De la Redacción de Contrapoder -
Un grupo de intelectuales, dirigentes y funcionarios advirtió este domingo en una solicitada que el juicio que investiga supuestos direccionamientos en la obra pública de Santa Cruz busca “proscribir” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y “ha batido todos los récords de irregularidades y arbitrariedades”.
Distintas personalidades de la política y los derechos humanos se expresaron en esa línea a través de una solicitada titulada “No al lawfare y el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner”, y que fue publicada hoy en dos matutinos.
En ese texto, aparecido en los diarios Tiempo Argentino y Página 12, y firmado por organizaciones, intelectuales y dirigentes políticos, se advirtió que “la persecución política a la compañera Cristina Fernández de Kirchner transita por estos días por los caminos más escandalosos”.
“La instancia oral del juicio sobre la causa mediáticamente denominada como ‘Vialidad Nacional’ ha batido todos los récords de irregularidades y arbitrariedades”, prosigue.
En el documento se señaló que se trata de una “causa absolutamente armada a partir de una denuncia fraudulenta presentada por el exfuncionario del gobierno de la Alianza Cambiemos Javier Iguacel, quien hizo caso omiso del informe interno que él mismo encargó ni bien se hizo cargo de la Dirección Administrativa de Vialidad porque sus resultados no revelaban ninguna irregularidad en la ejecución de las obras viales que se habían adjudicado en la provincia de Santa Cruz en el período anterior”.
“Ni sobreprecios, ni obras inconclusas ya cobradas. Nada que permitiese llevar a los estrados judiciales los ríos de tinta vertidos por los medios de comunicación dominantes, en lo que constituye una clara operación de lawfare que ahora tiene como objetivo estratégico el perpetrar la proscripción de la compañera Cristina condenándola sin pruebas que lo justifiquen y extirpándole sus derechos políticos”, señalaron los firmantes.
Asimismo, indicaron también que “en las últimas horas sumaron a su andar canallesco las denuncias contra Máximo Kirchner”.
Todo ello “demostrando la pretensión última de esta alianza mediática judicial que pasa no sólo por la cancelación de los dirigentes populares sino de la experiencia misma que significó el kirchnerismo en este siglo, al igual que trataron de hacerlo con el peronismo en el anterior”, añadieron.
Los firmantes remarcaron que “por medio de un procedimiento judicial reñido con las más elementales reglas de procedimiento se procura el objetivo de la proscripción política de Cristina Kirchner”.
Y subrayaron que “quienes pretenden consumar la infamia -jueces, grandes medios de comunicación y políticos que se preparan para tomar ventaja de ese involucramiento del Poder Judicial en la vida política- deben saber que, de lograrlo, habrán infligido un duro golpe al proceso democrático de más larga duración en la historia argentina”.
Asimismo, señalaron que esta estrategia de lawfare que “hoy se centra en la figura política más relevante del campo nacional y popular”-por la vicerpresidenta-, del mismo modo “hace años se despliega sobre un conjunto de dirigentes perseguidos, en algunos casos encarcelados y bajo una condena mediática que busca su cancelación”.
“Lo que antes se impuso por medio de la violencia ilegal perpetrada por el Estado -desde los bombardeos de la Plaza de Mayo de 1955 hasta la trágica experiencia del terrorismo militar- hoy intenta abrirse paso bajo la simulación de un proceso judicial”, escribió el grupo integrado por más de un centenar de intelectuales, periodistas y personalidades de distintas áreas.
Se trata de un “proceso que lleva años sin que se comprobara de manera alguna la existencia de actos de corrupción atribuibles a la actual vicepresidenta de la República, y se ha montado hoy un espectáculo mediático dirigido a preparar el clima favorable a la proscripción. De manera que la historia argentina vuelve a encontrarse con la obsesión proscriptiva, con la intervención ilegal de factores de poder extraños a cualquier concepción republicana”, apuntaron.
“Lo sufrió el pueblo argentino con los 18 años de proscripción de Juan Domingo Perón y lo sufren los hermanos brasileros con la entronización de Jair Bolsonaro a partir de la condena y proscripción del compañero Lula Da Silva”, concluyó la solicitada.
Entre los firmantes están la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida; el exjuez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni y el abogado Eduardo Barcesat; la militante de derechos humanos Rosa Bru; el periodista Víctor Hugo Morales; el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y diputado del Parlasur, Víctor Santa María, y la especialista en temas de género Dora Barrancos, entre otros intelectuales, periodistas, parlamentarios, gremialistas, embajadores, funcionarios y artistas.
Intendentes
A su vez, 509 jefes comunales de 22 provincias del país repudiaron este domingio la “persecución judicial” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a raíz del juicio que se le sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Los intendentes, pertenecientes a ciudades de casi todo el país firmaron otra solicitada en la que manifestaron su “preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.
Ante esa situación, consideraron que existe una “persecución judicial” contra la exmandataria, en referencia al juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y señalaron que ese proceso “se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación”.
Los jefes comunales alertaron que estas acciones constituyen “una práctica violatoria de los derechos, que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.
En tanto, exhortaron por “una Justicia a la altura de las circunstancias”, al recordar la cercanía de “la celebración de los 40 años de democracia ininterrumpida” en la Argentina. También instaron a la comunidad a “rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.
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