El titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, envió una carta documento a la jueza federal María Romilda Servini y otra a la diputada nacional Elisa Carrió, en las que les exige “en un plazo de 24 horas” que desmientan públicamente “falsas acusaciones” sobre supuestos “aprietes” y “presiones”. A Su vez, la líder de la Coalición Cívica le respondió con un pedido de juicio político.
Tanto Carrió como Servini habían cruzado a Lorenzetti luego de que la Corte validara el límite de 75 años establecido en la Constitución Nacional para la función judicial, lo que dejaría al borde de la jubilación a magistrada, de 79 años.
Elisa Carrió, por su parte publicó en su cuenta de Facebook un extenso comunicado explicando las razones del pedido de juicio político al presidente de la Corte:
COMUNICADO DE PRENSA
Buenos Aires, miércoles 5 de abril de 2017. La diputada nacional, Elisa Carrió, presentó hoy en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventuales delitos. Este pedido de juicio político se realiza en conformidad con lo dispuesto por el articulo 53 y concordantes de la Constitución Nacional.
El proyecto presentado por Carrió explica que se ha decidido acusar a Lorenzetti por mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos y se agrega que el presidente del Máximo Tribunal no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce.
“El inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República, en este caso en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, sostiene la diputada de la Coalición Cívica ARI en los fundamentos de su proyecto de resolución. “Coincidimos y compartimos con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la necesidad de terminar con el comportamiento mafioso y en la batalla que debemos emprender para sacarlos del poder, ese que muchas veces es usado para extorsionar y erosionar los cimientos de la República”, agrega.
Esta es la primera presentación de este juicio político, que será ampliado en su oportunidad con el análisis del rol del actual presidente de la Corte en la implementación de los seguros ambientales, así como de su vinculación con las empresas aseguradoras que prestan el servicio. Entonces se entregará la documentación que prueba hechos de gravedad institucional y un análisis sobre la matriz de relaciones que incluyen sociedades secretas a fin de cooptar a sectores importantes del Poder Judicial en beneficio de intereses empresarios, corporativos y sindicales, con el fin de garantizar la impunidad.
Carrió solicitará, además, la conformación de una comisión investigadora de las irregularidades del Poder Judicial.
Entre las personas que la diputada por la CC ARI pide que sean citadas a declarar, se encuentran, los jueces María Romilda Servini de Cubría y Ariel Lijo; el ex senador, Mario Cimadevilla; el ex secretario general de la Presidencia, Carlos Zanini, el diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto y su antecesor en el cargo, Leandro Despouy; la diputada porteña por la CC ARI, Paula Oliveto Lago y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, entre otros. (Se adjunta el proyecto de resolución que incluye, entre otras cosas, un capítulo sobre el manejo de las escuchas telefónicas).
Causales de Juicio Político Antecedentes del Dr. Ricardo Lorenzetti. Su llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De su oscuro patrimonio.
Lorenzetti vive en Puerto Madero, en un departamento sobre Olga Cossenttini. Parecería pertenecer a Ratio S.A., una firma que se dedica a los “servicios inmobiliarios” y posee domicilio fiscal en Sarmiento al 400, en Rafaela. En esa dirección figuran servicios a nombre de Pablo Ricardo Lorenzetti, el mayor de los hijos del presidente de la Corte. Sin embargo, Lorenzetti no incluyó ningún departamento en Puerto Madero como propio en el apartado “bienes inmuebles en el país o en el extranjero”.
De la usurpación al congreso de facultades legislativas para no cumplir con la ley de ética en el ejercicio de la función pública. La ausencia de transparencia en su patrimonio.
En primer lugar, el sistema de declaraciones juradas patrimoniales que impuso Lorenzetti para los miembros de la Corte Suprema es un sistema preparado deliberadamente para evadir la ley de ética en el ejercicio de la función pública y no exhibir el patrimonio de los jueces de la CSJN. El sistema de consulta de las declaraciones juradas no funciona. En segundo lugar, ante presentaciones que hicieron los diputados Carrió y Sánchez los jueces de la CSJN sí entregaron las declaraciones juradas. Pero con otra particularidad: las declaraciones juradas no individualizan la cantidad de bienes, como tampoco cuántos automotores tienen, ni acciones en qué sociedades ni su porcentaje, sin cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 de la ley de ética pública.
“Pyme Rural”. Canje de cheques de clubes de futbol. ¿Una mutual como pantalla de una financiera?
Tal como denunció Carrió ante el Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Federal N° 1 a cargo de la Dra. María Romilda Servini en la causa conocida como “Futbol para Todos” la mutual Pyme Rural se investiga en esa causa porque cambió cheques de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) y distintos clubes de fútbol. El 54% del padrón de asociados de Pyme Rural realizaron su adhesión el mismo día, el 15 de mayo del 2015, entre ellos el Presidente de la Corte, sus hijos, socios y demás familiares.
Oscura e irregular matriz administrativa del Poder Judicial de la Nación.
La transferencia de estructuras propias del ámbito de actuación y control del Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se encuentra en contraposición al artículo 114 de la Constitución Nacional. El proceso de desarticulación de los mecanismos de participación en la toma de decisiones y de control interno de la administración y/o gestión de los recursos económicos, financieros y de recursos humanos del Poder Judicial de la Nación y el manejo discrecional de millonarios fondos extrapresupuestarios. Debilidad y ausencia del procedimiento de control interno. Concentración de las decisiones e inconsistencia en la administración de la Caja y la rendición de cuentas
Cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia.
