Si el 2016 fue un año movido para las finanzas del Gobierno nacional, el actual vislumbra un escenario de profundización donde el festival de colocaciones pareciera ir más allá. En los últimos tres meses la deuda en moneda extranjera superó los u$s 25 mil millones y elevó el total generado desde diciembre de 2015 por encima de los u$s 80 mil millones.
La partición del ministerio de Economía y los cambios ocurridos a principios de enero tras la salida de Alfonso Prat Gay derivaron en la conversión del ex secretario Luis Caputo en ministro de Finanzas. Apenas 28 días después de su nombramiento, nación, provincias y privados habían anunciado nueva deuda por u$s 11.142 millones, la cual a fines de febrero ascendía a u$s 24.141 millones. El monto es superior si se toma en cuenta las últimas colocaciones en marzo y abril, donde se encuentran u$s 4.260 millones en Letras y Bonos.
Los números se desprenden de un preliminar del informe que esta semana publicará el Observatorio de la Deuda Externa. Arnaldo Bocco, director del organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo sostuvo que “el total de deuda en 14 meses asciende a u$s 80 mil millones y actualmente está superando los u$s 260 mil millones en total, por lo que representa más de la mitad del PBI”, incluyendo lo emitido para el pago a los “fondos buitres”.
“Es una cifra más que apreciable”, aclaró Bocco, “pero a corto plazo es administrable y así lo ven los acreedores externos”. El problema es la evolución analizada en el corto plazo ya que “hubo un crecimiento muy acelerado en muy poco tiempo y en apenas 14 meses el país se endeudó lo mismo que la dictadura entre el ´76 y el ´83”, agregó.
Para Andrés Asiain, economista y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), se trata de una “política deliberada cuyo objetivo a corto plazo, coyuntural, económico y electoral, es sostener el valor del dólar y generar un descenso relativo de la inflación”.
Sin embargo, remarcó que “a mediano plazo apunta a facilitar la apertura importadora para presionar a los sectores productivos, sindicales y políticos hacia una agenda de reducción estructural de los costos internos, laborales, impositivos, de seguridad social y empresariales”.
Además, el analista evaluó a la política económica de Cambiemos como “insustentable” ya que no genera capacidad de repago al relegar la importancia de la producción: “A muy largo plazo condicionará la agenda económica de cualquier futuro gobierno y lo dejará a merced de las imposiciones de los acreedores externos para obtener refinanciamiento y evitar crisis”.
La palabra crisis rememora inevitablemente al período 2001-2002. Sin embargo, el contexto actual está lejos de aquella época, cuando al finalizar la convertibilidad la deuda pasó del 53% al 147% del PBI y había dependencia de organismos internacionales. “Estamos muy por debajo de los 90 o el 2001”, explicó Bocco, “pero va a tener un impacto en el gasto fiscal muy importante y en 2018-2019 estaremos cercanos al 10% del gasto público para el servicio de la deuda”.
La posibilidad de reactivar la economía mediante inversión y deuda está lejos de representar una salida real. A propósito, Bocco señaló que “la economía en 100 años solamente se expandió cuando creció el consumo y apenas en el ´59-´60 la inversión traccionó el crecimiento productivo por la gran entrada de capital extranjero, el cual hoy va netamente a la esfera especulativa”.
En cuanto a que el Gobierno recurra al FMI, para Asiain es poco probable a corto plazo “a menos que haya un escenario fortuito para Cambiemos en las elecciones de medio término”. Bocco, sin embargo, consideró que la administración Macri actuará este año “para preparar la economía y poder el año que viene lanzarse a financiar con el Fondo”.
• Situación de la deuda externa en la región
La condición de los países regionales con respecto a la deuda con prestadores externos y su capacidad para hacerle frente muestra realidades diversas. En algunos casos, el sector privado compone la mayor parte del total emitido, relegando al Estado a una mínima porción.
En Chile, por ejemplo, la deuda externa representa el 65,4% del PBI. Sin embargo, la mayor parte de las colocaciones corresponden a entidades privadas: u$s 68.364 millones de los u$s 163.789 millones totales, mientras que u$s 55.822 millones corresponden a inversión extranjera directa, u$s 24.232 a Bancos y u$s 11.159 al Ejecutivo nacional. En apenas cinco años, la deuda creció 60%.
En el caso de Colombia, desde 2011 tanto el sector público como el privado crearon un ambiente que permitió el crecimiento de 58,7% de la deuda total. Actualmente, de los u$s 120.010 millones, u$s 48.702 millones son de privados y u$s 71.308 millones corresponden a la parte pública. Además, el nivel de deuda creció 20 puntos porcentuales y hoy representa el 41% de los u$s 282.376 millones que componen el PBI.
En una condición extrema se encuentra Perú, donde la deuda externa alcanzó los u$s 184.774 millones representando el 90% del PBI: u$s 91.480 millones corresponden a inversión directa, el sector privado acumula u$s 40.328 millones mientras que el público u$s 29.683 millones.
Brasil, la mayor economía de América Latina y una de las más grandes del mundo, posee una deuda externa cercana a u$s 315 mil millones, mientras que su PBI, en caída desde 2014, alcanzó los u$s 1.7 billones en 2016. Pese a la crisis política y económica actual y los recortes realizados por Gobierno, el financiamiento externo mostró un descenso desde diciembre de 2016 a febrero de 2017 de u$s 6 mil millones.
Fuente Ambito Financiero
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