El Ministerio de Trabajo dejó de ser el árbitro que genera el ámbito de discusión paritario para ser una herramienta de condicionamiento de los acuerdos, según las necesidades del sector empresario y del propio gobierno. La búsqueda de una baja del “costo laboral”.
El trabajador como un costo
Por Rodrigo Ruete *
Durante el discurso del Bicentenario de la Independencia, el presidente Mauricio Macri habló de los “costos laborales”. Quizás ese “lapsus” no sea casual cuando vemos que en el mundo de hoy el debate más importante de la época tiene que ver con la capacidad soberana de los Estados nacionales de actuar sobre la creación de puestos de trabajo para toda su población. Si las empresas globalizadas son las que definen la división del trabajo seguiremos profundizando un proceso de concentración económica que expulsa cada vez más trabajadores. Como dice el investigador del CONICET, Pablo Chena: “los Estados no pueden renunciar a generar una división del trabajo que garantice un lugar a todos sus integrantes”. Mientras los pueblos del primer mundo reaccionan contra este fenómeno, en la Argentina asistimos al gobierno de los CEOs.
El macrismo repite una y otra vez que el problema son los trabajadores y sobreactúa los gestos de seducción hacia empresas globales en el Foro empresario de Davos; o se expone al ridículo por convenios entre el Ministerio de Trabajo con McDonald’s y, al mismo tiempo, busca ponerle techo a las paritarias, para demostrar cómo la reconversión económica que propone se apoya en el ajuste a los trabajadores. El sector agropecuario, principal destinatario de las políticas públicas oficiales, no resuelve el problema del empleo en la Argentina, al tiempo que la actividad industrial registra una caída del 9,5 por ciento interanual en febrero de 2017, lo que ensombrece las perspectivas laborales. En un reciente encuentro de GESTAR, el profesor de Columbia Martín Guzmán, adjunto de Joseph Stiglitz, sostuvo que “es necesario proteger un sector industrial que incorpore mano de obra de baja calificación”.
La apertura de las importaciones, la destrucción de empleo y el enfriamiento de la economía intentan disciplinar a los trabajadores para que no luchen por un mejor salario en las paritarias, mientras ven como su sueldo se va por la canaleta del tarifazo y la inflación. Así, caen en manos del endeudamiento familiar de las tarjetas de crédito o los préstamos personales que florecen a tasas usurarias en los barrios del conurbano.
El mejor puente para cerrar la grieta o para demostrar que la retórica del diálogo tiene resultados deberían ser las paritarias. Esta podría ser la oportunidad del Gobierno de Macri de demostrar un modelo de integración social. Por el contrario, el Ministerio de Trabajo dejó de ser el árbitro que genera el ámbito de discusión paritario para ser una herramienta de condicionamiento de los acuerdos según las necesidades del sector empresario y del gobierno. Con este fin lleva adelante tres estrategias simultáneas de disciplinamiento laboral.
La primera fue instalar en la opinión pública que la inflación del 2017 rondará entre el 12 y el 17 por ciento para ponerle, de esa forma, un techo a la negociación y dejar fuera de la discusión el impacto del 41 por ciento de inflación del 2016 en salario de los trabajadores. Mientras desde la perspectiva del peronismo la medida del éxito de un gobierno se refleja en el poder de compra de sus trabajadores, para la mirada del Gobierno la medida del éxito se demuestra en la baja de los “costos laborales”, la idea que inspiró el discurso del Presidente para el Bicentenario de la Independencia.
Su segunda estrategia es promover un debate sobre la productividad, que esconde una maniobra de flexibilización laboral porque no pone el foco en el principal factor de aumento de la productividad que es la inversión. No es casual que al mismo tiempo que se propone el debate sobre las paritarias, el Ministro de Educación de la Nación se llama a sí mismo “el gerente de Recursos Humanos de la Nación” y proponga “preparar a los alumnos para la incertidumbre”. Así promueve lo que los sociólogos denuncian como la “corrosión del carácter” fruto de la “inseguridad social”.
