Junto con Graciela Marino, Enrique Arias Gibert firmó el fallo que enfureció al Gobierno a tal punto que pidió su juicio político. Es juez desde 1989, y asegura que nunca supo de un caso parecido y que el objetivo del Ejecutivo es “imponer el pensamiento único”.
El Ministerio de Trabajo presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra los camaristas del fuero laboral Enrique Arias Gibert y Graciela Marino por haberle dado la razón al gremio de los bancarios durante su reciente discusión salarial, que los enfrentó en simultáneo con el Gobierno y la banca extranjera. En su fallo, Gibert y Marino le exigieron al Ejecutivo que se abstuviera de interferir en la paritaria, porque entendieron que no existían razones legales para que lo hiciera. Fue uno de los factores que inclinaron la balanza en favor de los bancarios –junto al anuncio de un paro de 72 horas–, y que le permitieron perforar el techo del 18 por ciento de aumento que intenta imponer el Gobierno. Tras firmar el acuerdo a regañadientes, el Ministerio de Trabajo redobló la apuesta y pidió la destitución de Gibert y Marino, bajo los cargos de “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución nacional”. En diálogo con PáginaI12, Gibert replicó que los funcionarios que lo denunciaron “parecen nenes caprichosos que desconocen la legalidad” y que su fallo “respetó la ley y protegió un derecho colectivo”. “En Argentina, como sabemos, hubo abogados y funcionarios judiciales entre los desaparecidos, hubo y hay amenazas contra jueces, pero desde que yo empecé a ejercer, en 1989, nunca había visto algo así: que el Poder Ejecutivo intente sancionar a un juez por el contenido de un fallo”, le dijo a este diario. “Es como una policía de pensamiento”, remarcó.
–¿Cree que detrás del pedido de juicio político hay un intento de disciplinar a los jueces, como dijeron ayer los gremios y la oposición?
– En principio, no me corresponde a mí hacer especulaciones, pero en este caso hubo muchas cosas raras. Supongamos que el Gobierno considera simplemente que el fallo es incorrecto. Pero resulta que terminó firmando el acuerdo paritario, así que no se entiende su planteo. La denuncia es contradictoria con sus propias acciones. Incluso habían apelado el fallo y fueron derrotados. Lo único que planteamos fue que el Ministerio de Trabajo no interfiera en la paritaria.
–¿Lo considera una torpeza del Gobierno?
–Creo que es un error, pero no me gustan las suspicacias. Me atengo a los hechos objetivos: insisto en que el Ministerio de Trabajo no puede anular una paritaria o fijar un techo salarial si no tiene una razón legal para hacerlo. El Ministerio no es el titular de ningún derecho, como tampoco lo es el Poder Judicial. Los titulares son las asociaciones gremiales y las asociaciones de empresas. El Estado interviene sólo cuando la legalidad está amenazada: cuando lo que se intenta es imponer un convenio por debajo de lo que dictan las leyes laborales o se afecta la competencia.
–Usted habla de error, y el Gobierno viene admitiendo varios últimamente. ¿Espera que también lo haga en su caso?
–Algo insinuaron recientemente: dijeron extraoficialmente que están haciendo “intentos” para ver si tienen o no consenso en el Consejo de la Magistratura. Veremos. No me gusta hacer especulaciones sobre el futuro, pero estoy seguro que el pedido de juicio político es legalmente inadmisible.
–¿Teme que se active el enjuiciamiento?
–El sólo hecho de haber pedido la destitución para el Gobierno ya está siendo un problema, lo que es de público conocimiento. Espero que abrir las puertas a que un juez sea llevado a jury de enjuiciamiento por el contenido de un fallo, que le puede gustar o no al Gobierno, abre la puerta al fin de la división de poderes. Creo que más allá de las mayorías o minorías políticas en el Consejo de la Magistratura, quienes lo integran no van a poner en riesgo el Estado de Derecho.
El fallo y la paritaria
Gibert y Marino dieron curso a fines de enero, durante la feria judicial, a una medida cautelar pedida por los gremios bancarios. El fallo daba por válido el preacuerdo firmado en noviembre, del que participó el 80 por ciento de las patronales del sector financiero y al que se opuso en soledad la banca extranjera, nucleada en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA). Los camaristas también le exigieron al Ministerio de Trabajo que dejara de interferir en las negociaciones. El Ministerio apeló y obtuvo una segunda derrota judicial. Tras el anuncio de un paro de 72 horas, el jueves pasado, el acuerdo paritario se firmó: 24,3 por ciento para este año, muy por encima del techo del 18 que impulsa el Ejecutivo. Incluso, considerando las compensaciones cobradas por los bancarios en enero, el aumento el año pasado fue de un 44 por ciento, según lo reconoció una de las cámaras del sector, la Asociación de la Banca Especializada (ABE). Para Gibert, el Gobierno reaccionó denunciándolo “como un nene caprichoso que pierde dos veces y, como pierde, quiere llevarse la pelota”.
–¿El Gobierno intentó beneficiar a la banca extranjera?
–Es que la banca extranjera terminó firmando tranquila el acuerdo. El que realmente se oponía, entiendo yo, es el Ministerio de Trabajo. Incluso presentó un recurso in extremis ante la Cámara II contradiciéndonos y volvieron a perder. Se comportaron como un nene caprichoso que pierde dos veces y como pierde quiere llevarse la pelota. Pero de todas formas están las leyes laborales y la Constitución, y lo que hemos hecho es actuar en función de ellas.
–¿Las leyes laborales argentinas ayudan en este tipo de casos?
–Está muy claro que las empresas son un sujeto de mayor poder frente a un trabajador. Pero no considero que haya una legislación de avanzada en temas laborales. Muchas veces debemos apelar a los convenios de la OIT que, son mejores que las leyes laborales de nuestro país.
–¿Para qué cree que servirá, si sirve de algo, este caso?
–Para que todos los ciudadanos entiendan que estamos en un Estado de Derecho que tiene que ser defendido. Los pueblos que no luchan por sus derechos no merecen tenerlos. Yo hubiera podido dictar cualquier sentencia pero si no hubiera habido resistencia y organización sindical hubiera sido otro el resultado del conflicto.
–¿Por qué considera que hay una “policía de pensamiento”?
–Cuando dicen que existen los partidos republicanos me río porque no hay otra alternativa que ser republicano, democrático, respetar la independencia de poderes. Es un derecho de todo ciudadano y no un partido. Como sabemos, hubo en nuestra historia abogados y funcionarios judiciales entre los desaparecidos, hubo y hay amenazas contra jueces, pero desde que yo empecé a ejercer en 1989, nunca había visto algo así: que el Poder Ejecutivo intente sancionar a un juez por el contenido de un fallo. Acá nos quieren imponer el pensamiento único: una sociedad sin enfrentamiento, una idea bastante peligrosa que lleva justamente a la nada misma.
Fuente: Página/12
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