JUDICIALES

Paraná: La relación del intendente de Cambiemos con la banda que manejaba la droga en la provincia

Paraná: La relación del intendente de Cambiemos con la banda que manejaba la droga en la provincia
Por Carlos Rodríguez –

La telaraña judicial que atrapa al intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco, es el resultado esperable de una larga saga de relaciones peligrosas que habían sido visibilizadas hace casi una década, pero que estallaron un año atrás a partir del aterrizaje, en un campo de la localidad de Colonia Avellaneda, en las afueras de la capital provincial, de una camioneta que llevaba 300 kilos de marihuana. A partir de ese momento, tal como si fuera el resultado de un alud, quedaron al desnudo hechos gravísimos como la comprobación de un “acuerdo político”, como lo llama la Justicia, entre Varisco y la organización criminal liderada por Daniel “Tavi” Celis, quien para la comunidad local es un mini Escobar Gaviria a la criolla que maneja los hilos del narcotráfico en varias zonas de Entre Ríos y en menor medida en Santa Fe. Desde el destape, quedó en cueros y en la calle una relación que comenzó con el financiamiento de la campaña electoral del intendente radical en Cambiemos en 2015, a cambio de una contraprestación del oficialismo político que significó la puesta en operaciones de una dependencia municipal desde la cual la gente de Celis distribuía cocaína y otros estupefacientes utilizando móviles de la flota estatal.

De acuerdo con la investigación a cargo del juez federal Leandro Ríos, las operaciones funcionaban supuestamente con pleno conocimiento del intendente Varisco y dos de sus colaboradores de confianza, el concejal Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira, que es además integrante de la Policía de Paraná. Tanto Hernández como Bordeira quedaron detenidos la semana pasada luego de prestar declaración indagatoria, mientras que el intendente de Cambiemos sólo fue procesado, aunque los cargos contra él podrían ser más graves, incluso, que los de sus allegados. En los círculos políticos consultados por PáginaI12 se cree que Ríos quiere analizar bien el expediente a su cargo antes de tomar una decisión, la de meter preso al intendente, que significaría para Paraná una crisis sin precedentes. De todos modos, como si se tratara de un caso que involucra a otra persona, el todavía intendente Varisco convocó el viernes por la noche a un sorpresivo acto en la sede de la UCR local, para proclamar su “inocencia” y advertir: “Nos defenderemos en los planos judicial, mediático y político”.

En la causa, Varisco está imputado de “haber proporcionado en forma periódica los recursos económicos necesarios a favor de Daniel Celis para la adquisición y comercialización de cocaína” a través de los empleados municipales que él incorporó desde su gestión en la Unidad Municipal 2. Se subraya que de esos mismos hechos participaron, el  concejal Hernández y la subsecretaria Bordeira en calidad de “asistentes y colaboradores”. El juez Ríos ordenó que los tres imputados sean sometidos a análisis toxicológicos para determinar si hay presencia de droga en sangre.

En Paraná, al menos por el precario sondeo que este diario pudo realizar durante algo más de 48 horas, todo el mundo sabía de antemano la relación de años entre Varisco y Celis, aunque nadie creía que “pudieran haber llegado a tanto”. Lo asombroso es que actores políticos como el presidente Mauricio Macri, el ministro del Interior Rogelio Frigerio o la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, enfrascada en una supuesta feroz lucha contra el narcotráfico, no hayan tomado nota de indicios vehementes que están a la luz, en el plano local, desde hace cerca de una década. En 2015, la presencia de Celis acompañando a Varisco en sus recorridas por los barrios suburbanos de Paraná quedó registrado en fotografías de los medios gráficos y en imágenes de la televisión. De eso tampoco tomó nota Lilita Carrió, que acompañó a Varisco en sus recorridas, favor retribuido por el intendente con la designación de Rosa Hojman, referente local de la diputada chaqueña, como titular de la subsecretaría de Ambiente Sustentable de Paraná.

A fines de 2010, por primera vez en forma pública, la revista Análisis denunció a Daniel “Tavi” Celis como el presunto jefe del narcotráfico en Entre Ríos. En noviembre de ese año, la misma revista publicó como nota central un reportaje a Celis, quien por supuesto negó toda relación suya con la distribución y venta de estupefacientes. Al mismo tiempo, tal vez como reaseguro y carta de recomendación a su favor, Celis señaló: “Muchas veces he trabajado en los barrios para los radicales y en especial para Sergio Varisco”, según recordó en su libro Las cenizas del narco el periodista Daniel Enz, fundador de la revista Análisis. La referencia era importante sin duda para Celis, teniendo en cuenta la historia de la UCR y la del propio Varisco, cuyo padre, Humberto Varisco, fue intendente de Paraná en los primeros años del regreso de la democracia. El mismo Sergio Fausto Varisco ya había cumplido su primera gestión en el mismo cargo que su padre, en el período 1999-2003.

