En el marco de una causa que tuvo tremenda repercusión nacional, y con el gobernador Ricardo Colombi sospechado de tener vínculos con el narcotráfico (ver nota), el ministro de Seguridad de la provincia, Horacio Ortega, tras dos semanas de los sucesos de Itatí, ordenó el recambio de efectivos en las comisarías de todo el interior y también en áreas específicas de la fuerza que tienen base en la capital. Esta disposición, según informa hoy el diario capitalino “Norte”, es ante posibles vínculos de policías con organizaciones criminales de narcotráfico, pero también de cuatrerismo en la zona sur de la provincia.
Carne secuestrada en la comisaría de Pueblo Libertador, departamento de Esquina.
Los hechos delictivos por parte de miembros de la fuerza ya habían quedado en evidencia con la detención en Esquina de un oficial y un suboficial acusados de robar ganado, hecho que fue minimizado por el Gobierno siendo que el ganado robado era faenado en la mismísima comisaría de Pueblo Libertador y tras un allanamiento fue encontrado parte del “botín” en dicha dependencia.
Pero el narcoescándalo de Itatí, en el que fueron detenidos el jefe de la Comisaría local, Diego Osvaldo Ocampo (protegido del ministro de Seguridad, Horacio Ortega), y sus subalternos Mario Molina y Gabriela Quintana, tuvo trascendencia nacional y forzó cambios en comisarías de toda la provincia.
El Comisario Ocampo en un acto con funcionarios del gobierno provincial.
Estos efectivos de la policía provincial están detenidos por orden del juez federal de Buenos Aires Sergio Torres, quien investiga el tráfico de estupefacientes desde esa localidad hasta la capital de la república. La sospecha es que éstos, además de conocer la actividad de las bandas de narcotraficantes pudieron haberles dado protección a cambio de dinero.
Después que el Ministerio de Seguridad de la Provincia reconoció que el Gobierno perdió el control sobre la Policía, se ordenó el recambio de efectivos en las unidades policiales de todo el interior y en áreas específicas de la fuerza de seguridad que tienen base en la capital provincial.
Al día siguiente del operativo en Itatí se le preguntó al titular del área de Seguridad provincial respecto a las investigaciones internas que se realizarían, pero éste afirmó que se evitarían las averiguaciones porque es responsabilidad de la Justicia Federal.
El Ministerio de Seguridad tardó dos semanas en ordenar los traslados de los policías. Esta disposición fue justificada en que es muy común que se lleven adelante cambios operativos y tácticos, pero queda claro que el gobierno intenta recuperar terreno ante la opinión pública con el clásico movimiento de piezas, que sirve para “mostrar”, pero nunca para “corregir”. Sin perder de vista que el movimiento se hizo recién tras quince días, tiempo fue más que suficiente para que cada alfil acomodara convenientemente a sus peones.
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