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Irrefutable: Las responsabilidades negadas por el radicalismo en la megacausa “Trata”

Irrefutable: Las responsabilidades negadas por el radicalismo en la megacausa “Trata”
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Por Gabriel Link – 

Este martes en el Concejo Deliberante los concejales del radicalismo y sus socios negaron la responsabilidad de los ex intendentes Eduardo “Peteco” Vischi y Raúl Tarabini, y los ex secretarios de Gobierno y Hacienda José Sincovez y Fabián Prado, frente a la demanda millonaria que enfrenta el municipio porque esos cuatro ex funcionarios habilitaban ilegalmente los prostíbulos “Roxi” y “Puro Movimiento”. Según consta en la causa, cobraban “coimas” para mantener abiertos los tugurios. El ilícito inició en octubre de 2012, durante el segundo mandato de Vischi y se repitió hasta 2016, cuando la jueza federal Cristina Pozzer Penzo desbarató el negocio.

En verdad lo que dicen ellos es que ninguno está imputado, y como ninguno está imputado entonces no cometieron delitos. Y sanseacabó. Lo cierto es que las demandas, que van cayendo como fichas de dominó, no son personales sino contra el Estado municipal, que no puede insolventarse, y a los Estados (personas jurídicas) no se los imputa, se los demanda. Las imputaciones a los culpables llegarán, indefectiblemente, en la medida que avance el juicio y comience a colocarse cada pieza en su lugar.

Pero hay una serie de hechos fácticos, que los concejales y sus soldados mediáticos evaden discutir y resulta necesario que se pongan en el debate; todos hechos que en este portal y en Contrapoder Radio hemos repetido decenas de veces, no ahora, durante la campaña, sino desde hace más de tres años, cuando estalló el escándalo.

1º) El 9 de abril de 2008 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que especifica claramente en su artículo 4º, inciso “c”, que en los prostíbulos se cometía el delito de explotación sexual:

ARTÍCULO 4º — Explotación. A los efectos de la presente ley, existe explotación en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas;
b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;
c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual.

2º) Los radicales se hacen los tontos y parecen olvidar que en octubre de 2012 el Concejo deliberante, con mayoría radical y presidido por el radical Julio Cazarré, a instancias de un proyecto del intendente radical Eduardo Vischi sancionó una ordenanza que prohibía “en todo el municipio de Paso de los Libres la instalación y funcionamiento de prostíbulos” en todas sus denominaciones. En octubre de 2012 el secretario de Gobierno era el radical José Sincovez y el secretario de Hacienda era el radical Fabián Prado. Ambos permanecieron hasta el final del gobierno de Tarabini y firmaban las habilitaciones.

3º) En 2016 la jueza Pozzer Penzo cerró todos los prostíbulos que funcionaban libremente en Paso de los Libres, a pesar de que estaban prohibidos por las mismas autoridades que seguían gobernando en ese momento. Había cambiado el intendente, que en ese entonces era el radical Raúl Tarabini, pero el radical Eduardo Vischi era viceintendente, el radical José Sincovez seguía siendo secretario de Gobierno y el radical Fabián Prado seguía siendo secretario de Hacienda, y tanto el radical Sincovez, como el radical Prado siguieron firmando las habilitaciones de los prostíbulos que ellos mismos, desde su gobierno radical habían prohibido cuatro años antes. Sin embargo los radicales se siguen haciendo los tontos.

Las pruebas contra los ex funcionarios radicales abundan en hechos que no pueden ser refutados, todos ellos establecidos en una causa penal, en donde la jueza Pozzer Penzo pidió informes al Municipio, en ese entonces gestionado por los radicales Tarabini, Vischi y Sincovez. Los informes fueron respondidos al Escuadrón Nº 7 de Gendarmería, fuerza utilizada por la magistrada para las acciones libradas desde el Juzgado ubicado en calle Los 108.

Además de los mencionados funcionarios también tienen responsabilidad los responsables e inspectores de las áreas Comercio y Bromatología, y el juez de Faltas, quienes por acción u omisión participaron de los delitos cometidos desde el municipio.