Durante la campaña para intendente del 2015, reapareció en el debate público local el combo Varisco-Celis-narcotráfico. En el programa Quién dice qué, que se emite en el Canal Once de Paraná, el periodista Nicolás Blanco le hizo la pregunta necesaria, por lo que se decía en los ámbitos políticos y en la calle del entonces candidato a intendente por la coalición Cambiemos:

–¿Y por qué cree que a usted lo vinculan con el narcotráfico?

–Porque no encontraron otras cosas o por las alianzas que yo hago o por cualquier cosa.

Hoy, después de más de dos años de gestión como intendente, el juez Leandro Ríos está investigando esas “cosas” que tienen que ver con la relación de Varisco, Hernández, Bordeira y otros con el narcotráfico.

Todo comenzó con el secuestro de 300 kilos de marihuana que habían llegado en una avioneta, procedentes de Paraguay. En relación con ese hecho, fueron detenidas 21 personas, incluyendo a “Tavi” Celis y a una curandera de 74 años (ver aparte) que nada tenía que ver con el tema, salvo el hecho de haber ofrecido sus servicios para evitar que la lluvia dañara ese día la improvisada pista de aterrizaje.

La investigación acumula miles de horas de escuchas telefónicas en las que jugaron un papel preponderante los contactos que mantuvieron el concejal Hernández y la subsecretaria Bordeira con los jefes de la banda. Una de esas escuchas da cuenta de una conversación entre “Tavi” Celis y el concejal oficialista Pablo Hernández. Celis afirma durante el diálogo que hizo “con Varisco un acuerdo” y de esa manera contradice lo afirmado por el intendente, ante el juez Ríos, ante quien negó primero como testigo y luego como imputado toda relación con el jefe narco. A pesar de la negativa de Varisco, el juez Ríos ya dejó señalado en sus resoluciones que el “acuerdo político” fue pactado durante la campaña electoral de 2015. El pacto habría implicado el aporte de una suma no menor al millón de pesos para solventar la propaganda que llevó al candidato de Cambiemos a su segunda gestión al frente de la comuna local.

La supuesta contraprestación ofrecida, primero por el candidato y luego ejecutada por el ya intendente, fue el de dar trabajo en la Municipalidad local a los hombres elegidos por Celis, que en los hechos obtuvieron el control absoluto de la Unidad Municipal 2. A esa dependencia ingresaron 33 personas designadas en realidad por Celis, con el aval y la firma del intendente y sus dos colaboradores de mayor confianza. De acuerdo a la hipótesis que maneja el juez, eso le permitió a la banda manejar, desde la estructura del Estado municipal, el almacenamiento y la distribución de la droga utilizando incluso los camiones del municipio. Los nexos entre el jefe del Ejecutivo local y la organización de Celis fueron, según surge del expediente, Roberto Sabbioni, Pablo Hernández y Griselda Bordeira.

En una escucha que reproduce el diálogo entre un ex funcionario de los primeros tiempos de Varisco en el municipio y el abogado Hugo Gemelli, defensor de Celis, cuando este estaba detenido por el robo a una estancia de la localidad de Diamante, la conversación da cuenta de la existencia del famoso “acuerdo político” preelectoral. Otro de los personajes clave, detenido después de los sucesos de mayo de 2017 por el aterrizaje de la avioneta en Colonia Avellaneda, es Cristian Javier Silva, quien fue el segundo jefe de la Unidad Municipal 2, que supuestamente manejaba el tráfico de drogas en Paraná y en otras localidades de la provincia. La relación de Silva con Celis está documentada y su presencia en la estructura municipal, favorecida por el intendente Varisco, es una de las pruebas más contundentes con las que cuenta el juez Ríos.

En el entramado municipio-banca de narcotraficantes, la figura de la subcomisaria Bordeira adquiere una importancia fundamental, y de allí su detención inmediata luego de su declaración indagatoria. Uno de los detalles más irónicos es que la Secretaría de Seguridad, de la que dependía Bordeira, fue creada por Varisco luego de asumir el cargo y presentada en sociedad como una medida destinada a combatir el delito y garantizar el bienestar de los vecinos. Todavía no ha sido sancionada por la Policía de Paraná de la que forma parte, de la misma manera que sigue en suspenso la situación procesal de Varisco, que tendrá que ser resuelta esta semana por el juez Ríos y que puede incluso ponerle broche a un escándalo político-institucional inédito en la provincia, que ya acumula más de treinta detenidos, entre miembros rasos de la banda narco y funcionarios del gobierno de Cambiemos en Paraná.

