POLÍTICA

Por un millón de votos

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Por Horacio Verbitsky –

El intenso y extenso repudio que provocó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, aplicando a un condenado por crímenes de lesa humanidad la derogada ley extraordinaria del 2×1, ha sembrado el desconcierto en quienes desde el gobierno nacional y la Iglesia Católica lo impulsaron, pero también en sectores de la oposición y en el propio tribunal. Nadie esperaba semejante reacción, que cruza todos los sectores sociales y los alineamientos políticos y que confluirá mañana en una movilización sobre la Plaza de Mayo que promete ser enorme. Incluso, mientras el papa Bergoglio pronunciaba su homilía dominical desde la ventana sobre la Plaza de San Pedro, medio centenar de personas exhibieron carteles de repudio al fallo.

La ley del 2×1 fue sancionada en 1994, 18 años después de los delitos por los cuales fue condenado el agente civil de inteligencia Luis Muiña, y derogada en 2001, una década antes de que fuera detenido. Se trató de una ley de excepción, concebida para descomprimir la situación en los penales, superpoblados de detenidos sin condena. Ni Muiña ni otros responsables de crímenes de lesa humanidad estaban entre ellos, ya que en esos años rigieron las leyes y decretos de impunidad de los sucesivos presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Al absurdo legal se suma el disparate constitucional, que desconoce la obligación de castigar en forma proporcional esos crímenes, como surge de los tratados internacionales de Derechos Humanos, que desde 1994 tienen jerarquía constitucional, y de la jurisprudencia acumulada desde entonces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, estuvieron entre los gestores del fallo. El 20 de marzo, Avruj y el asesor de Garavano, Siro de Martini, le pidieron en Washington al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el jurista peruano Francisco Eguiguren, y a su secretario ejecutivo, el abogado brasileño Paulo Abrao, que durante su visita a la Argentina este mes recibieran a los familiares de los militares detenidos y al nuncio apostólico, quien abogaría por la llamada reconciliación. Avruj fue el primer funcionario que se pronunció en apoyo de la sentencia de la Corte. Sin embargo, también él recibió la directiva de retractarse, cosa que hizo sin preocuparse por la prolijidad. Cuando lo celebró “no tenía cabal conocimiento del fallo” dijo. Luego escribió un artículo para la agencia estatal Telam (que operó a favor del proyecto eclesiástico) en el que dijo que “es inadmisible el uso de la figura del 2×1” y que “compartir las calles con personas que cometieron delitos atroces contra la humanidad sería algo negativo”. Marcos Peña Braun, quien es el estratega electoral del gobierno, fue el primero en cuestionar el fallo, y lo siguieron ordenadamente Rogelio Frigerio y Federico Pinedo, quien hasta anunció un proyecto de ley del oficialismo para oponerse. Garavano dijo que el 2×1 era una ley perversa contra la que siempre se había opuesto y que su aplicación a crímenes de lesa humanidad “debería estar fuera del debate jurídico”. El ministro ni siquiera descarta hacer algún tipo de presentación ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como si fuera un particular afectado por el fallo y no un miembro del Poder Ejecutivo que representa al Estado Nacional. En ese camino se va a tropezar con Sergio Tomás Massa, quien ya anunció que presentará ese recurso. Aunque se presente como opositor al gobierno, él tampoco puede ser peticionario porque no ha sido afectado ni es un defensor de los Derechos Humanos. Por eso, su suegro, Fernando Galmarini, está recurriendo a la libreta telefónica de sus tiempos en Montoneros, en procura de víctimas dispuestas a acompañar a Massa.

Desde la oposición, el presidente del bloque de diputados del FpV Héctor Recalde presentará un proyecto de ley aclaratoria sobre los alcances del 2×1, reivindicatorio de la soberanía popular sobre un poder contramayoritario. También circulan otros dos textos, preparados por el fiscal general Jorge Auat, a cargo de la Procuraduria de crímenes de lesa humanidad, y el fiscal Pablo Parenti, que dirige la Unidad sobre apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. El ex juez y ex ministro radical Ricardo Gil Lavedra, dio su aprobación al proyecto de Parenti. Una vez que todos tengan estado parlamentario, se compatibilizarán en Comisiones en procura de un texto único que pueda ser aprobado por unanimidad o amplísima mayoría, como contundente mensaje político. Esa sería una salida bienvenida incluso por algunos de los jueces que formaron la mayoría, sin imaginar las consecuencias sociales y políticas de lo que firmaron.

