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Macri reclama que la Justicia no investiguen sus celulares

Macri reclama que la Justicia no investiguen sus celulares
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De la Redacción de Contrapoder –

El ex presidente Mauricio Macri pidió que no se lleve a cabo el entrecruzamiento de llamadas que había ordenado la magistrada federal María Servini en el marco de una causa que investiga supuestas presiones al Grupo Indalo durante su gobierno.

La jueza había ordenado el 6 de julio una serie de medidas de prueba, entre las que se destacaba un amplio entrecruzamiento de llamados entre Macri, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli y otros imputados en la causa, a fin de establecer si había comunicaciones entre ellos en los días en los que los denunciantes afirmaron haber recibido presiones o en los que el Gobierno de Cambiemos dictó medidas que perjudicaron al Grupo Indalo.

El expresidente reclamó además que su apelación tenga efectos “suspensivos” sobre las medidas dispuestas en la causa, en la que interviene el fiscal Guillermo Marijuan, porque podría generar “perjuicios irreparables”.

“Lo dispuesto carece de la debida fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, racionalidad, dignidad humana y porque compromete la seguridad nacional por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta”, sostuvo el exmandatario.

Otra de las cosas que pidió Macri fue acceder a copias de todo el expediente y de la eventual documentación que se pudiera encontrar reservada y que se lo exima de la de tener que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py a ratificar presencialmente el escrito “por el estado de excepción” en el que se encuentra la Argentina debido al aislamiento social preventivo y obligatorio.

Macri sostuvo que la medida dispuesta por Servini precisa una “urgente e imperiosa fulminación por la Alzada” (en relación a la Cámara Federal porteña) y sostuvo que de llevarse a cabo se estaría violentando su “intimidad privada y familiar”, la cual “se debe unir inescindiblemente” a su condición de expresidente de la Nación.

Cuando dispuso las medidas ahora cuestionadas, la jueza Servini sostuvo que se trataba de diligencias que “permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad”, y además recalcó que, en lo que va de la pesquisa, “todas las reuniones, como así también las comunicaciones” denunciadas entre imputados “fueron ratificadas a lo largo del expediente por diferentes personas”.

Servini había ordenado en primer lugar que se requieran los números telefónicos registrados a nombre de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner entre enero de 2016 y agosto de 2019.

Posteriormente, solicitó los “registros de comunicaciones con activación de celdas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019”.

Con toda esta información -dispuso- se “deberá realizar un estudio temporal/espacial con el objeto de identificar el entramado de las comunicaciones de los abonados” y “sus interlocutores (comunes, frecuentes y los que surjan de los informes”, y entrecruzarlos además con los teléfonos de quienes habrían recibido llamados vinculados a la situación del Grupo Indalo.

En la resolución, la jueza aludió sobre todo a comunicaciones a partir de eventos determinados que se iniciaron el 13 de marzo de 2016 con la publicación de una nota periodística sobre la “supuesta deuda de Oil Combustibles SA con el Fisco Nacional”.

En la causa hay un pedido de citación a declaración indagatoria contra el extitular de AFIP, Abad, hecho por el fiscal del caso Marijuan hace dos semanas y sobre el cual la magistrada aún no resolvió.

La causa
La causa a cargo de Servini se abrió en base a hechos denunciados por De Sousa inicialmente en el fuero comercial, en el expediente concursal de Oil Combustibles, donde relató presiones sobre él, su socio López y sus empresas por parte del gobierno de Macri y a través de la AFIP. Esto derivó en la apertura de una causa penal a cargo de Servini, donde fueron denunciados el propio ex Presidente, el asesor José Torello, el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el ex titular de la AFIP Alberto Abad, su sucesor, Leandro Cuccioli, el hombre de la mesa judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el empresario Nicolás Caputo. A todos se les atribuye alguna participación en presiones sobre López y De Sousa para desapoderarlos de sus empresas.

Según los denunciantes el objetivo de fondo era ahogar a Indalo, Oil y los medios de comunicación del grupo, con un doble objetivo: por un lado encarcelar a la ex presidenta y, por el otro lado, para que todo el grupo termine en manos de amigos del actual gobierno o que quiebre y quede como un símbolo de lo que le pasa a los empresarios que no se sumaron a la guerra contra el gobierno anterior.

La declaración de López
El propio López declaró como testigo el 5 de noviembre de 2019 y reveló que en un encuentro con Macri el 25 de octubre de 2015, el mismo día de las elecciones presidenciales, el entonces candidato le advirtió: “Necesito el canal para ir por Cristina”. “¿Qué significa ir por Cristina?” dijo que le preguntó. La repuesta fue: “Hay que meterla presa”. “No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró”, declaró López. La reunión, dijo, había sido en Barrio Parque, en la casa de Franco Macri. Macri le había dicho que sabía que ganarían en un ballottage, porque se los había dicho “la embajada”.

