Por Gabriel Link –
Las presiones políticas y mediáticas generaron, una vez más, marchas y contramarchas en la aplicación justicia, que hasta anoche, parecía que era lo que buscaba en esta ocasión el Poder Judicial. Tras las críticas y acusaciones vertidas por el presidente, sus ministros, sus legisladores, y, sobre todo sus periodistas, la corte retrocedió y se desdijo. Hoy el tribunal supremo, contrariándose a sí mismo, decidió que el juicio a Cristina Kirchner no se suspende, a pesar de que ayer había reconocido tácitamente que la causa está plagada de irregularidades y que, así como ocurrió durante la instrucción, los jueces actuantes no garantizan el pleno derecho a defensa a los acusados.
El pedido de la Corte Suprema para que el Tribunal Oral le envíe de forma “urgente” el expediente para analizar los reclamos de las diferentes defensas había despertado la furia del Gobierno y sus socios/patrones/empleados mediáticos, que sueñan desde hace años con “mostrar” a la ex presidenta sentada en el banquillo. Esa furia se hizo sentir a través de declaraciones políticas de los más altos funcionarios y de las notas editoriales de los periodistas más influyentes, que, en solo 24 horas lograron que la Corte se asustara y reculara. Hoy, a sólo 24 horas de “definir” la suspensión del juicio por considerar que las garantías para los acusados no eran suficientes, los supremos “decidieron” que no se suspenda.
Tras la publicación del comunicado las suspicacias sobran, y lo que se pregunta la mitad de la biblioteca es: si las garantías de defensa de los acusados están dadas, ¿para que la Corte pidió la causa con tanta premura respondiendo a las quejas de los abogados defensores?; es decir, si la Corte exigió la causa es porque considera que esas garantías no están dadas, y si lo considera, ¿cómo permite que igualmente el juicio inicie?
“El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido. La medida es al sólo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno”, señala el comunicado. Y agrega que “en el contexto actual de las causas mencionadas podrán satisfacerse simultáneamente por un lado la necesidad de que los procesos judiciales en temas tan delicados avancen, y por el otro, el respeto del derecho de defensa de los imputados”.
¿Pretenderán los jueces monitorear el juicio e ir “parchando” a medida que se desarrolle el proceso y vayan apareciendo las irregularidades? Pareciera que eso no es posible. La desprolijidad de la Corte quedó en la superficie. A todos los analistas, de un lado y del otro de la grieta, les quedó claro que ayer los supremos decidieron desafiar al Gobierno interviniendo en una causa que a todas luces fue digitada por sus integrantes. Solamente los audios de Garavano con Fariña y del mismo ministro con el ex juez Rosanski deberían ser motivos de intervención. Que solo se auditaran 5 de las 51 obras en cuestión es otro motivo, pero, como si todo esto fuera poco, está la auditoría realizada por Vialidad Nacional, el organismo denunciante por entonces conducido por Javier Iguacel, que concluyó en que no hubo nada cobrado y no realizado, que la calidad de las obras fue buena y que los peritos no podían pronunciarse respecto de la existencia de sobreprecios.
Todas estas arbitrariedades, más la negativa del juez Ercolini a aceptar testigos y pruebas aportados por las defensas de los diferentes acusados, negativa que se repite actualmente en el TOF 2, motivaron que la Corte se le animara al poder político e intentara detener lo que a todas luces se parece más a una especie de circo romano destinado a las cámaras y las tapas de los diarios que a un juicio; sin embargo tras un día de “chumbadas” mediáticas los cortesanos “se comieron los mocos” y dejaron expuestos una vez más los contubernios entre el Poder Judicial y un Gobierno que prometió que nunca habría “justicia macrista”.
La mugre que acumulan los jueces, fiscales y ministros de la Corte los hacen permeables a estas apuradas mediáticas, el Gobierno y los periodistas de los grandes medios son partícipes necesarios de los delitos cometidos por los magistrados y por tanto conocen cada maniobra que los compromete. La situación se hace insostenible y la sociedad es plenamente consiente de lo que ocurre, no es por nada que el judicial sea el poder más sospechado en nuestro país. 80% de los argentinos dice descreer de la justicia, seguramente el 20% restante lo componen los miles que imparten “justicia”, los cientos de miles de empleados judiciales y las familias de todos ellos.
En esta maraña de corrupción institucional va de suyo hacerse una pregunta, ¿Que hubiese pasado si esta voltereta en el aire realizada por la Corte en solo 24 horas se hubiese producido durante el gobierno kirchnerista?
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