Por Gabriel Link –
El 12 de enero de 2015 Natalio Alberto Nisman decidió suspender “intempestivamente”, según él mismo calificó (ver su whatsApp), un viaje que realizaba con su hija por Europa para volver a la Argentina y presentar, en plena feria judicial, su denuncia ante el juez Ariel Lijo contra la Presidenta y otros funcionarios, cosa que finalm
ente hizo dos días más tarde, el 14 de enero.
Al día siguiente diputados opositores le piden al fiscal que comparezca al Congreso el lunes 19 para explicar su denuncia. Los legisladores del peronismo exigen que la reunión no sea secreta, como planteaba la oposición, y anuncian que también participarán para hacerle preguntas al fiscal.
En la noche del domingo 18, un día antes de su comparecencia al congreso, el fiscal de la causa AMIA es encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. Tenía 51 años y llevaba diez años al frente de la investigación del mayor atentado criminal de la historia argentina, tiempo en el que no hubo ningún avance sustancial.
Tras el fallecimiento de Nisman, el juez Lijo también adelantó el regreso de sus vacaciones, se reincorporó al frente del Juzgado Federal 4 y habilitó la feria para tomar la denuncia presentada por Nisman antes de su muerte. Dispuso “medidas urgentes para el aseguramiento” de las escuchas telefónicas en las que Nisman fundó la denuncia que efectuó contra el Gobierno. Pero unos pocos días después, el 2 de febrero, Lijo se declaró incompetente para tramitar la denuncia de Nisman al considerar que no tenía conexión con otros hechos que el juzgado a su cargo investigó también por el primer encubrimiento del atentado y derivó el caso a la Cámara Federal para que se realice el sorteo.
Luego del sorteo, el caso recayó en el juez federal Daniel Rafecas, que también estaba de vacaciones y era subrogado por su colega Sebastián Ramos. Pero Ramos también se declaró incompetente, por lo que en un principio, la denuncia de Nisman había quedado trabada un conflicto de competencia.
Rafecas también suspendió sus vacaciones y regresó el miércoles 18 a su juzgado. Ese mismo día, al cumplirse un mes de la muerte de Nisman una multitud marchó en silencio en la Ciudad en homenaje al fiscal fallecido. La convocatoria también se realizó en distintas partes de país y contó con la participación de fiscales, jueces y políticos, sobresaliendo entre ellos la figura del fiscal Germán Moldes. 
El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió el 13 de febrero abrir la investigación contra la presidenta Cristina Kirchner, su canciller, Héctor Timerman y otros funcionarios del gobierno por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA que denunció su colega Alberto Niman antes de morir.
En el requerimiento no se solicita la indagatoria de la Presidenta y de los imputados, como había pedido Nisman, pero sí una batería de medidas para avanzar con la investigación que estaba en manos del juez Daniel Rafecas.
El 26 de febrero, Rafecas desestimó la denuncia de Nisman. En su resolución, el juez entendió que no hubo delito y no existía un solo elemento de prueba contra la Presidenta y el resto de los imputados.
El 6 de marzo el fiscal Gerardo Pollicita apeló el fallo de Rafecas. La denuncia de Nisman quedó en la Sala I de la Cámara Federal. Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero tuvieron que definir la apelación. Antes, el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, debía dictaminar si correspondía abrir o no la investigación.
Moldes apoyó la apelación contra la decisión del juez Daniel Rafecas, y pidió el 19 de marzo que se revoque el fallo del magistrado. En un escrito que presentó, le solicitó a los jueces de la Sala I de la Cámara que “ordenen que prosiga la investigación” porque “lo contrario importa la renuncia a la verdad y a la justicia”, dijo en su presentación.
Pero la Sala I de la Cámara Federal confirmó el 26 de marzo el rechazo a abrir la denuncia de Nisman. Por la desestimación votaron los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, mientras que Eduardo Farah lo hizo en disidencia. Tras el rechazo de la Sala I, el fiscal Moldes apeló el 31 de marzo el fallo ante la Cámara Federal de Casación. La Sala I de esa cámara aceptó que el tribunal penal más alto del país analice la acusación que hizo el fiscal fallecido.
