Organizaciones, historiadores e investigadores se declaran en alerta ante la decisión del Gobierno Nacional de eliminar expedientes judiciales correspondientes a los años comprendidos entre 1941 y 1982. La medida alcanza a archivos históricos originales del período de la dictadura.
Por resoluciones administrativas del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Modernización de la Nación, en 30 días el Gobierno Nacional empezaría a destruir expedientes judiciales con importante contenido histórico.
Ante esta situación, instituciones como el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr Emilio Ravignani”, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) y la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) -entre otros- convocan a firmar el Petitorio de Resguardo del Patrimonio Histórico Nacional Argentino para protestar ante el cambio de la legislación.
Según los investigadores, el Edicto Nº 5795/17 del Archivo General del Poder Judicial de la Nación publicado el 6 de febrero de este año permite la destrucción de expedientes judiciales de Juzgados de Instrucción correspondientes a los años comprendidos entre 1941 y 1982.
“La documentación que se estaría destruyendo corresponde a litigios que ya habían ingresado en el Archivo General para su resguardo. Al convocar solamente a las ‘partes interesadas’ en la conservación a presentarse en el plazo de 30 días de la publicación en el Boletín Oficial, no atiende a las posibilidades que la tecnología garantiza para la digitalización y resguardo de la información”, apuntan los historiadores en el petitorio firmado por reconocidas especialistas del país.
A esta medida se le suma la Resolución Nº 44/2016 (ver boletín oficial) del 30 de diciembre del 2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa que apunta a regular el proceso de digitalización, archivo y conservación de documentos de gestión en soporte papel y en formato digital en el ámbito del sector público nacional.
Los investigadores afirman que “no existen certezas en lo referido a la información sobre los servidores en los cuales se almacenan los documentos electrónicos, la gestión informática de los mismos, el respaldo en caso de ataque cibernético, y el sistema de encriptado que prevengan cualquier tipo de modificación posterior”.
“La documentación sobre la que se quieren aplicar estos procedimientos no sólo es fundamental para el interés de los investigadores en su afán de reconstruir el pasado del país y de estas instituciones, sino que lo es aún más para los ciudadanos”.
Además acusan que la Resolución Nº 44/2016 “no garantiza la autenticidad ni posibilidad de recuperación de los documentos que genera el Poder Ejecutivo Nacional” ni tampoco protege la integridad física del material ni el respaldo seguro de la preservación digital.
En este marco, los investigadores solicitan que se suspenda “de inmediato” la aplicación de estas disposiciones hasta tanto se expida al respecto una comisión de trabajo integrada por representantes de las carreras de Historia y Derecho de las Universidades Nacionales, Institutos y Unidades Ejecutoras del CONICET y asociaciones e instituciones representativas del quehacer archivístico e historiográfico.
Fuente: “La Tinta”
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