
Los últimos informes realizados por el CEPA y el Observatorio de Derecho Social de la CTA muestran una capacidad de respuesta en alza de los trabajadores afectados por las políticas oficiales. Imaginan más conflictos en los próximos meses.
Los relevamientos muestran que las protestas y medidas de fuerza no ceden. Tomando el último trimestre del 2016, el CEPA registró un promedio 237 mensuales, es decir casi 8 conflictos diarios.
La tendencia es a una mayor conflictividad en el sector público, pero con las cargas bastante repartidas: los conflictos laborales de los estatales representaron el 55 por ciento y los del sector privado el 45.
Las razones que dieron origen a la conflictividad fueron la caída de los salarios, los despidos y las suspensiones, en ese orden de prelación.
Los informes difieren en su enfoque. El CEPA está a cargo de un dirigente kirchnerista, el economista Hernán Letcher, y contrasta las pérdidas de salarios y empleo actuales con los mejores números del gobierno anterior. El del Observatorio, centro vinculado a la CTA Autónoma (Micheli) y señala cada vez que puede que la situación laboral durante el kirchnerismo tampoco era tan buena, aunque reconoce la magnitud del daño que han generado las políticas PRO: “Para los trabajadores y las organizaciones sindicales, los resultados económicos del primer año del gobierno de Cambiemos han sido los peores al menos desde la crisis de fines de 2008 y principios de 2009”, plantea.
El CEPA augura para los próximos meses un escenario de mayor conflictividad, de cara a la apertura de paritarias del año en curso, “y ante un proceso constante de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, un ritmo inflacionario que no da tregua, y la posición del gobierno de poner un techo a la paritarias de un 17 por ciento de acuerdo a su meta de inflación estimada para 2017”.
El observatorio, a su vez, remarca que la reacción sindical frente a las políticas de ajuste “se mantuvo a lo largo de todo el año”. En gran medida, agrega, “el ajuste económico no llegó a tener la magnitud deseada por los funcionarios del Gobierno Nacional, y ello se debió a la fuerte resistencia operada contra los despidos y contra los límites en las negociaciones salariales”.
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