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Exclusivo: Una de las denuncias que lo tienen imputado a Collinet en la justicia federal

Exclusivo: Una de las denuncias que lo tienen imputado a Collinet en la justicia federal
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Por Gabriel Link – 

Al menos una causa por falsificación de documentos públicos en la que está imputado el presidente del Concejo Deliberante de Paso de los Libres, Wilfredo Collinet, tramita desde hace tres años y medio en el Juzgado Federal nº 1, de la capital correntina.

La información fue dada a conocer en las últimas horas por la Agencia Nova, que focaliza la responsabilidad de la demora en que el juzgado que debe resolver el expediente está vacante tras el procesamiento y posterior renuncia de su titular, Carlos Soto Dávila, quien en la actualidad se encuentra en libertad bajo fianza tras haber permanecido detenido con prisión domiciliaria desde febrero. Soto Dávila fue procesado por el juez federal porteño Sergio Torres, por cobrar coimas a narcotraficantes.

La causa en la que se encuentra imputado Collinet tiene su origen en dos denuncias presentadas por los Concejales Sara Alegre (ante la Fiscalía de Instrucción); y Roberto “Beto” Hantouche (ante el Juzgado de Instrucción de Paso de los Libres). Ambas fueron radicadas a finales de 2015.

A poco de presentadas, el juzgado “se las sacó de encima”, como suele ocurrir con las denuncias contra políticos del radicalismo en el fuero provincial. Sin embargo, según consignó ayer la agencia noticiosa correntina, el juzgado federal inició una causa imputando al concejal Collinet por “falsificación de documento público”.

Contrapoder accedió a la denuncia de Sara Alegre, quien acusa al entonces recién asumido concejal Collinet de “aceptación ilegal de cargo”, un delito que con el tiempo es considerado abstracto, aunque no así la segunda acusación que es por “falsificación de documento”.

Está claro que la falta de impugnación de la candidatura por parte de los responsables del peronismo libreño fue el motivo por el cual Collinet pudo acceder a su banca, aunque eso no lo libera del delito cometido para lograr el fin, el de falsificar ante las autoridades judiciales y políticas documentación que acreditaran un domicilio falso, pues el ReNaPer informaba entonces que el electo concejal tenía su domicilio en la localidad de Tapebicuá, para evitar así pagar impuestos (sustancialmente más altos) al municipio del que hoy es concejal.

 

 

 

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