Viernes 7 de abril. Un día después de que las fuerzas de seguridad reprimieran a manifestantes que se estaban retirando de la autopista Panamericana; dos días antes de que la policía castigara con palazos y gas pimienta a docentes que querían hacerse oír en el Congreso. Ese día se repartió entre los diputados de Cambiemos el borrador de un proyecto que busca criminalizar la protesta social.
Una persona que esté en las calles pidiendo trabajo o salarios dignos, por el solo hecho de impedir la normal circulación del tránsito, podrá ser detenida, recibir una prisión preventiva y eventualmente, una condena de prisión efectiva. Es que la iniciativa, en su artículo 194, reza que “El que, sin creare una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación… será reprimido con prisión de tres meses a dos años. La pena será de dos a seis años si dichos actos fueran cometidos en ocasión de una manifestación pública con el uso o exhibición de elementos contundentes… o con la cara cubierta de modo de impedir su identificación”.
La norma prevé modificar otros artículos del Código Penal, de manera tal de que se cambie totalmente –y en perjuicio del manifestante- los conceptos de “amenaza” u “extorsión”. Pablo Serdán Y María Magdalena Silva, miembros de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) aportaron el documento, de cuya gravedad explican con un ejemplo: si se realiza una movilización al Ministerio de Trabajo para exigir a las autoridades una determinada medida y se concurre con elementos contundentes (como pueden ser los estandartes o bombos o los palos para tocarlos) y un juez considera que la protesta es ilegítima y que se trata de una amenaza a los funcionarios para hacer algo contra su voluntad, un manifestante podría estar preso hasta diez años.
Entre los fundamentos del proyecto, se invocan (sic) “hechos violentos que a diario se cometen y que poco a poco internalizamos como normales e inevitables cuando no son más que la negación del ejercicio de otros derechos constitucionales de la mayoría del cuerpo social”. Se apela al Protocolo Antipiquetes que el Ministerio de Seguridad aprobó en 2016 y, en un claro avance contra la independencia de poderes, se refiere que (sic) “dicho protocolo… debe apuntalarse desde la legislación penal para no dejar las decisiones finales en manos de las autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados”.
En los últimos tiempos el Gobierno siente que las mayorías apoyan su política de “mano dura” contra los piquetes. Se publican encuestas que avalan esa hipótesis. Ahora, y con fuerza de ley, se busca dar un golpe más a todo aquél que intente el disenso. Llegarán las desmentidas o el cerco blindado frente a un tema de extrema gravedad.
Pero ya vimos reprimir en una murga en la Villa 1, 11-14, en un comedor infantil de Villa Caraza, en una manifestación en la Panamericana, en un acto de maestros en el Congreso. Vimos a policías de civil sacando de los pelos aun grupo de mujeres en una pizzería en Plaza de Mayo. Vemos a diario grabaciones “caseras” de atropellos y abusos de autoridad. La penúltima, un policía de civil registrando a un indigente, intimidando a la propia persona que registraba la escena. La última (al cierre de esta nota), dos policías agarrando del cuello a una persona que los filmaba. A lo mejor se trata de meras casualidades. Pero después no digan que nadie avisó.
Por Diego Pietrafesa
Proyecto Modificacion Codigo Penal
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