La declaración de López abarca 18 páginas del expediente y detalla la forma en que se manifestaron las presiones de todo tipo, incluyendo la amenaza de la prisión, algo que finalmente se concretó con el protagonismo del propio Macri, quien llegó a quejarse porque López y De Sousa habían recuperado la libertad. A lo largo de la declaración van apareciendo varios compradores, todos relacionados con los entonces ocupantes de la Casa Rosada, pero en algún momento se frenan las operaciones con una consigna asombrosa: “no queremos que López y De Sousa vendan. Queremos que quiebren. Es un tema político”, relató López.

La mano oculta del expresidente apareció en forma permanente en la declaración testimonial del empresario. Tras la reunión en casa de Franco Macri, dos meses después, ya en enero de 2016, el empresario relata que fue citado por Fabián (Pepín) Rodríguez Simón, en el Palacio Duhau y en el Hotel Hayatt. “El presidente quiere que no ganen nada en los cuatro años que vienen”, cuenta López que le dijo Pepín. “Es eso, o les rescindimos todos los contratos de las empresas de juego”, amenazó el referente judicial de Macri. En el testimonio de López, el apriete concluyó cuando vendió sus participaciones en esas empresas. “Después de eso, no se habló más del juego en la Ciudad de Buenos Aires. El problema era que yo vendiera”, razonó el empresario.

“En determinado momento, le dijeron a nuestro abogado que arregle los honorarios con nosotros porque empezó la guerra. Y ese domingo, se publicó una nota de Hugo Alconada Mon y a la noche Macri concedió una entrevista a Luis Majul. En los dos lugares nos acusaban de que le debíamos ocho mil millones de pesos a la Afip”. Como se demostró en la pericia realizada por contadores de la Corte Suprema, esa deuda no existía y el grupo Indalo estaba al día con los planes de pago que se le habían otorgado. Fueron planes de pago que se le habían concedido a muchísimas otras empresas. “Con esas acusaciones, nos sentimos dos perejiles contra el estado completo. Era como ir a la guerra contra Estados Unidos con dos escarbadientes”, sintetizó López.

En los momentos de mayor presión, siempre aparecía un comprador ligado a la casa Rosada de Macri. El primero, Orly Terranova, que hasta envió a sus gerentes a sentarse en las oficinas de Indalo. “Decía que actuaba en acuerdo con Macri y con Nicky Caputo. Se pactó un lanzamiento de la venta, pero una aparente interna en el gobierno, derrumbó el acuerdo de un día para otro. A Orly no lo vi nunca más, se esfumó”.

Después apareció en escena Ignacio Rosner, supuesto representante de un fondo de inversión norteamericano, quien se presentó como “muy muy amigo de Mauricio”: “Fui al Newman, tengo llegada a Magnetto porque fui director de Cablevisión y también llego a Alberto Abad”. En el trasfondo también solía aparecer Mario Quintana, uno de los hombres fuertes de la jefatura de Gabinete, a veces como mediador de las posibles operaciones de compra, pero en otra ocasión directamente interesado en participar. Otro que habría funcionado como intermediario es José Torello, también integrante de la mesa judicial. Se llegaron a firmar convenios por alguna parte del grupo, siempre sujetos a la aprobación del juez Julián Ercolini, pero parecía haber dudas permanentes porque seducía el impacto de hacer quebrar Indalo, exhibirlo políticamente.

El relato de López sobre las amenazas de prisión resultó crudo. El empresario contó que le empezaron a llegar los rumores de que lo detendrían, por lo que decidió consultarle, a través de un amigo, a Daniel Angelici, íntimo amigo y colaborador de Macri. El presidente Boca le dijo: “andate a Sudafrica, vas a ir preso. Con Sudáfrica no hay convenido de extradición”.

En el camino hubo otros posibles compradores, como el grupo petrolero Trasfigura, e incluso se firmó algún convenio para ser presentado ante el juez Ercolini. La oferta era por 420 millones de dólares, tres veces más de lo que al final se vendió por parte de la intervención judicial del grupo empresario. Siempre Ercolini rechazó las propuestas y siempre apareció el obstáculo de la Afip, que nunca buscó cobrar los impuestos, sino empujar al grupo a la quiebra.

Lo concreto, es que como había adelantado Angelici, en la previa de las elecciones de 2017, Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron apresados con el argumento de que habían intentado una venta del Grupo Indalo a espaldas del juez. La investigación de ese hecho, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, determinó que nunca ocurrió tal venta, es decir que la razón por la que se encarceló a los empresarios resultó falsa.

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