JUDICIALES

La persecución de Macri a Cristina le costará al Estado entre 650 y 4.500 millones

La persecución de Macri a Cristina le costará al Estado entre 650 y 4.500 millones
De la Redacción de Contrapoder –

Si a la novela que el Gobierno escribe a través de los fallos de los capitostes del partido judicial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner le faltaba un capítulo ese fue escrito ayer por el juez Juilán Ercolini, quien, por presiones ejercidas por los abogados defensores, intimó al gobierno a pagar la friolera de 675 millones de pesos por el pago de tasa judicial.

Se trata de la causa iniciada irresponsablemente por el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, contra CFK y varios funcionarios de su gobierno por 22.500 millones de pesos invertidos en obra pública. Cabe destacar, que el juez había dado impulso a la demanda sin que se cumpliera con a la obligación legal que constituye el pago de la tasa de justicia, aunque ante un pedido de la defensa, el Juez debió intimar al Estado a pagar la multimillonaria cifra.

Lo que sigue es todo un tema, el Gobierno tiene solo 48 horas para desembolsar la millonaria suma, seguramente no prevista por Mauricio Macri y su círculo íntimo en el momento de tomar la decisión de ir contra Cristina por cualquier tema que surja, con el solo objeto de intentar anularla políticamente de cara a 2019.

Ahora viene la realidad, si Vialidad no paga los 675 millones antes del próximo viernes deberá abonar una multa del 50%, con lo cual el monto a pagar antes de que se inicie el juicio sería de alrededor de 1.000 millones de pesos. Pero el absurdo de todo esto no termina allí. En el caso que no lo haga, Vialidad perdería el juicio y, de perder, deberá abonar entre un 12 y un 20% de los 22.500 millones denunciados a los abogados defensores de la parte demandada, con lo cual los letrados que representan a los acusados podrían alzarse con 4.500 millones de pesos, sin ir a juicio, por una denuncia hecha, con intencionalidad exclusivamente política, sobre una obra pública que fue auditada y aprobada por la Auditoría General de la Nación hasta el último día del gobierno de Cristina Kirchner.

 

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