De la Redacción de Contrapoder –
Luego de una larga intensa batalla judicial, el juez Ariel Lijo será quien se queda con la causa de las irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales de Cambiemos de 2015 y 2017. Así lo consideró el fiscal federal Ramiro González en un dictamen en el que concluyó que él y Lijo son competentes para investigar las dos causas, aunque aconsejó instruirlas por separado.
Tras el escándalo disparado por la investigación del periodista Juan Amorín sobre las irregularidades en la campaña de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal eligió “sacrificar” a la entonces tesorera del PRO, María Fernanda Inza, quien días antes había asumido como Contadora General bonaerense.
González consideró que su competencia y la de Lijo es la correcta para avanzar con ambos expedientes en los que se analizan aportes supuestamente apócrifos, lavado de dinero y falsedades documentales en la financiación de las campañas del oficialismo tanto para la contienda presidencial de 2015 como para los comicios legislativos de 2017.
Desde el inicio las causas fueron cambiando de juzgados. La de los aportes de 2017 a la campaña de Esteban Bullrich, Gladys González y Graciela Ocaña sobre el uso de beneficiarios sociales como supuestos aportantes pasó por los tribunales federales de La Plata y de Retiro. En Comodoro Py, el magistrado Sebastián Casanello intentó avanzar con medidas hasta que fue apartado por la Cámara Federal de Casación. En La Plata, se la disputaron los jueces Ernesto Kreplak y Adolfo Ziulu.
La investigación sobre la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015 comenzó en manos del fiscal federal con competencia electoral en la Capital, Jorge Di Lello, cuya competencia fue discutida luego por la jueza María Servini de Cubría. Tras un sorteo, el expediente recayó en Lijo y González.
Sobre ese expediente, González sostuvo que las maniobras bajo sospecha “consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias en negro durante la campaña electoral, así como el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales”.
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