OPINIÓN

Milei optó por la “doctrina Chocobar” y relegó a Villarruel

Milei optó por la “doctrina Chocobar” y relegó a Villarruel

Por Matías Ferrari – 

Con la designación de Luis Petri como futuro ministro de Defensa, Javier Milei finalmente delegó el manejo político de la totalidad de las fuerzas del Estado en manos de Patricia Bullrich.

A diferencia de Mauricio Macri, la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio parece que sí tendrá su “segundo tiempo”, aunque bajo el gobierno del libertario. Ya había sido confirmada la semana pasada al frente de Seguridad, cargo que negoció mano a mano, sin intermediarios, con el presidente electo. Ahora, colocó a un hombre de su riñón, a la sazón su excompañero de fórmula, en un área clave que controlará por extensión y que le permitirá acumular un poder aún mayor al tuvo en su paso anterior por la función pública.

Todo a lo que aspiraba, en suma, Victoria Villarruel, como fiel representante y lugarteniente de los intereses de la familia militar. La decisión, que se venía cocinando en las últimas semanas, desplaza a la vicepresidenta de un rol que ella había reclamado para sí y que el propio Milei le había prometido públicamente en varias entrevistas, y la encorseta —contra su voluntad— a su rol institucional como presidenta del Senado.

Cerca de Bullrich afirmaron que, si bien el desembarco de Petri en Defensa “fue una decisión exclusivamente de Milei”, la excandidata pidió por él durante la reunión cara a cara que tuvo con el presidente electo la semana pasada. La sintonía entre la futura ministra de Seguridad y el presidente electo es total. “Se tienen respeto mutuo. Ella se tragó su orgullo y lo apoyó. Y ahora trabaja para que le vaya bien”, describieron. Para más datos, aseguraron que comparten “una lectura común del momento y de lo que pide la sociedad”, una idea que seguramente traerá cola en una etapa en la que se avizora una creciente conflictividad social y en la que todo indica volverá, recargada, la “doctrina chocobar”.

Villarruel, en recámara
Al menos hasta el balotaje, Villarruel tenía prácticamente asegurado el control tanto de Seguridad como de Defensa, donde tenía planeado designar funcionarios de su círculo más cercano. Para ambas carteras sonaban respectivamente el diputado electo Guillermo Montenegro —hijo de militares— y el coronel retirado del Ejército Jorge Eduardo Lenard Vives, exresponsable de investigaciones de la Aduana durante la gestión de Gómez Centurión. Los dos son integrantes de la fundación que ella preside, Oíd Mortales, que tal como reveló este medio es el nuevo sello de la vieja Fundación Tridentina para los Valores Clásicos, fundada por el teólogo Gustavo Corbi, quien tuvo un cargo en la SIDE durante los primeros meses de la dictadura.

A juzgar por su última decisión, Milei finalmente optó por dejar en un segundo plano esa agenda vinculada al negacionismo —al menos no darle una visibilidad que tuvo en la campaña— y se inclinó por una solución política: incorporar “a la fórmula completa de Juntos por el Cambio” a su gabinete, tal como se comunicó oficialmente desde la “oficina del presidente electo”.

Villarruel, de todos modos, se mostró dispuesta a dar pelea y dio muestras de seguir tallando en la agenda de defensa. Este lunes envió sus “condolencias” a las familias de los andinistas fallecidos en la Cordillera, que estaban perdidos desde el miércoles pasado, y agradeció a las autoridades chilenas, ante las que dijo haber intercedido, “por su colaboración” en la búsqueda. Antes, se había fotografiado en reuniones con la cúpula de la Prefectura y en el Departamento Central de la Policía Federal.

Relegada al Senado, Villarruel podría tener de todas formas “un rol activo” en la negociación de leyes en la materia, con su propia agenda, según trascendió desde La Libertad Avanza. De acuerdo a la plataforma electoral de LLA, estarían en carpeta la construcción de cárceles “por sistema de gestión público-privada”, la “militarización” de los institutos penitenciarios, la “eliminación de los salarios de los reclusos” y la baja de la edad de imputabilidad, entre otras iniciativas.

Bullrich y Petri coinciden con la mayoría de los puntos de esa agenda. El flamante ministro de Defensa se mostró más de una vez cercano a las ideas de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, tristemente célebre por las torturas a las que somete a las personas privadas de su libertad. El único contrapunto en la materia se produjo durante la campaña, cuando Villarruel cuestionó a Bullrich por haber propuesto grabar las comunicaciones entre las personas privadas de su libertad y sus abogados. “Eso es ilegal, Patricia”, le espetó en un Tweet.

En veremos quedará, a partir del 10 de diciembre, un tema caliente: la militarización de la Seguridad Interior, con la participación de la Fuerzas Armadas en el control de las calles. Durante la primera gestión de Bullrich en el área se ensayó un primer intento con el decreto 683/18, que ampliaba el marco de acción de las FFAA y habilitaba una extensión de sus tareas a, por caso, el combate del narco. Ese decreto fue modificado parcialmente durante el gobierno de Alberto Fernández. Bullrich propuso en campaña desplegar a las fuerzas en Rosario y el conurbano. Allí podría surgir un fuerte contrapunto con Villarruel, dado que, como ya dijo, pretende resguardar a las fuerzas de involucrarse en ese tipo de conflictos.

La ruptura con Macri
Además de eclipsar a Villarruel, la ascendencia de Bullrich en el universo de Milei tiene otro efecto colateral: su alejamiento cada vez más marcado de Mauricio Macri. Ella ya avisó que deja definitivamente la presidencia del PRO a partir de febrero, lo que la deja en libertad para asumir su nueva piel de libertaria, una más en su camaleónica trayectoria política. Pero ahora asoma una independencia definitiva respecto del expresidente. Desde que negoció por su cuenta su desembarco en el gabinete, la relación terminó de quebrarse. “Patricia siempre va a responder a Patricia. Larreta primero, y ahora Macri, la subestimaron y no la entendieron. Así les fue”, disparan desde su entorno.

Macri, por su parte, quedó desautorizado. Uno de los vértices del pacto de Acassusso pasaba por la designación de Cristian Ritondo como presidente de la Cámara de Diputados, por lo que su intención de mostrarse como garante de la gobernabilidad del nuevo gobierno, terminó por diluirse. Sus espadas legislativas, ahora, pasaron de decir que se proponían “cogobernar” a “votar ley por ley”. “Pasa que esto ya no es Socma”, graficó un dirigente del PRO sobre la situación en la que quedó el expresidente.

Fuente Página/12

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