Por Sebastián Premici -
“No le busquemos más explicaciones, la inflación bajó y recemos para que siga así”, afirma con un toque de esoterismo Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, uno de los integrantes del Grupo de los 6, al referise a la medición de 4,9% del IPC de noviembre. Los empresarios del establishment parecen decididos a bancar a Massa a libro cerrado, mientras que el ministro les ofrece acceso a los dólares para importar y por qué no, beneficios económicos como el dólar navidad para los sojeros. Es el efecto Moncloa conseguido por Massa. Dicha alianza con el círculo rojo queda plasmada tanto en los dichos públicos de Grinman como en sus omisiones.
Así como la variación general de precios es multicausal, también lo es su desaceleración. ¿Cuánto juega la merma en la actividad o la baja del consumo en la reducción momentánea de la inflación? Un caso interesante para analizar podría ser el de la carne. En las últimas semanas, su precio en góndola anotó una leve baja porque aumentó la oferta de ganado a raíz de la sequía. Pero el consumo no subió.
“Es difícil argumentar sobre un único motivo que explique esta baja. Además de ‘precios Justos’, debe haber algo sobre la demanda que ya se muestra algo exhausta. La carne ayuda mucho a bajar el IPC, cuyo precio se mantiene estable hace tiempo. Y hablar de la tranquilidad en el mercado de la carne es pensar en un consumo aletargado”, explica Sergio Chouza, de la Consultora Sarandí.
Más oferta de carne y menos consumo dan como resultado una incipiente merma en el precio de este producto, cuya incidencia en la canasta de alimentos ronda el 30 %. Según los datos analizados por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), a octubre de este año el promedio de consumo interno por habitante arrojaba 47 kilos, cuando en el mismo período de 2019 se ubicaba en los 50 kilos.
—¿Cuánto cree que afecta la caída de la actividad en la baja de la inflación?—. La pregunta está dirigida directamente a Grinman.
—Nada— responde tajante.
Pero acto seguido acota: “El consumo venía recuperando lo perdido en 2020 y 2021. Pero desde agosto de este año está amesetado. No hay ningún boom de consumo”.
¿Entonces? ¿La inflación bajó solamente por la aplicación de “Precios Justos”? Muy poco probable. Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) indicaron que el nivel de abastecimiento de las grandes marcas llega al 39 %. Es decir, cada 100 productos que se piden llegan 39. Es el mismo tipo de boicot que realizaron con el extinto “Precios Cuidados”.
Dado este escenario, cabe preguntarse lo siguiente: el relativo éxito de “Precios Justos”, ¿no será meramente a los fines estadísticos? Por ejemplo, se controla los primeros días del mes cuando los productos están en góndola y después… a buscarlos al fondo del arco.
Según el INDEC, los precios de los alimentos tuvieron una variación promedio del 3,5 %, cuando venían aumentando un 6 %. El programa “Precios Justos” puso un techo de subas del 4 %. ¿Los mismos empresarios que durante todo el año remarcaron para aumentar sus ganancias de manera indiscriminada decidieron de pronto ceder más de lo comprometido ante el gobierno? Mejor no hablar de ciertas cosas, insinuó Grinman. Massa consiguió su mini Moncloa.
Bonito
Después de idas y vueltas, el gobierno nacional anunció un bono que será destinado solamente a trabajadores formales que cobren hasta 180.000 pesos. Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), alcanzará al 70 % de los laburantes.
Según el Boletín de Estadísticas Laborales (BEL), el ingreso medio de los ocupados entre los 35 y 49 años ronda los 76.000 pesos. Este dato corresponde al segundo trimestre de este año, publicado por el Ministerio de Trabajo. Y en el caso de los no registrados, el ingreso medio ronda los 40.000 pesos. Esta información corresponde al ingreso principal de los ocupados, que podrían contar con otros recursos, excluidos los planes sociales.
El dato deja en evidencia los magros sueldos que se pagan en el país y es la mejor base argumental que explica por qué dentro del Frente de Todos se intentó discutir la necesidad de una suma fija que pudiera incorporarse de manera permanente al salario.
De acuerdo con el análisis realizado por el CEPA, para que los salarios recuperen el poder adquisitivo perdido desde 2015 se necesitaría una suma fija de 40.000 pesos. Pero el gobierno decidió otorgar un beneficio híper focalizado, por única vez, tal como pregona el FMI.
El Poder Ejecutivo había argumentado, vía Massa y Fernández, que no avanzaría con una suma fija para todos los trabajadores porque tal erogación caería, en una mayor proporción, sobre los municipios, garantizándose una disparada del déficit fiscal. Pero desde el kirchnerismo respondieron con otros datos: “Respecto a los trabajadores municipales, son alrededor de un millón y, salvo en la provincia de Buenos Aires, en la que hay un estatuto provincial, no tienen marco laboral nacional específico. Para poner en referencia con un ejemplo moderado: una suma fija de $20.000, que no sería un monto menor para la realidad del sector municipal, demandaría un costo fiscal equivalente a $240.000 millones, que representaría 0,17 % del PBI del 2023”.
La ministra de Trabajo, Raquel Cecilia Kismer (Kelly Olmos), insistió con el argumento esgrimido por los gordos de la CGT: “Una suma fija va en contra de las paritarias”. En ningún momento del debate interno se llegó a plantear la exclusión de uno u otro instrumento. Más bien todo lo contrario. Tanto las paritarias como la existencia de una suma fija para levantar el piso de los salarios fueron esgrimidos como elementos complementarios.
El bono llega tarde y no servirá para que los trabajadores y trabajadoras recuperen lo perdido desde finales de 2015. Para Funes de Rioja, este beneficio que deberá abonar el sector privado “será más perjudicial que otra cosa”. “Su metodología de aplicación es horrible”, aclara Grinman. Para rechazar esta decisión del gobierno, ambos integrantes del Grupo de los 6 utilizan el mismo argumento que el esgrimido por la ministra de Trabajo para oponerse a la suma fija. Todo sea por el bien de la paritarias.
En el fondo, ni Funes de Rioja ni Grinman quieren que el Estado intervenga en asuntos que consideran privados, salvo que dicha intervención sea para mejorarles su ecuación de ganancias.
Limbo
Pero el Frente de Todos sigue atrapado en una especie de limbo o encerrona: después de mucho discurrir, se tomó la decisión de implementar una política de ingresos, pero esta quedó a medio camino. Lejos está de ser una medida que incida de manera estructural sobre la distribución del ingreso a favor de la clase trabajadora.
Que los empresarios del establishment se quejen por el dinero que deberán pagar por única vez, resulta esperable. Quejarse de todo lo que diga el Estado es parte de su juego. Lo repudiable es que esos mismos empresarios vayan por otra ventanilla para presionar por beneficios de un Estado que detestan y tengan éxito en esa cruzada. La Moncloa de Massa se para sobre estas asimetrías.
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