ECONOMÍA

La mentira del ajuste

La mentira del ajuste
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Por Alfredo Zaiat – 

El debate económico doméstico es confuso porque existe una efectiva estrategia política de inversión en el sentido. Quienes aplicaron sistemáticamente medidas de ajuste a trabajadores, jubilados y del gasto público, al momento de no tener responsabilidad de gestión, acusan a quienes toman medidas reparadoras de estar implementando un ajuste cuando en realidad se está haciendo lo contrario.

Es un escenario de discusión económica complejo porque la situación social y laboral es crítica. Y si bien el Gobierno puede estar realizando bastante es insuficiente ante las inmensas carencias. Pero esa tradicional jugada política de la derecha, que durante los años del kirchnerismo era permanente, ahora se reitera con mayor procacidad puesto que hasta hace poco fue gobierno dejando un saldo desastroso.

La perversidad discursiva es la misma que tiene un violento que le dice a un violentado que es promotor de la violencia. En términos semánticos, durante el macrismo las políticas de ajuste se denominaban “sinceramiento”, mientras que ahora las medidas de reconstrucción son calificadas como “ajuste”.

En ese cuadro distorsionado se analiza el Presupuesto 2021, la propuesta de la nueva fórmula de movilidad previsional y el cuadro fiscal en el marco de la negociación con el FMI.

Conceptos
La discusión económica se puede resumir en dos vías. La ortodoxia opositora habla de ajuste cuando no lo es, mientras que por otro lado algunos grupos del oficialismo reclaman una mayor audacia en diferentes frentes cuidándose de no mencionar la palabra ajuste.

En esta instancia se requiere entonces precisar conceptos que se reiteran sin importar los contextos históricos y políticos.

El saber económico convencional ha sido exitoso en ordenar el análisis detrás de nociones como modelo y ajuste. Estas son expresiones emergentes de categorizar a la economía como una ciencia exacta y, por lo tanto, con la exigencia de conseguir el equilibrio de las variables.

De ese modo se han ido construyendo modelos interpretativos con una sucesión de ecuaciones matemáticas e identidades del funcionamiento de la economía. Y ante la presencia de un desvío, aparece la necesidad del ajuste para restablecer el equilibrio.

Existe entonces un orden natural determinado por el mercado. Es bastante parecido a un dogma religioso. Este es el motivo de la obsesión por la utilización de la palabra ajuste.

Preguntas
La fragilidad de esta corriente de pensamiento económico –dominante en el mundo académico y en el análisis cotidiano– es que el objeto de estudio no es materia inanimada ni deidades, sino sujetos sociales con intereses diversos y contrapuestos.

La pretensión de encapsular esa puja en el concepto estático de modelo y de ajuste en la búsqueda de ese mítico equilibrio general de las variables empobrece la comprensión de los fenómenos económicos. Se enriquece, en cambio, cuando se desplazan esas nociones para abordar la economía como una ciencia social e incorpora la definición de economía política.

Entonces la idea de modelo queda apartada por la de proyecto político con objetivos económicos y la de ajuste, por la de intervención política ante determinados acontecimientos que ponen bajo tensión esas metas. En el transcurrir de diversos eventos, inesperados o previsibles, los gobiernos aplican herramientas de política económica cuya orientación debe ser juzgada por cuál es el objetivo económico que pretende alcanzar, en lugar de calificarlas en forma esquemática.

¿El Presupuesto 2021 redistribuye recursos en forma progresiva? ¿La nueva fórmula de movilidad mejorará el ingreso de los jubilados? ¿El acuerdo con el FMI exigirá reformas estructurales regresivas y condicionamientos a la política económica de fomento de la demanda agregada?

Responder esas preguntas con rigurosidad analítica, teniendo en cuenta el contexto económico y sanitario local e internacional, permitiría relativizar la excitación de calificar a esas iniciativas del gobierno de Fernández como parte de un “plan de ajuste”.

Restricciones
La economía argentina tiene más restricciones que otras. Por eso requiere de una evaluación no sólo técnica, sino también política. Y además atendiendo sus particularidades.

Por caso, si crece mucho por vía del consumo, aumentan las importaciones por el tipo de estructura económica y, por lo tanto, ese avance colisiona con la restricción externa, que es la escasez relativa de divisas. Faltan dólares para financiar las importaciones necesarias para alimentar la expansión del circuito productivo y de consumo doméstico.

Es una conocida limitación al crecimiento a partir de la interrupción del proceso de industrialización en la dictadura cívico-militar, que tuvo dos eslabones adicionales de destrucción de la base industrial local en la década del ’90 y durante los cuatro años del macrismo.

A la vez, si se emite mucho dinero para fomentar la demanda, la liquidez permite inicialmente mpulsar la recuperación pero cuando comienza a circular el dinero adicional hasta la última estación, que es la de contabilizar el excedente, éste se dolariza.

Es una limitación que se agudiza a medida que se profundizan los rasgos bimonetarios de la economía.

Gestión
Estas son algunas de las restricciones que existen y que el responsable de la gestión económica debe saber que existen para elegir las herramientas adecuadas para administrarlas.

Ahora bien, quienes han enfrentado de la peor manera esas restricciones han sido los programas económicos neoliberales, puesto que solo han agudizado los problemas sin aportar ningún avance para superarlos.

En cambio, los programas heterodoxos fueron expansivos con el objetivo de construir una economía de desarrollo nacional, pero se toparon con esas restricciones. Sin embargo, en esa tarea no han ido destruyendo todo a su paso, sino que han intentado lidiar con esas limitaciones tratando de mejorar las condiciones generales.

