulo, oscuro concurrido solo por hombres y animado por mujeres semidesnudas, que ofrecen sexo a cambio de dinero?
Consultado por este medio, el intendente Tarabini explicó que tras los requerimientos judiciales ingresados al municipio investigó el caso, y confesó que los locales de citas siempre estuvieron habilitados, no como prostíbulos o cualquiera de las figuras prohibidas por la ordenanza, pero sí como bares, y alegó que “de manera inescrupulosa sus propietarios los hacían funcionar ‘clandestinamente’ como prostíbulos”.
También dijo el intendente que los inspectores de Comercio realizaron varias clausuras, tras las cuales los propietarios arrancaban las fajas y volvían a recibir a sus clientes como si nada hubiese ocurrido. Lo que no supo responder Tarabini es ¿por que no se realizaron denuncias ante las autoridades policiales y/o judiciales frente a los reiterados incumplimientos de las clausuras?, ¿por que todo permanecía en la órbita del silencioso Tribunal de Faltas?, ¿por que, a pesar de esos incumplimientos, Sincovez les seguía renovando las habilitaciones comerciales año tras año?, habilitaciones a todas luces truchas, pues probablemente Sincovez y Prado sean las dos únicas personas en todo Libres que declaren no saber que Roxi era un “quilombo”. 
¿Tarabini peca de ingenuo?, tal vez, pero ser ingenuo no significa ser responsable de un delito.
Tras conocerse el requerimiento judicial al municipio, y tal vez con el ánimo de desviar la atención de la opinión pública respecto del candidato a intendente de ECO (el actual secretario de Gobierno), algunos portales intentaron relacionar este hecho con un escándalo ocurrido en Lonquimay, La Pampa, que estalló en los medios nacionales en el año 2009, y en el que fueron presos el intendente y el jefe de la policía del pueblo, siendo que ni desde el punto de vista jurídico ni desde el político, tienen puntos en común un caso y el otro.
Lo que atrajo las miradas del periodismo nacional en aquel entonces fue que el intendente, Luis Rogers, y el subcomisario, Carlos Adrián Alanis, fueron denunciados por una funcionaria policial por “proteger” el cabaret “Good Night”; y cuando el caso tomó estado público, Rogers incluso defendió públicamente la actividad del prostíbulo: “Es un lugar de contención espiritual para transportistas, viajantes y jóvenes”, dijo entonces el jefe comunal. Y no terminó allí, ante un intento legislativo por inducir una clausura forzada a través de una ordenanza, Rogers advirtió que en caso de aprobarse esa ordenanza él la vetaría. En aquella causa quedó probado que el intendente tenía relación con el negocio, al igual que el comisario Alanis, quien incluso estaba en pareja con una mujer de origen paraguayo que regenteaba otra whiskería en un pueblo cercano a Lonquimay, Colonia Barón.
 
Mediante el relacionamiento con aquella causa, hoy algunos medios intentan endilgarle a Tarabini, y subrepticiamente también a la presidenta del Concejo Deliberante una responsabilidad que, todo indica no les cabe, y lo hacen para desviar la atención del verdadero responsable de “otorgarle legalidad” al funcionamiento de los prostíbulos en la ciudad.
Rogers no fue condenado por ser el intendente de un pueblo en el que funcionaba un prostíbulo, de haber sido así no había intendentes en libertad, Rogers fue condenado a cinco años de prisión por ser parte de la mafia que sostenía ese tugurio, por defender públicamente su permanencia y por amenazar con vetar una ordenanza que buscaba prohibirlo.
Tarabini, siendo concejal aprobó la ordenanza local, y tal vez deberá explicar como fue que en cuatro años “no se enteró” que esos “bares” que habilitaba Sincovez en realidad eran prostíbulos, pero administrativamente no es responsable, ni de su habilitación ni de su permanencia, pues ese no era su trabajo.
 
El responsable de que se habilitaran esos clubes nocturnos que estaban prohibidos desde 2012, y denunciados en la justicia entre 2015 y 2016 era el secretario de Gobierno, José Sincovez. Es él quien debe ser investigado, y si se comprueba que firmó las habilitaciones comerciales debe ser separado de su cargo de manera inmediata por el intendente Tarabini.
Ahora bien, en caso de que el intendente no separe de su cargo a su secretario de Gobierno entonces sí estará incumpliendo sus deberes de funcionario público.
Queda por saber también por que los fiscales de instrucción no actuaron de oficio llamando a declarar a las autoridades políticas cuando estalló el escándalo, para que expliquen por que funcionaban prostíbulos en una ciudad en la que están prohibidos. ¿Lo harán Facundo Sotelo o Liliana Carlino ahora que la justicia federal sí lo hizo?
 El hoy candidato a intendente de ECO es quien debe dar las explicaciones de por que autorizó el funcionamiento de esos prostíbulos, habiendo herramientas municipales, provinciales y nacionales de sobra que, no solo le permitían, sino que le ordenaban su clausura definitiva. Lejos de eso año tras año firmó esos permisos para que los malhechores comerciaran con chicas a las que mantenían secuestradas y se hicieran millonarios a costas de sus cuerpos. ¿A cambio de que lo permitió?
Es José Sincovez quien deberá dar esa respuesta.
 
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