La historia política y judicial

El perfil de Varisco

“Hoy más que nunca estamos con vos Sergio Varisco, nuestro intendente.” A contrapelo de lo que se sospecha de él, de su vinculación con el jefe narco Daniel “Tavi” Celis, detenido desde 2016 por el robo a una estancia, lo que no le impidió seguir manejando desde ese lugar su “negocio” más redituable, el intendente de Paraná sigue siendo apoyado, al menos en los pasacalles colgados por la Seccional 2 de la Unión Cívica Radical (UCR) en la plaza Primero de Mayo, frente al municipio y a la Iglesia Catedral. Tampoco parece importar, para sus seguidores más fervientes, el hecho de que en un allanamiento en la casa de Celis se secuestrara documentación en la que figura que Varisco, y otros dos colaboradores cercanos, compraron presuntamente tres kilos de cocaína, uno cada uno. Además, no es esta la primera vez que Varisco enfrenta una causa judicial en su contra, porque ya fue condenado por el “homicidio culposo” de la ex concejal Mercedes Lescano, en un accidente automovilístico, cuando el hoy intendente estaba al volante.

Varisco, de 57 años, es hijo de Humberto Varisco, que fue intendente por el radicalismo en los primeros años del retorno a la democracia, en 1983. Eso significa que los Varisco forman parte de lo más granado de la sociedad paranaense. En un celular de Celis, encontrado durante el allanamiento,  aparecen datos que complican al intendente y a alguno de sus colaboradores en el manejo de grandes sumas de dinero, de reuniones entre narcos y funcionarios, de transacciones poco habituales tratándose de funcionarios que se comprometieron a respetar las normas legales y honrar el mandato popular. Los dirigentes de la UCR local parecen desacreditar lo acumulado en la causa que lleva adelante el juez Leandro Ríos, integrante también de una familia tradicional de Paraná. Nada parecen importar las escuchas, muchas de ellas difundidas por la prensa local, en la que se habla de grandes sumas de dinero, de intercambios, de sospechosas reuniones, de deudas en apariencia non sanctas y de gente que cobra o paga sumas de dinero importantes a cambio de “mercaderías” de dudosa reputación.

Sergio Fausto Varisco, casi por mandato familiar, es un personaje político desde sus tiempos de universitario. En 2003, cuando había finalizado su primer mandato como intendente, fue noticia en las páginas policiales. El 20 de diciembre de ese año chocó mientras conducía su auto, acompañado por Mercedes Lescano, de 36 años, una de las figuras más relevantes del radicalismo en esos años. La entonces concejal murió en el accidente, mientras que Varisco, al año siguiente, fue condenado por el delito de “homicidio culposo” y aunque no fue preso, tuvo que realizar tareas comunitarias.

La Justicia consideró que Varisco actuó “en forma irresponsable” al realizar una maniobra “no adecuada” por la que su Volkswagen Gol fue embestido por un camión del lado de la acompañante, que murió en el acto. La Justicia consideró, además, inconsistente el argumento esgrimido por Varisco para no prestar declaración indagatoria el 6 de septiembre de 2004. Dijo que lo hizo porque sufría “un proceso de amnesia que no le permitía recordar nada del accidente”. Los testigos dijeron que el auto de Varisco circulaba de contramano cuando fue embestido. En ese proceso judicial, el hoy juez Leandro Ríos fue abogado querellante de la familia de la víctima. Lescano era concejal y se decía de ella que iba a ser la futura candidata a gobernadora por el radicalismo.

La curandera que terminó presa

María Esther Márquez, de 74 años, de profesión curandera, fue una de las 21 personas detenidas luego del secuestro de 300 kilos de marihuana en una avioneta que aterrizó en un campo de la localidad de Avellaneda. Devota de la virgen de Itatí, de la que dice haber recibido sus poderes, Márquez tenía una relación de vecindad con los hermanos Omar Horacio Ghibaudo y José Raúl Ghibaudo, dueños del campo en cuestión. Ellos la convocaban seguido para que les hiciera “algún trabajito” que los ayudara a salir de la crisis económica que atravesaban. En mayo de 2017, días antes de la llegada de la avioneta, le pidieron que hiciera un tejemaneje contra la lluvia que se anunciaba, para que el aterrizaje se realizara sin problemas, ya que iban a recibir un dinero.

El problema, para Márquez, se produjo cuando los hermanos Ghibaudo le dijeron que los que contrataron el campo les dijeron que en el avión  traían “kaotrina, líquido para fumigar y evitar enfermedades de los ejemplares vacunos, pero que les había entrado miedo porque sospechaban que podía ser droga”. La curandera fue detenida porque no hizo la denuncia. La mujer fue excarcelada, pero sigue procesada en la causa. Para recuperar su libertad tuvo que pagar 30 mil pesos de fianza. Como ella se presentó como “asesora de los dueños del campo”, se estudia si tuvo alguna relación real con los miembros de la banda. Fue en vano que se retractara para afirmar que su “asesoramiento” era “sólo espiritual”.

Página/12

Ver comentarios (1)

1 Comment

  1. Maria cristina vazquez

    19/06/2018 at 7:46 am

    Sabían quien era Varisco y lo votaron , no fue impuesto . Están todos unidos , radicales -peronistas- pro que no se victimicen y que lo hayan dejado seguir de intendente es peor que no meterlo preso

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