El desempleo y el subempleo describieron un salto de más de dos puntos. Aumentó la informalidad laboral y la precarización en las condiciones de trabajo. El empleo creado festejado en reportes oficiales son monotributistas y autónomos. El Gobierno empezó un decidido avance sobre derechos laborales con el fomento de contratos de pasantías desde el Ministerio de Trabajo, con la modificación de la ley de accidentes de trabajo, con reducción de beneficios en convenios colectivos (petroleros) y con rebaja de cargas patronales en acuerdos sectoriales. Además persigue a jueces que fallan a favor de sindicatos (bancarios y docentes). El plan Repro de protección estatal del empleo al cubrir parte del salario de empresas en crisis ha disminuido sustancialmente. El Gobierno vetó la ley “antidespidos” y armó una puesta en escena con la firma de un compromiso empresario-sindical para mantener los puestos de trabajo, que no se cumplió. Pocas compañías entregaron un bono de fin de año como se había publicitado desde usinas oficialistas. El salario real de trabajadores formales perdió de 6 a 8 por ciento y el de los informales se estima de 10 a 12 por ciento el año pasado. La disminución del poder adquisitivo ha sido más pronunciada en los estratos de ingresos más bajos. Esta impresionante caída en apenas doce meses no se recuperaría en las negociaciones paritarias de este año. El Gobierno exige y presiona a sindicatos y cámaras empresarias para que cierren paritarias no superiores al 20 por ciento cuando la inflación proyectada es de un piso de 25 por ciento. Lo consiguió con Comercio, lo sigue batallando con docentes además de desconocer la Paritaria Nacional Docente definida por ley y lo intentó con bancarios rechazando el acuerdo entre trabajadores y la patronal, atropello del que tuvo que retroceder. La cláusula gatillo incluida en las paritarias puede amortiguar parte de esa pérdida de poder adquisitivo. Cada uno de estos componentes ha terminado de conformar una crisis laboral que ha tenido una respuesta contundente con el paro nacional de actividades del jueves pasado.
Existían tensiones relacionados con la heterogeneidad del mercado de trabajo, un núcleo duro de informalidad que no podía romperse, estancamiento del empleo industrial y una fuerte disputa por el alcance del Impuesto a las Ganancias. Esas tensiones no fueron relajadas por el nuevo gobierno sino que las transformó en una crisis de proporciones que promete agudizarse, en especial en los sectores del comercio e industrial vinculados al mercado interno. La industria está transitando hacia una catástrofe como lo refleja la evolución de la utilización de la capacidad instalada que en febrero fue de apenas el 60 por ciento, con varias ramas en el 50 por ciento.
El acelerado deterioro del mundo laboral fue acompañado con el persistente discurso oficial de desprecio a trabajadores y a organizaciones gremiales. Hubo definiciones despectivas del presidente Mauricio Macri y de varios de sus ministros: “ñoquis”, “grasa militante”, “vagos”, “que trabajen sábados y domingos”, “deben ser más flexibles”. Esas y otras (des)calificaciones eran reiteradas en grandes medios de comunicación pero hasta ahora no habían sido expresadas por la máxima autoridad política del país. Esa barrera se rompió ratificando el carácter clasista que exteriorizan sin pudor los integrantes de la Alianza de combate al choripán. El presidente Macri ratificó su posición anti obrera en la tribuna empresaria del World Economic Forum, en Buenos Aires, el mismo día del paro, cuando sentenció que la economía marcha hacia menos trabajadores y más emprendedores. La agresión oficial hacia los trabajadores tuvo su respuesta en movilizaciones masivas y pacíficas y en un contundente paro nacional, reacción que es reconvertida por la red de propaganda pública-privada como una escalada de agresión contra el Gobierno. El agresor se victimiza diciendo que es agredido, conducta que ha sido estudiada en profundidad por la psicología.
El Gobierno diseñó una estrategia que combina avance sobre derechos laborales con transferencia de dinero hacia las obras sociales, la asociación de dirigentes sindicales al negocio del fútbol, la colaboración del Estado para facilitarles otros negocios vinculados a actividades comerciales y la amenaza de habilitar la jauría judicial. De esa forma pensó que lograría un pacto social implícito con jefes sindicales mientras va desplegando una acelerada transferencia de ingresos regresiva y disciplinamiento de las demandas de los trabajadores. Esos acuerdos de cúpulas están siendo desbordados por la magnitud de la crisis laboral provocada por la política económica de ajuste recesivo y apertura comercial.