Estructuras fundamentales en el control de la actividad del Consejo y del manejo de sus recursos presupuestarios habrían quedado en manos de personas estrechamente vinculadas a Lorenzetti, como es el caso del Secretario General de Administración, Marchi. A esta cooptación debe agregarse la “restitución” a la órbita de la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de oficinas cuya actuación debía quedar sujeta al Consejo de la Magistratura. Este proceso de cooptación habría culminado con la creación del “Comité Ejecutivo de Inversión del Poder Judicial de la Nación”.
Nadie controla a Lorenzetti: la destrucción del sistema de control interno.
El Consejo de la Magistratura cuenta con un sistema de control del manejo de los recursos económicos muy básico y muy limitado que habría sido marcadamente diluido a partir del año 2007, año en que asume la Presidencia de la Corte Suprema Lorenzetti.
Intento de no ser auditados. La disimulada negativa a la intervención de la Auditoría General de la Nación.
La pelea por la caja judicial durante las leyes de Cristina Kirchner para someter al poder judicial.
Cuenta cómo Lorenzetti adulteró la carta que le envió a la Presidenta, Cristina Kirchner, y que los Camaristas Federales habían redactado preocupados por la ley de reforma al Consejo de la Magistratura. El Presidente de la Corte había acordado con la mandataria previo al tratamiento en el Diputados los cambios en el proyecto traicionando la independencia de los jueces. Habría sido en una conversación entre ambos que Lorenzetti consiguió una concesión inconstitucional: que sería el máximo tribunal, y no el Consejo de la Magistratura como estipulaba el proyecto original, el que conservará parte de la administración de todo el Poder Judicial.
Sospechosos sorteos de la justicia: irregularidades en el sistema de informatización del poder judicial.
La empresa ganadora de la adjudicación del sistema informático, Atos Origin – Base 100, vinculada a Lorenzetti, en una licitación con sospechas de graves irregularidades es fuertemente criticada por sus graves deficiencias y limitaciones.
Carteles digitales: otra contratación irregular.
Se analizan varias contrataciones irregulares.
Discrecionalidad de los fondos anticíclicos.
El manejo irregular y discrecional de la obra social.
El Secretario General de Administración, Marchi, a través de una resolución de la Corte obtuvo la custodia y administración de los fondos remanentes de la Obra Social del Poder Judicial sospechados de irregularidades y sin cumplir la finalidad de cualquier Obra Social que no es otra que la prestación de los servicios médicos- asistenciales de los afiliados.
Irregularidades e inconsistencias en la formulación y ejecución del presupuesto.
Crecimiento del personal de la corte. Ausencia de los deberes éticos: designación y asignación arbitraria del personal.
Particular interés de Lorenzetti de intervenir en causas sensibles. Cuerpo de peritos del poder judicial.
Lorenzetti creó el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Publica, hoy integrado por unos pocos peritos de su confianza “absorbiendo” las causas más sensibles, a fin de sumar cada vez más poder.
Posible uso extorsivo de su poder en la AFIP de Santa Fe.
Se investiga si el Presidente de la Corte actuó como un puntero político que fue colocando en ese lugar clave del Estado Nacional personas de su confianza. Lorenzetti te escucha. El aparato de inteligencia paralelo que está construyendo a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de la nueva asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (que podrían funcionar como verdaderos agentes de inteligencia encubiertos), todo manejado sin independencia o con un disfraz de independencia que queda a cargo de personas con relaciones de amistad y de otra naturaleza con el Presidente de la Corte, quienes están en puestos claves. Manejo discrecional de los bienes decomisados en manos de la Corte a costa de la lucha contra el narcotráfico.
Los bienes decomisados en causas relacionadas al narcotráfico deben ser destinados a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo. Sin embargo, los bienes decomisados se utilizan para gastos de la Corte.
Negocio personal en nombre de su prestigio al frente de la corte. Violación de los deberes éticos.
Se cuenta sus negocios con la editorial Rubinzal Culzoni.
Sombríos intereses en la provincia de Salta.
El ex juez federal Reynoso y sus vínculos con el narcotráfico.
El juicio político analiza la relación entre Lorenzetti y Reynoso, procesado en diciembre de 2015 por la justicia por haber beneficiado a narcotraficantes. Dos meses antes, en octubre de 2015 el ex juez Reynoso conformó la Comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico convocada por Lorenzetti.
En nuestro país “llueve droga”. Asimismo, solicitamos se convoque a los siguientes para prestar declaración testimonial: Mario Cimadevilla, Claudio Cholakian, Pablo Hirschmann, Juan Carlos Cubría, Horacio Calciati, Carlos del Frade, Adolfo Athos Aguiar, Ricardo Monner Sans, María Romilda Servini, Gustavo Tita, Paula Oliveto Lago, Abel Cornejo, Margarita Escribano de Fayt, Natalia Aguiar, Leandro Despouy, Ariel Lijo, Alfredo Lijo, Oscar Lamberto, Sergio Gotti, Julio De Vido, Fiscal Ramiro González, Ernesto Gutiérrez, Carlos Zanini, Adrián Ventura, Adrián Werthein, Alberto Rodríguez Saa, Julio Alak, Julio Vitobello, Julián Álvarez, Abel Cornejo, José Granero, los directivos de la editorial Rubinzal Cunzoni SA
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