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Quién es el fiscal que justificó la violación en patota como “desahogo sexual”

Quién es el fiscal que justificó la violación en patota como “desahogo sexual”
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Por Sofía Caram –

Fiel representante de la corporación judicial de Chubut, enemigo de las comunidades indígenas y representante de los hombres del poder. Ése es el perfil del fiscal Fernando Rivarola, quien eligió como defensor para una causa en su contra a Néstor Fabián Gabalachis, abogado de un acusado de delitos de lesa humanidad y, casualmente, el mismo letrado de uno de los violadores de la chica de 16 años.

El funcionario de la justicia chubutense que justificó la violación en patota de la adolescente al asegurar que se trató de una necesidad de “desahogo sexual” de los varones que la atacaron, se desempeña en la fiscalía de la ciudad de Rawson. Además de la evidente falta de perspectiva de género que demostró con su dictamen firmado justo al cumplirse cinco años del primer Ni Una Menos, sus antecedentes demuestran que se trata de un representante más de la Justicia patriarcal, del poder económico y del statu quo de las clases más acomodadas de Chubut .

En el año 2016 Rivarola fue procesado por relacionarse en forma ilegal con un integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El procesamiento fue revocado en 2019. En esa causa, el abogado que eligió para que lo representara fue Néstor Fabián Gabalachis. Se trata, justamente, del actual defensor de uno de los acusados por la violación en patota, expediente en el que interviene el propio Rivarola y a quien le avaló el acuerdo firmado con la víctima. La incompatibilidad en este caso se torna evidente. En toda causa penal, la fiscalía y la defensa tienen roles e intereses totalmente contrapuestos. Mientras uno tiene la obligación de representar a las víctimas y buscar probar los delitos, el otro tiene por objetivo central que sus representados no sean condenados. Además, Gabalachis fue el abogado de Rubén Paccganini, uno de los represores acusados por la “Masacre de Trelew”.

Enemigo de la comunidad mapuche
En 2015 Rivarola defendió los intereses de las corporaciones mineras de Chubut, cuando pidió la aplicación de la ley antiterrorista contra la comunidad mapuche que se oponía a la extracción de minerales en la ciudad de Esquel. Se trata de una ley con una escala penal mínima de cinco años de prisión, es decir, no excarcelable. En este caso el fiscal mostró una postura rígida con los acusados, algo que no aplicó para los seis violadores de la joven. Mientras que para tres de ellos pidió la absolución, los tres restantes Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar y Luciano Mallemaci consiguieron un cambio en la calificación, lo que les permitirá mantenerse en libertad, ya que la nueva carátula prevé una pena de solo tres años de prisión en suspenso. De “abuso sexual con acceso carnal agravado”, con una pena de hasta veinte años de prisión, pasó a un caso de “abuso simple”, ya que, según justificó Rivarola, se trató de un “desahogo sexual” de los atacantes. Si el juez Marcelo Nieto di Biase homologase el polémico acuerdo impulsado por la fiscalía –que incluye un arreglo económico para la niña- los violadores quedarían prácticamente impunes.

Doble vara
El 5 de mayo de este año, hace solo un mes, Rivarola pidió treinta días de prisión en suspenso para Miguel Aljenadro Quiñelaf. Se trata de un hombre acusado de violencia de género, quien había incumplido en tres oportunidades las órdenes de restricción respecto de su ex esposa. La causa por lesiones derivó en la detención del acusado por solicitud del fiscal, que, en esa oportunidad no justificó al agresor. La diferencia de postura del funcionario judicial -con menos de un mes de diferencia entre un caso y el otro- tendría una sola explicación: Quiñelaf no era uno de los hijos del poder de Chubut. En cambio, como ya consignó este diario , los varones que violaron a la adolescente son nietos de un ex gobernador, de un senador de la Unión Cívica Radical y de un conocido empresario de la provincia.

La violación grupal de la joven ocurrió en una fiesta en Playa Unión, en 2012. Pero el expediente se abrió en agosto del año pasado, cuando ella se animó a contar en sus redes sociales lo que le había pasado. A lo largo de estos ocho años la chica sufrió un intento de suicidio y múltiples amenazas para que no hiciera la denuncia, a tal punto que tuvo que mudarse a Buenos Aires junto a su familia.

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