Subestimación
Hasta hace muy poco, el despido de un par de decenas de trabajadores provocaba conmoción política y mediática. Ha habido un cambio considerable en esa reacción teniendo en cuenta que se registraron 241.774 despidos y suspensiones a noviembre pasado, según el relevamiento de economistas agrupados en Economía Política para la Argentina (EEPA). Esto equivale a un promedio de 650 despidos por día y el 69,8 por ciento del total en el sector privado. Tendencia que no ha aminorado en el primer trimestre de este año. Los trabajadores más castigados fueron los de la construcción y de la industria, en especial los metalúrgicos, textiles, de automotrices, de electrónicos, de electrodomésticos y de alimentos y bebidas.
La magnitud de la crisis laboral tiene una atención mediática relativa. Algunos análisis manifiestan cierta subestimación al considerarla como el tránsito necesario hacia una “economía normalizada luego de la experiencia populista”. En esa tarea de minimizar la destrucción de puestos de trabajo juega un papel clave el Indec de Macri al proporcionar la información para los análisis posteriores de la cuestión laboral. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) salió al cruce de la versión oficial publicando el reporte “Errores y omisiones” donde advierte de la utilización de una metodología estadística que subestima la cantidad de desocupados.
Una decisión controvertida de la administración de Jorge Todesca en el Indec fue la modificación de la proyección poblacional en el primer informe de empleo. La maniobra fue reducir la cantidad de niños y aumentar la de adultos incrementando así la Población Económicamente Activa (PEA). La fórmula de la tasa de desocupación consiste en la división entre el total de desocupados y la PEA. Al inflar el denominador, la tasa de desocupación resulta un número más bajo. Los economistas de CEPA explican que “si la encuesta releva 10 desocupados sobre un total de 100 que conforman la PEA, la tasa de desocupación es del 10 por ciento; pero si esos mismos 10 desocupados son sobre un total de 125 que conforman la PEA, la tasa de desocupación pasa a ser de 8 por ciento”.
Otro “error” del Indec de Macri detectado por el CEPA está vinculado al denominado ‘efecto desaliento’: el trabajador deja de buscar empleo por la crisis económica. Afirman que “este efecto resulta llamativo ya que en momentos de recesión, donde los hogares tienen menos ingresos, suele ocurrir que más miembros del hogar intentan buscar trabajo incrementando consiguientemente la PEA, como detalla el ‘efecto trabajador adicional’ (Lundberg, 1985)”. El Indec de Macri informó que en el cuarto trimestre del año pasado no se creó empleo disminuyendo la PEA y, por consiguiente, bajó el desempleo.
El CEPA sentencia que “tanto la modificación de la proyección poblacional como el ‘efecto desaliento’, conducta improbable en el corto plazo, constituyen variables que impactan en un menor guarismo de desocupación”. Estiman que sin las modificaciones realizadas por el Indec de Macri la tasa de desocupación de fines de 2016 hubiera sido de 2,4 a 3,4 por ciento más elevada.
Conflictos
El Presidente afirmó que la elevada conflictividad social espanta las inversiones. Durante el primer año de gobierno hubo resistencias puntuales, como al tarifazo, pero en general la mayoría de los agentes económicos y políticos ha entregado un nivel de tolerancia elevado pese al rápido deterioro de las condiciones socioeconómicas. A pesar de ello, la inversión doméstica y la del exterior registraron una fuerte caída, con excepción del ingreso de capitales especulativos. El último informe de FIDE señala que datos oficiales confirman que la inversión tuvo una caída interanual del 5,5 por ciento en 2016 y el ingreso de inversión extranjera directa disminuyó del 1,9 por ciento del PIB en 2015 al 1,1 por ciento en 2016.
Como se sabe, la recuperación del salario real es la principal herramienta para impulsar el crecimiento económico local en el corto plazo. Esto también lo saben consultores de la city inquietos con sus proyecciones de crecimiento 2017. Macri y los integrantes de la fragmentada gestión económica aseguran que la recomposición del salario real vendrá por la baja de la inflación –escenario que no se está verificando– y no por aumentos de paritarias por encima del techo impuesto del 20 por ciento. Incluso una eventual mejora de los ingresos reales que impacte en recuperación económica puede estar condicionada por “la persistencia de expectativas negativa por parte de los consumidores, el desplazamiento de la producción nacional por la importación (un caso paradigmático es el de los automóviles) y los incentivos a canalizar ahorro hacia las colocaciones financieras”, explica el informe de FIDE. Estos factores bloquearían la dinámica de la recuperación económica.
La crisis laboral fue generada por una política económica que castiga el empleo formal y el salario real. El primer paro nacional de actividades en el gobierno de Macri fue la expresión de rechazo a ese deterioro acelerado. Conflicto sociolaboral que ha ingresado en un sendero imprevisible para dirigentes sindicales acuerdistas y también para el líder de Macrilandia que asegura que la inflación baja, crece la economía, aumenta el empleo y que no hubo una huelga general.
Alfredo Zaiat
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