El analista Rosendo Fraga escribió en su newsletter de la primera quincena de mayo que el 2×1 sancionado por la Corte Suprema “se convirtió en un problema político”. Según Fraga, el fallo fue inspirado por la Iglesia Católica Apostólica Romana al plantear la denominada “reconciliacion” y convocar a su asamblea plenaria “a partícipes de ambos lados del conflicto de los años setenta para escucharlos”. Y antes la misma Corte había fallado por la prisión domiciliaria para un caso de lesa humanidad. “El gobierno acompañó e impulsó ambas acciones (de la Iglesia y la Corte) percibiendo en ellas la oportunidad de retener el voto del sector militar, que multiplicado por su contexto familiar, alcanza al millón de votos. Los dos miembros del tribunal designados a propuesta de Macri, votaron los dos fallos a favor de la extensión de los beneficios de la ley penal común a estos casos”. Fraga añade que frente las críticas de las organizaciones de derechos humanos, “el gobierno decidió tomar distancia e incluso criticó el fallo a través de funcionarios relevantes (Peña y Garavano). Este retroceso, no impedirá las críticas de las organizaciones de derechos humanos y los sectores políticos afines a ellas y puede hacer perder la adhesión electoral del voto militar, que en la segunda vuelta optó por Macri en aproximadamente 85 por ciento”.

El domingo, un nutrido grupo de personas se estacionó junto a la valla de ingreso a la Plaza de San Pedro, sobre la avenida de la Conciliación, que conmemora los tratados de Letrán de 1929 entre Benito Mussolini y el papa Pío XI, por los que la Iglesia Católica reconoció la soberanía del Reino de Italia, que a su vez le pagó una cuantiosa indemnización por las propiedades de los Estados Pontificios nacionalizadas. Forman parte del Grupo de argentinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, formado cuando Maurizio Macrì ganó las elecciones presidenciales y que se hizo presente durante su primera visita a Roma. Sus pancartas caseras decían  “Argentina. Memoria, Verdad,  Justicia”, “No 2×1. Nunca Más”, “No al 2×1 a los genocidas. Son 30 mil”, “Ninguna reconciliación. Prisión a los genocidas”. También había reclamos por Ni Una menos y por la libertad de Milagro Sala. Bergoglio participó en la ordenación de diez sacerdotes en la Basílica de San Pedro y concelebró la misa con el cardenal Agostino Vallini, el vicegerente Filippo Iannone, los obispos auxiliares de la diócesis de Roma, los párrocos de los nuevos curas y los superiores de los seminarios en que estudiaron. En su homilía dirigida a los fieles reunidos en la plaza, Bergoglio predicó a los nuevos sacerdotes que fueron elegidos “no para hacer carrera, sino para servis” y les aconsejó que “no hagan homilías intelectuales o elaboradas, hablen claro, hablen al corazón”, porque “la doble vida es una fea enfermedad en la Iglesia. El presbítero que ha estudiado mucho y tiene 1, 2 o 3 diplomas, pero no ha aprendido a llevar la Cruz de Cristo no sirve. Será un buen académico, un buen profesor, pero no un buen sacerdote”.

Aparte de las fotos que ilustran esta nota hubo otras tomadas para el diario Clarín, que por supuesto no las publicó. En cuanto desplegaron los carteles un policía romano pidió refuerzos. Acudieron a su llamado sérpicos de inteligencia de la DIGOS. Cuando se cerró el balcón del Papa, les recomendaron que “la próxima vez” pidieran permiso previo y que les sería concedido, recomendación que tomaron muy en serio. Mañana, en adhesión a la marcha sobre la plaza de Mayo, el grupo de argentinos se congregará frente a la embajada argentina, a la vista de la basílica de Santa Maria Maggiore, que habitualmente usa el Papa.

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