Por Sofía Pasquini y Natalia Segura Diez* -
Si bien parece haber pasado inadvertido en el debate público y en comisiones, el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” coloca al sector de los hidrocarburos como uno de sus principales beneficiarios.
El Proyecto dedica 53 artículos a modificar sustancialmente la Ley Nº 17.319 de Hidrocarburos. Entre las principales modificaciones, atenúa las protecciones al mercado interno al prohibir al Estado Nacional fijar precios, incorpora el objetivo de “maximizar la renta” y privilegiar las exportaciones por sobre el autoabastecimiento. Modifica el régimen de regalías -que actualmente establece el pago de una alícuota del 12% sobre los hidrocarburos extraídos, reducible hasta un 5% por la autoridad concedente- habilitando que en cada licitación las empresas puedan ofertar un porcentaje “a exclusiva elección del oferente”. Este sistema habilitaría la posibilidad de que las empresas oferten montos muy por debajo de la recaudación actual, más aún si se tiene en cuenta el riesgo de cartelización de un sector altamente concentrado. Además, el proyecto crea un amplio “Régimen de incentivo a grandes inversiones” donde los proyectos de gas y petróleo figuran como potenciales destinatarios de distintos beneficios tributarios y aduaneros.
Los esfuerzos gubernamentales para atraer inversiones en proyectos de hidrocarburos, disparan ciertas preguntas: ¿tenemos un conocimiento real del sector? ¿sabemos cuánto contribuye en términos reales a la economía? ¿conocemos de qué forma se distribuyen los beneficios entre empresas, gobierno nacional y gobiernos provinciales? ¿quiénes son los beneficiarios finales de estas empresas? Y lo más importante: ¿cuánta de esta información está al alcance del debate público?
Este sector, clave de la economía de nuestro país, es una industria que se destaca por su concentración, sus opacidades, la poca rendición de cuentas y la falta de debates participativos en las políticas públicas que la regulan. El mapa de ganadores y perdedores no puede entenderse sin considerar aspectos como el reparto de la renta, el pago de impuestos y regalías, los beneficios tributarios y transferencias directas que subsidian a las empresas, cruciales para entender quiénes se benefician de esta actividad o se ven perjudicados por ella, y en qué medida. No obstante, esta información no es fácilmente accesible y muchas veces ni siquiera se produce. Y, como si fuese poco, esta carencia se acentúa en discusiones de proyectos de ley que favorecen a sectores concentrados y conceden beneficios significativos sin condicionarlos a objetivos medibles.
En 2023, desde ACIJ iniciamos un pedido de acceso a la información pública ante la Secretaría de Energía de la Nación del Ministerio de Economía para obtener detalles sobre el porcentaje de regalía en concesiones y los beneficios económicos de empresas con regímenes especiales de acceso a divisas. Luego de un largo proceso administrativo que involucró varios pedidos de prórroga y reclamos, en enero de este año la Agencia de Acceso a la Información Pública emitió una resolución en la que intimó al Ministerio de Economía de la Nación a entregar la información solicitada o bien, fundamentar su denegatoria a entregarla en el plazo de 10 días hábiles. Vencido ese plazo, el pedido sigue sin respuesta, abonando a un extenso historial de falta de transparencia.
Otros rasgos del sector resaltan la urgente necesidad de transparencia: su alta concentración, con cuatro empresas (YPF, Total Austral, Tecpetrol y Pan American) acaparando el 75% de la producción de gas y tres empresas (YPF, Pan American y Shell Argentina) el 73% de la producción de petróleo (Fuente: Dataset). Ha sido señalado por sus elevados riesgos de corrupción: la OCDE, en su informe “Foreign Bribery Report,” detalla que entre los cuatro sectores donde más se registran sobornos, se encuentra el sector extractivo. Además, se han identificado diversas maniobras utilizadas por grandes capitales para externalizar ganancias, dolarizarlas y evitar o reducir el pago de impuestos internos que gravan la actividad y su rentabilidad.
En Argentina, las reformas económicas se dan principalmente en contextos de emergencia, marcados por la falta de participación en el debate, la opacidad y la influencia de los sectores concentrados de la economía que logran beneficios sin condicionarlos a objetivos mensurables. En medio de discusiones que priorizan la reducción del déficit fiscal y desestiman el rol del Estado en la protección de derechos, es esencial exigir la democratización de la información y el impulso de debates participativos para que la explotación de los recursos naturales contribuya al desarrollo sustentable y apunte al beneficio del conjunto de la ciudadanía y no únicamente de un sector privilegiado.
Las autoras son abogadas del Programa Justicia Fiscal de ACIJ.
Fuente El DiarioAr
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