La tercera estrategia es embarrar la discusión con un argumento remanido: los conflictos gremiales y los paros son políticos. En esto debemos coincidir. Es este el debate político más importante. El peronismo puede volver a sus fuentes doctrinarias y a su base de representación con este debate. Recuperar aquello de que “hay una clase de hombres, los que trabajan”, anteponer la bandera del “trabajo para todos”.
* Instituto Gestar.
Habrá resistencia
Por Santiago Fraschina *
La colisión de objetivos entre los diferentes responsables de la política económica del oficialismo –Hacienda, Finanzas, BCRA y jefatura de gabinete– es, tal vez, el principal limitante para que el gobierno armonice sus objetivos y avance hacia un plan consistente. Un crecimiento pírrico en 2017, traccionado por los sectores de actividad que no generan puestos de trabajo, o por un mero rebote estadístico, no alcanzará para apaciguar los reclamos de la calle. La evolución del poder adquisitivo, en función a la relación entre precios y salarios, será nuevamente una variable de alta relevancia.
En las últimas semanas estuvo muy presente en la discusión pública el caso de la paritaria docente, donde el gobierno buscó instalar como posible solución la oferta de un porcentaje de aumento salarial levemente por sobre el techo de los objetivos del programa antiinflacionario de este año, fijado en 17 por ciento, incorporando una cláusula adicional de ajuste automático, en caso de que ese tope se vulnere. Esta modalidad ya tuvo un antecedente concreto, a fines de 2016, donde la Provincia de Buenos Aires acordó con los trabajadores estatales un esquema de recomposición similar, y de vigencia plena para el corriente año. Así, a los fines de maximizar la probabilidad de consecución de la meta de inflación, diferentes representantes del poder ejecutivo han instalado la necesidad de que este dispositivo de reajuste salarial también se aplique para la negociación del ámbito privado, además de la obsesión por los objetivos de productividad. Todo esto, se enmarca en un año donde el cumplimiento del régimen de metas de inflación se erige como la línea de flotación del programa global de restricción monetaria, bajo el paradigma de que son los excesos de dinero en circulación los únicos determinantes del aumento de precios. La capacidad de alinear las variaciones económicas en pos de dotar de veracidad el objetivo inflacionario es crucial en todo esquema de metas de inflación. Un segundo año de incumplimiento podría erosionar ampliamente la confianza y socavar la credibilidad del régimen.
No obstante, desde que la institución “paritarias libres” se restituyó en nuestro país, las negociaciones de los diferentes gremios (y, por ende, el promedio general), se distanciaron sistemáticamente del avance general de precios. A lo largo de los últimos años, la brecha fue típicamente positiva, con excepción de un año de virtual empate y un año de deterioro. En un ejercicio contrafáctico, se podría analizar la separación entre la evolución de un índice de precios y el promedio de las paritarias, con el propósito de cuantificar lo que hubieran perdido los trabajadores, en promedio, en caso de que la negociación colectiva se redujera a un mero ajuste por inflación. Si tomamos el índice de la consultora de Miguel Bein, como escenario conservador, en el lapso de los últimos diez años el efecto de pérdida de poder adquisitivo se ha acumulado paulatinamente. En números, el deterioro en este caso hipotético donde se hubiera aplicado un ajuste por inflación en vez de celebrarse paritarias libres sería del 40,2 por ciento. Cabe aclarar que este número cae al 31,3 por ciento cuando se incluye el último año (2016), donde se verificó una caída de salarios reales en torno al 7 por ciento. También es relevante remarcar que este diferencial, ha sido favorable para los trabajadores en ocho de los diez años que van entre 2006 y 2015.
En un año donde el objetivo inflacionario se constituye como la columna vertebral del programa económico general, así como el eje principal para el cumplimiento de las pautas presupuestarias, el gobierno sabe que el número consolidado del promedio de las negociaciones colectivas salariales será determinante a la hora de alinear expectativas. La memoria fresca de tres mandatos constitucionales donde el trabajo ha recuperado participación en la distribución del ingreso en diez de los doce años, es un signo de época muy presente en la memoria colectiva. Sería difícil imaginar resignación y desánimo ante un segundo año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo para las mayorías populares. En especial, en una economía donde no existe salida de la recesión con caída de salarios reales.
* Economista, Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), Integrante de EPPA.
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