La dirección de Comercio era la encargada de realizar inspecciones en los prostíbulos que se habilitaban como “bares”. Desde 2012 y a través de una ordenanza promovida por Vischi, que fue aprobada por unanimidad del Concejo Deliberante, se prohibieron los prostíbulos, dancing clubs, night clubs y toda modalidad de locales donde se facilitara la explotación sexual de personas. Sus inspectores eran los responsables de corroborar que los locales en cuestión limitaran sus actividades a las que autorizaba la cédula de habilitación expedida por esa dirección y luego rubricada por los secretarios de Gobierno y Hacienda (durante todo el período cuestionado los responsables de esas carteras fueron Sincovez y Prado de manera ininterrumpida).

La dirección de Bromatología también realizaba inspecciones, y por ser policía administrativa de cuestiones sanitarias, cierto es, que al momento de firmarse las habilitaciones de los prostíbulos, los funcionarios de Bromatología expedían y controlaban las “libretas sanitarias”, a sabiendas de que estaban siendo cómplices de delitos, y “factótums” de las autoridades por falsificar documentos públicos para encubrir el incumplimiento de la norma.

El juzgado de Faltas es el encargado de multar y rehabilitar los comercios ante cada clausura. Evidentemente el Dr. Marcelo Soria (ocupó ese cargo de manera ininterrumpida entre 2012 y 2016) también supo cumplir con su rol.

Pero evidentemente la ordenanza no era con fines de crear una sociedad más progresista e igualitaria, que prohibiera definitivamente los prostíbulos y la explotación sexual, sino más bien buscaba llevar el negocio a la ilegalidad para luego exigirles a sus dueños dinero a cambio de habilitaciones (que firmaban Sincovez y Prado) y una cuota periódica que, según consta en la causa, era retirada por los mismos inspectores que debían controlar y, obviamente coausurar esos tugurios.

Lo cierto, es que esta acción de “legalizar” lo ilegal, según consta en la demanda, convertía al municipio en socio comercial y cómplice del delito de trata de personas para explotación sexual, por pasar a cobrar habilitaciones comerciales, tasas e impuestos a un negocio que no podría existir sin ser enmascarado por las autoridades municipales de entonces.

Pero el negocio mayor no estaba ahí, pues no sólo se les cobraban habilitaciones, tasas e impuestos a los prostíbulos, sino que también, según el relato de las víctimas (entre ellas G.S.M, primer litigadora en contra de la municipalidad) era moneda corriente ver a inspectores municipales “levantar” las coimas para sus jefes.

Es decir, si Vischi, Tarabini, Sincovez y Prado hubiesen actuado de forma correcta, haciendo cumplir la ordenanza que ellos mismos habían promovido; y si Comercio y Bromatología hubiesen inspeccionado como debían hacerlo, y al comprobar la falacia de los “bares”clausuraban y elevaban la denuncia a los órganos judiciales competentes, al menos medio centenar de mujeres no hubiesen sufrido el calvario que padecieron por casi 4 años.

Párrafo aparte merece el Hospital Provincial San José, pues sus médicos eran los responsables de librar los certificados para la gestión de las libretas sanitarias. También atendieron en repetidas ocasiones a G.S.M, una de las víctimas. En dos ocasiones fue atendida por sendas hemorragias provocadas por dos abortos clandestinos, debido a que su explotadora en ocasiones la obligaba a mantener relaciones sexuales sin preservativos con algunos “selectos” clientes.

En el litigio multimillonario en contra de la municipalidad, una de las demandantes, la Dra. Rosana Marini, nombra más de 20 veces al municipio, describiendo roles y la importancia para que esta banda delictiva que se dedicaba a secuestrar y esclavizar sexualmente a mujeres en situación de extrema vulnerabiliad, pudiera actuar impunemente.

Varios intendentes y jefes policiales de otras provincias (ver nota de TN) fueron destituidos, procesados y condenados por los mismos delitos que cometieron los ex intendentes Eduardo Vischi y Raúl Tarabini, y los ex secretarios de Gobierno y Hacienda José Sincovez y Fabián Prado; habilitar y no clausurar prostíbulos. Sin embargo la justicia ordinaria de Paso de los Libres jamás actuó, y de ese modo jueces y fiscales también colocaron al Estado provincial en el rol de “cómplice” y “partícipe necesario”. Solo resta esperar que del juicio oral al que ya fue elevada la causa se desprendan las responsabilidades que cada uno supo tener.

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