ECONOMÍA

Del fracaso permanente a la reestructuración: El Gobierno busca renegociar la mayor parte de la deuda

Del fracaso permanente a la reestructuración: El Gobierno busca renegociar la mayor parte de la deuda

Por Tomás Lukin – 

El Gobierno anunció una reestructuración de la deuda con bonistas para contener la corrida financiera que arrasa con las reservas internacionales. La propuesta de emergencia prevé comenzar a renegociar el crédito solicitado al Fondo Monetario Internacional con el objetivo de extender el plazo de devolución. El organismo todavía debe confirmar el próximo desembolso previsto en el acuerdo. Ayer se limitó a informar que sus representantes regresaron a Estados Unidos y emitió un esquivo comunicado. Acorralado por un escenario de creciente vulnerabilidad financiera que fue montado a lo largo de la gestión de Mauricio Macri, el Palacio de Hacienda dispuso la modificación unilateral en las condiciones de los instrumentos de deuda de cortísimo plazo que vencen este año para patear pagos por más de 11.000 millones de dólares durante seis meses. El presidente Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para implementar los cambios forzosos en las distintas familias de letras emitidas que entrará en vigencia el viernes, cuando se publique en el Boletín Oficial.

El flamante ministro Hernán Lacunza presentó la medidas como un intento de aliviar la mochila de la deuda que heredará el próximo gobierno, pero las herramientas propuestas exponen las renovadas dificultades que enfrenta para hacer frente a los vencimientos de la deuda y las renovadas presiones cambiarias. La propuesta que presentará el Gobierno a los acreedores con títulos argentinos emitidos con plazos de hasta 10 años consiste en postergar los plazos de devolución. Las complejas operaciones contemplan bonos en pesos, dólares, euros, yenes y francos suizos por una suma equivalente a 50.000 millones de dólares. Introducir los cambios a los bonos regidos con la legislación argentina requiere la autorización del Congreso. El intento con los tenedores de títulos emitidos bajo ley extranjera exige lograr elevados niveles de adhesión en potenciales asambleas de inversores alrededor del mundo que serán organizadas por bancos internacionales.

Anunciadas tras una nueva frenética jornada financiera, las medidas representan un nuevo intento por amortiguar el derrape económico que se aceleró con la contundente derrota del oficialismo en las elecciones primarias. “En estos momentos de tensión financiera y cambiaria el objetivo es que no suban más el dólar ni la inflación. La estabilidad es un objetivo irrenunciable”, aseveró Lacunza al iniciar la conferencia de prensa. Luego lanzó un mensaje político a la oposición, a la que el Gobierno busca responsabilizar por su fracaso económico: “Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, pero no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos. Gane quien gane no podemos dejarlo sin herramientas”, sostuvo. “Tenemos que poder acordar una campana protectora sobre el sistema financiero. A río revuelto nadie gana más que los especuladores. Hace falta despegar las dudas sobre la capacidad de pago argentina este año y en el próximo período persidencial”, indicó el funcionario, que leyó su discurso acompañado por sus principales colaboradores.

El intento para despejar el riesgo de default consiste en cuatro medidas: 1) postergar a lo largo de un período de seis meses los vencimientos de los títulos de corto plazo –Letes, Lecaps, Lelinks y Lecer- para los tenedores institucionales; 2) enviar al Congreso un proyecto para habilitar la extensión voluntaria en los plazos de pago de los bonos regidos por la legislación argentina; 3) iniciar el recorrido para modificar los tiempos previstos en los bonos emitidos con legislación extranjera; y, 4) iniciar la renegociación del acuerdo con el FMI para prolongar la cancelación del acuerdo. “No es un default, no se violará ningún contrato. Tampoco es una reestructuración. Estamos extiendo plazos, sin quita y se mantienen los intereses. Proponemos reperfilar los vencimientos de la deuda”, enfatizaban ayer fuentes oficiales.

Las crecientes dificultades para que los tenedores renueven sus papeles forzaron a declarar desiertas las últimas dos licitaciones. En otras palabras, los inversores decidieron cobrar y comprar dólares. Con ese diagnóstico, la medida que destinada a restar presiones inmediatas será compulsiva. Desde el Palacio de Hacienda indicaron que los papeles alcanzados suman el equivalente a 13.000 millones de dólares. Los inversores institucionales como bancos y aseguradoras cobrarán los 11.000 millones de dólares que vencen en los próximos meses en tres tramos: 15 por ciento al momento del vencimiento, 25 por ciento a los tres meses y el 60 por ciento restante dentro de seis meses. La reducida porción que está en manos de pequeños ahorristas, alrededor de 1900 millones de dólares, será cancelada al momento del vencimiento. Para evitar beneficiar a inversores carroñeros que compraron esos papeles a precio de remate en las últimas semanas solo podrán acceder al pago completo quienes tengan los papeles en su poder desde el 31 de julio.

Con los bonos, la pretensión oficial es modificar los plazos de pago de 30.000 millones de dólares de deuda emitida bajo legislación extranjera y una suma equivalente a 20.000 millones de dólares en títulos regidos por ley argentina. Los papeles comprendidos son aquellos que fueron emitidos a 10 años de plazo. La operación excluye, por ejemplo, el oneroso bono a 100 años y los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010. La extensión de los plazos de pago en los instrumentos dominados por las leyes locales requiere antes del visto bueno del Congreso, que habilitará al Palacio de Hacienda a negociar cambios con los tenedores. Para avanzar con los instrumentos regidos por legislación extranjera se recibirán propuestas de bancos internacionales que deberán llamar a asambleas de tenedores. Extender los plazos exige alcanzar los parámetros establecidos en las cláusulas de acción colectiva: el visto bueno del 75 por ciento de los tenedores de cada título o el 66 por ciento de cada familia de bonos siempre y cuando logre un piso del 50 por ciento en todos los papeles. Es improbable que el recorrido anunciado ayer, reconocen los funcionarios a cargo, se concrete antes de las elecciones.

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