De la Redacción de Contrapoder -
Ante la percusión de miembros y funcionarios del depuesto gobierno de Evo Morales, el Grupo de Puebla puso en acción su Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia (CLAJUD), del cual forman parte, entre varios juristas e español Baltasar Garzón y el argentino Damián Loreti. El Consejo le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga en Bolivia.
Los letrados enuncian que se está buscando proscribir la participación de Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo, en las próximas elecciones. También pidieron que se termine con las detenciones y los apremios ilegales por parte de las fuerzas policiales y militares.
Ante la grave situación que enfrenta Bolivia, el Consejo pidió a la CIDH una serie de medidas cautelares con suma urgencia, y alertó que de concretarse la proscripción al MAS se daría un quiebre en la continuidad democrática y se vulneraría el derecho de los votantes, señala el documento.
“Velamos por la continuidad democrática en el marco de unos comicios plurales en el que la participación pasiva y activa de los ciudadanos esté garantizada, y para que el presidente Evo Morales, y sus correligionarios políticos, puedan concurrir a las próximas elecciones en el ejercicio de su derecho al sufragio pasivo”, sostiene el escrito presentado ante la CIDH.
A su vez, el Consejo denunció la persecución que viven los miembros del partido de Evo Morales. “Se encuentran en estos momentos bajo una persecución ilegal y con ensañamiento que pone en serio riesgo su vida e integridad física, tanto como su libertad personal. La gravedad, urgencia e irreparabilidad de esta situación justifican la procedencia y el otorgamiento de las medidas cautelares aquí pretendidas”, sostuvo el Consejo. Desde la renuncia de Evo Morales a la presidencia fueron saqueadas y quemadas las casas de algunos ex ministros y funcionarios. Esto llevó a que de ellos tres pideran asilo en la Embajada de México. Allí permanecen desde hace días Héctor Arce, ex Ministro de Justicia y Transparencia Institucional; Javier Zabaleta, de Defensa; y César Navarro, de Minería.
El Grupo de Puebla pidió que se respete el debido proceso para evitar detenciones arbitrarias. Esto tiene que ver con la detención de dos miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSF), órgano que se encargó del tan polémico escrutinio de votos. Se trata de Maria Choque Quispe, la Presidenta del TSF, y Antonio Ivan Costas, Vicepresidente del organismo. Para el Consejo Jurídico del Grupo de Puebla las detenciones fueron ilegales y arbitrarias. “Ambos fueron detenidos por fuerzas de seguridad sin orden judicial regularmente extendida, es decir en forma arbitraria”, sostiene el documento del CLAJUD. “Pedimos a la CIDH que exija medidas urgentes que protejan a estos funcionarios y demás autoridades del país que pudieran encontrarse en una situación similar”, informa Loreti.
El Consejo también mencionó detenciones irregulares llevadas a cabo por ciudadanos. “Tenemos referencias de que en Santa Cruz de la Sierra se hacen detenciones ‘ciudadanas’ en las calles, y los entregan a la policía, en ese momento los acusan de todo tipo de delitos sin ninguna garantía a los afectados”, informó el CLAJUD. Tampoco en esos casos se resguardaron los derechos procesales y la defensa en juicio. “El derecho de acceso a la justicia no está siendo garantizado para las víctimas de estos atropellos”, sostuvo el Consejo.
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