POLÍTICA

Juicio en EE.UU. contra Argentina por la compra del avión presidencial

Juicio en EE.UU. contra Argentina por la compra del avión presidencial

Argentina volvió a ser demandada en los tribunales de Estados Unidos. La presentación judicial fue realizada por una empresa norteamericana que se dedica a intermediar en la compraventa de aeronaves. La compañía se llama Engage Aviation y exige 522 mil dólares a la Casa Rosada. La deuda corresponde al incumplimiento de un contrato con esos intermediarios estadounidenses que además de un viaje presidencial a Colombia involucraba el posible reemplazo del Tango 01 por un Airbus Corporate Jet 319. El monto en disputa puede parecer insignificante frente a los 16.500 millones de dólares involucrados en el oneroso acuerdo con los buitres. Sin embargo, la denuncia expone un nuevo caso de conflicto de intereses en el corazón del gobierno de Mauricio Macri. La maniobra, presentada en un escrito se suma a las irregularidades denunciadas por la quita de la deuda del Correo Argentino con el Estado y la venta de MacAir a Avianca.

La licitación internacional para comprar un nuevo avión presidencial fue presentada a comienzos de febrero: Argentina desembolsaría alrededor de 65 millones de dólares y el elegido sería un Boeing Business Jet 737. Sin embargo, las negociaciones con los vendedores e intermediarios interesados en el negocio comenzaron el año pasado. Una de esas conversaciones tuvo como protagonista a Engage Aviation. La empresa intermediaba en la venta de un ACJ-319 propiedad de “un conglomerado extranjero” que la puso a la venta a través de HK Jet, una firma radicada en Hong Kong. Los estadounidenses pedían 39,9 millones de dólares y, según figura en la presentación judicial, la oferta planteaba facilidades de financiamiento y contemplaba la posibilidad de que el Tango 01 –el avión habría sido visitado por el CEO de la empresa, Philip Carey, a mediados del año pasado– fuera entregado en parte de pago. Pero Engage Aviation no tenía la exclusividad para ofrecer el avión ante potenciales compradores. El otro intermediario era una empresa suiza llamada Comlux que pedía 46 millones de dólares.

La propuesta para el Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, fue enviada el 22 de agosto a través del responsable de coordinar la movilidad de Macri y gerente de MacAir, Carlos Cobas. Y, aunque al mes siguiente terminaron trasladando al presidente hasta Colombia, Engage Aviation denuncia que la única carpeta que llegó al escritorio de De Andreis fue la de los suizos. La oferta de los helvéticos era 6,1 millones de dólares más alta pero contaba “con la asistencia de Carlos y Diego Colunga”. El primero de los Colunga, Carlos, es un histórico ejecutivo de MacAir y actual vicepresidente en su seguidora, Avian Líneas Aéreas. Su hijo Diego es dueño de Unicos Air, una de las empresas de charters contratada por Macri durante su campaña presidencial.

El texto presentado en los tribunales de la División de Tampa remarca la trayectoria laboral de Cobas: “Un alto funcionario del Gobierno y ex director de MacAir, una compañía de vuelos charter propiedad de la familia Macri”. Durante años Cobas se desempeñó como gerente de MacAir pero la presentación de Engage Aviation es algo imprecisa ya que en los registros de aportes a la seguridad social nunca dejó de figurar como empleado de Avian Líneas Aéreas, la continuadora de la aerolínea del Grupo Macri. En la Casa Rosada aseguran que el Director de Logística, quien ya presentó su renuncia, dejará su cargo en los próximos días para volver al sector privado, ámbito del que nunca se fue.

En su rol de empresario-funcionario-empresario, Cobas está imputado en la investigación por las “presuntas irregularidades” en la venta la aerolínea de MacAir a Avianca. Es la misma pesquisa en la que el fiscal Jorge Di Lello imputó al Presidente, a su padre Franco y a funcionarios y empresarios entre los que también figuran los Colunga. Por su parte, Cobas también fue protagonista en la arbitraria redistribución de espacios en los hangares del Aeroparque Jorge Newbery. Según reveló este diario a finales del mes pasado, el funcionario que dependía de De Andreis favoreció a sus empleadores de Avian Líneas Aéreas y a la firma Baires Fly en perjuicio de Aerolíneas Argentinas y el espacio reservado a Presidencia en ese aeropuerto.

Ida y vuelta a Cartagena

Hasta ahora la Secretaría General de la Presidencia alquiló aviones privados o utilizó vuelos de línea. El problema es que los primeros exponen a Macri a potenciales conflictos de intereses mientras que los segundos acarrearían problemas de seguridad. En su visita a Madrid la ida la hizo en Iberia, una de las responsables del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. Para subsanar el error regresó a Buenos Aires en un vuelo de la línea de bandera donde se encontraron 64 mil pastillas de éxtasis. El escrito presentado por Engage Aviation en las cortes de Florida explica que, atento a la decisión oficial de renovar la flota presidencial, Engage Aviation le ofreció al Gobierno el avión ACJ-319 matrícula VP-BEX. Cuando las negociaciones por la aeronave comenzaron a tomar forma, el Gobierno solicitó un vuelo de prueba.

El viaje se concretó el 26 de septiembre de 2016 cuando Macri se trasladó a Cartagena para presenciar la firma del acuerdo de paz entre las autoridades colombianas y las FARC. Como la aeronave debía volar desde Singapur donde estaba estacionada, el costo por la demostración era 764.189 dólares. De acuerdo al contrato presentado como evidencia y que lleva la firma de la subcordinadora de Asuntos Presidenciales, María Lucía Bonetto, esa cifra se conformaba por la suma de tres ítems: 250.539 dólares por el viaje a Cartagena, 200.000 dólares como depósito de seguridad y 313.650 dólares para el regreso hasta Singapur. Los últimos dos elementos debían pagarse en caso de que, como finalmente sucedió, la compraventa se frustrara.

La denuncia de Engage asegura que en medio de una tensa negociación Presidencia transfirió apenas una hora antes del vuelo 241.770,13 dólares. Aunque estaba por debajo del monto acordado, el viaje a Colombia se realizó, pero el resto del pago nunca se depositó. Por eso, Engage demandó al Estado argentino en los tribunales de Tampa. Reclama 522.418,87 dólares, la diferencia entre lo recibido en su cuenta del Chase Bank Sarasota en septiembre del año pasado y lo pactado en el contrato. Solicita además que le abonen los costos del litigio.

Desde la Secretaría General de Presidencia explicaron a PáginaI12 que la empresa recibió el pago correspondiente por el monto acordado para el traslado de Macri y su delegación a Colombia. Reconocen, de todas formas, la existencia del reclamo pero aseguran que todavía no recibieron ninguna notificación formal por la denuncia en los tribunales de Miami y acusan a la empresa demandante de falsear su vínculo con la fabricante Airbus. “Alegan haber actuado como representante de Airbus y tenemos cartas de los más altos directivos de la empresa desconociendo que existan entre ambas una relación comercial. El Estado argentino utilizó servicios de traslado necesarios para que el Presidente pudiera estar en la reunión internacional de Colombia y pagó ese servicio. Eso fue lo que se acordó pagar y lo que se pagó a la empresa denunciante”, expresaron desde la Casa Rosada. Las consultas de este diario sobre el contrato firmado por Bonetto que acompaña la denuncia no fueron respondidas.

Por Tomas Lukin

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