De la Redacción de Contrapoder –
El abogado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, pidió la semana pasada la postergación del inicio del juicio oral por la presunta adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, porque el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema aún no concluyó la auditoría a las cinco obras más grandes adjudicadas al empresario Lázaro Báez.
La fiscalía se opuso a la postergación. Sin embargo, los propios encargados de realizar el peritaje admitieron que no tendrán los resultados hasta mediados de año. No obstante, al mejor estilo del ex juez brasileño Sergio Moro, el Tribunal Oral Federal N° 2 se apresuró a ratificar hoy que el juicio comenzará igual el próximo 26 de febrero, como estaba previsto, aunque las principales pruebas no estén disponibles.
La respuesta de los peritos había llegado el viernes. Informaron que en la segunda semana de junio estarán los resultados. Los jueces del tribunal oral entendieron que desde fines de febrero hasta esa fecha el juicio coincidirá con el inicio de la declaración de los testigos, etapa en la que el peritajes es importante para las partes. Antes declararán los acusados, se leerán las imputaciones y las partes harán sus planteos previos. Con esos argumentos, el Tribunal rechazó el pedido.
Tanto el fiscal del caso, Diego Luciani, como las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) -dos organismos del gobierno nacional que actuarán como acusadores privados- habían pedido rechazar el pedido de postergación. El juicio será una suerte de lanzamiento oficial de la campaña 2019, que la tendrá a CFK recorriendo juzgados casi sin descanso, esa será la estrategia central de un Gobierno sin rumbo, que no tiene nada positivo en que basar sus discurso.
Además de Cristina Kirchner, Báez y De Vido, serán juzgados José López, Abel Fatala, Néstor Periotti y Carlos Kirchner (primo del ex presidente actualmente detenido por esta misma causa), entre otros. Los delitos que se juzgarán son los de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.
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