En esta instancia se encuentra el gobierno de Alberto Fernández con sus limitaciones por la propia conformación de su coalición política y, en especial, por una relación desigual con el dispositivo de poder económico y mediático de la derecha.

FMI
La presencia del FMI en la economía argentina es el legado más pesado que ha dejado el macrismo, incluso superior a la deuda con acreedores privados.

Mientras que ese endeudamiento pudo ser refinanciado con éxito despejando el horizonte financiero, la relación con el FMI no es solamente con un acreedor internacional, aunque se trata del principal, sino que es con un organismo supranacional dominado por las potencias que actúa de auditor de la política económica nacional. Esto afecta la soberanía y los márgenes de autonomía de gestión.

Con ese potente condicionante resulta fundamental eludir los lugares comunes del análisis sobre la negociación con el FMI, y detectar qué habilidad tiene la administración Fernández para ampliar esos estrechos márgenes de autonomía.

Uno de ellos es la nueva fórmula de movilidad previsional. El fabricante de cemento para rostros Alfonso Prat-Gay afirmó que el mecanismo de actualización propuesto es el que desea el Fondo Monetario Internacional.

Es exactamente lo opuesto. El gobierno de Macri, eliminando la movilidad 2009-2015, cumplió con la exigencia del Fondo respecto a la reforma previsional.

La economista Julia Strada rescató de un documento del FMI de 2016 ese pedido. La tecnoburocracia de Washington consideraba muy costosa la ecuación recaudación más salarios. Por ese motivo aconsejaba el aumento por la evolución de la inflación.

En forma textual el Fondo decía: “La indexación de los haberes sólo por la inflación pasada permitiría a los jubilados preservar el valor real de su beneficio, pero reduciría el aumento del gasto en pensiones en aproximadamente un 20 por ciento del PIB”.

La fórmula de movilidad

Para quienes han quedado atrapados involuntariamente por el inmenso dispositivo de confusión, el Fondo quiere la fórmula de Macri, no la de CFK o la que propone bastante parecida el gobierno de Fernández.

La quiere porque asegura el ajuste del gasto previsional y es lo mismo que sigue proponiendo ahora, sin traicionar su historia de castigar a los jubilados, la alianza macrismo-radicalismo.

En forma didáctica, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, brindó respuesta a las siguientes preguntas:

¿Por qué es más estable atar las jubilaciones a la trayectoria de los salarios de aquellos que están trabajando y, al mismo tiempo, a la recaudación? ¿Y por qué no a la inflación?

“Es más estable atar la evolución de la jubilación a los salarios y a la recaudación. Y por qué no a la inflación: cuando la economía crece y la inflación cae, si los jubilados tienen atados sus ingresos a la inflación no les compartimos el crecimiento de la economía, en cambio cuando la economía cae y la inflación va para arriba, en realidad las jubilaciones no se pueden pagar por el peso que pasan a tener sobre el PIB”.

Las cifras son elocuentes:

* Las jubilaciones subieron 25,8 por ciento en el período 2009-2017 por encima de la inflación, cuando estuvo vigente la fórmula CFK que ahora se propone con leves variaciones.

* Las jubilaciones bajaron 19,5 por ciento en el período 2017-2019 respecto a la inflación, con la fórmula de Macri que tenía a la evolución de los precios como variable principal de actualización de los haberes.

Intereses de la deuda
El déficit fiscal de este año será de 7 a 8 por ciento del Producto Interno Bruto. Ese desequilibrio se explica por dos efectos simultáneos: por un lado, la fuerte caída de los ingresos provocada por la pandemia que castigó el desarrollo normal de las actividades, y por otro, el esfuerzo fiscal de la red de emergencia para socorrer a empresas y trabajadores formales e informales durante estos meses de crisis por el coronavirus.

¿Cuánto de ese déficit puede mantenerse y financiarse en el 2021?

Si la economía no tuviese tantas restricciones, como las mencionadas arriba, si no hubiese una corriente de derecha dominante que ha colonizado a un amplio universo de agentes económicos y sociales, y si, finalmente, no estuviese el FMI como auditor, el margen para seguir aplicando una política fiscal muy expansiva estaría disponible.

Pero el escenario es otro. La clave pasa entonces en cuánto se puede estirar ese margen, que en el Presupuesto 2021 figura en 4,5 por ciento del PIB mientras que el bloque de presión del establishment reclama que sea 3,0 por ciento.

¿Es mucho o es poco ese espacio fiscal?

Lo cierto es que un déficit de 4,5 por ciento del PIB no puede ser definido como un “ajuste”, y menos cuando el gasto primario de la Administración Nacional sube de 17,9 a 20,6 por ciento del PIB de 2019 a 2021. Al tiempo que el pago de los intereses de la deuda disminuye de 3,4 a 1,5 por ciento.

Ese saldo a favor no queda como “ajuste” del gasto, sino que lo que no se paga de intereses se redistribuye de la siguiente manera: gasto en Infraestructura sube de 1,1 a 2,2 por ciento; Educación y Conectividad de 1,1 a 1,3 por ciento; Salud Pública de 0,3 a 0,5 por ciento; Innovación y Desarrollo de 0,2 a 0,5 por ciento del PIB.

La tendencia de la política económica va en línea opuesta al pedido de ajuste del establishment. Pero para evitar confusiones, si existe un plan social integral de reemplazo del IFE debe ser comunicado en el mismo momento en que se anuncia la discontinuidad de ese programa de emergencia.

 

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