La denuncia del fiscal Nisman contra el gobierno por supuesto encubrimiento por el atentado a la AMIA ingresó el 17 de abril en la Cámara Federal de Casación Penal, y el caso quedó a cargo de la Sala I que tenía que definir si abría o no la investigación, que ya había sido desestimada en dos instancias judiciales.
Pero antes, el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca era quién debía opinar y decidir si le daba curso o no a la denuncia, para que luego opinara Casación. El martes 12 de mayo la Cámara Federal de Casación Penal cerró formalmente la denuncia penal que el fiscal Alberto Nisman presentó contra la presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
Con esa decisión había quedado firme el fallo de la Sala I de la Cámara Federal, que desestimó la denuncia por considerar que había “inexistencia de delito”. En su fallo, Casación avaló la decisión del fiscal Javier De Luca, que dio por cerrada la investigación. De esa manera, Casación dio por desestimada la apelación del fiscal Germán Moldes. Los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Luis María Cabral procedieron de esta manera al cierre definitivo de la denuncia de Nisman contra la Presidenta y el canciller Héctor Timerman.
Pero eso no fue todo, el 26 de Septiembre de 2016, hubo un nuevo intento por reabrir la causa en base a una supuesta llamada que Moldes decía conocer entre Timermann y el titular de la DAIA Guillermo Borger, quien afirmaba que el ex canciller le había dicho que Irán había volado la Amia pero que había que encubrirlo. Pero una vez más la Cámara Federal desestimó la posibilidad de reabrir una causa, que a esa altura, ya estaba por demás estudiada. En su fallo los jueces incluyeron duros cuestionamientos contra Moldes y resaltaron que la causa estaba “definitivamente archivada”.
Pero los que sueñan con ver a Cristina presa no se rinden. El 29 de diciembre pasado, la Cámara Federal de Casación decidió reabrir la denuncia desestimada dos veces en instancias inferiores, y apartó a Rafecas y también a los camaristas de la Sala I Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.
Esta mañana Clarín tuvo su título soñado, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Ariel Lijo, decidió reactivarla, encomendándole al fiscal Gerardo Pollicita investigar medidas probatorias basada en suposiciones, comentarios periodísticos y escuchas clandestinas de poca relevancia. Lijo dispuso allanamientos, citación de testigos, cruces de llamados entre los denunciados y otras medidas.
Recordará el lector que hace solo minutos leyó, en el cuarto párrafo de esta misma nota, que el mismísimo juez Ariel Lijo se había declarado incompetente en la causa, y la pregunta que uno se hace es ¿Qué lo llevó a Lijo a cambiar de opinión luego de que tantos jueces y fiscales desestimaran la causa por inexistencia de delito?.
La explicación podría encontrarse en la incidencia que el poder político tiene en Comodoro Py. Además de ordenar la reactivación Lijo abrió un “incidente” para resolver si se queda con la causa o se la envía a… sí señor, a su colega y amigo Claudio Bonadío, quien la reclamó en octubre pasado argumentando tener a su cargo una in
vestigación similar más avanzada. Se trata de una denuncia “melliza” hecha bajo el insólito cargo de “traición a la Patria” por dos abogados de ultra derecha, el afiliado del PRO Santiago Dupuy de Lome, y José Magioncalda, un oscuro personaje, incansable denunciador del kirchnerismo y promotor de “cacerolazos” contra la ex presidenta. La última denuncia de Magioncalda fue tal vez la más absurda, en setiembre pasado denunció a CFK por “conspirar contra el gobierno de Macri”.
De esta manera, y luego de que alrededor de una decena magistrados, entre jueces y fiscales, determinaran que no hubo delito, la causa, no solo se reabre, sino que recae sobre el mismo juez que se declaró incompetente en la primera instancia, y todo indica que “la jugada”, en realidad, es dejarla a tiro del juzgado del “pistolero” que persigue a Cristina desde el día uno del gobierno de Macri. Claudio Bonadío.
RSS