De la Redacción de Contrapoder –
Un grupo de 120 ex policías federales tomó un sector del Ministerio de Seguridad porteño para rechazar su traspaso a la órbita de la fuerza de la Ciudad. La ocupación comenzó anoche en el edificio ubicado en Regimiento Patricios al 1000 y, según manifestaron, mantuvieron reuniones con funcionarios que rechazaron su pedido. Aseguraron que se quedarán allí “hasta que atiendan nuestros reclamos”.
El policía dijo también en contacto con el programa La Mañana que esta demanda “no se visibiliza” porque “hay un blindaje mediático” a favor del gobierno porteño. “Hemos estado en puertas de canales y los productores nos dijeron que no podían recibirnos porque recibieron una llamada de funcionarios”, añadió.
“Me duele estar haciendo esto, tener que usar estos método y que el personal de Ciudad nos diga que somos ‘piqueteros’. Solamente estamos reclamando algo que ellos se comprometieron a cumplir”, concluyó.
No es la primera vez que estos agentes demandan su retorno a la Policía Federal. El 26 de marzo de este año protagonizaron una sorpresiva movilización desde Plaza de Mayo hasta la Legislatura porteña. Sostienen que la transferencia fue hecha de manera “inconstitucional” se explica porque la disposición que dispuso el cambio de fuerza se hizo con una legislación local sancionada por la Legislatura el 18 de enero de 2016, por encima de una ley nacional. Lo que fue legislado por el Congreso, esgrimen, fue el traspaso a la disuelta Policía Metropolitana, no así a la de la Ciudad.
Ese mismo día entregaron un petitorio con un largo listado con nombres de los policías que quieren volver a ser federales y que denuncian que sus derechos laborales fueron afectados. Algunos de sus fundamentos fueron sintetizados en comunicados publicados por la Asociación Civil Policías por los Derechos Humanos a través de las redes sociales.
Aseguran que hubo recortes salariales y cuestionaron que, desde 2017, los agentes “fueron perdiendo todo derecho sobre asistencia médica y seguro de vida, y lugar de cobro de haberes”. Todo esto, por decisión del gobierno porteño en “forma obligatoria, ilegal, arbitraria y anticonstitucional”.
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