La ministra de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, pidió una semana de licencia oficial y no estará presente en la reunión de acuerdos de mañana, la primera luego de la movilización organizada por los organismos de DDHH en repudio al fallo que otorgó el derogado beneficio del 2×1 para genocidas, tras la decisión del Congreso de votar de forma express una ley interpretativa para limitar el beneficio habilitado por el máximo tribunal.
Según fuentes judiciales, “en principio” la licencia será “por una semana”, pero no indicaron los motivos. Por otra parte, el acuerdo de este martes quedó postergado hasta la semana próxima, cuando Highton se reintegraría a la Corte y el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, retorne de un viaje al exterior.
La Corte Suprema emitió un comunicado el viernes pasado en el que informó que unificará todos los pedidos pendientes de las defensas de los genocidas, bajo el mismo argumento que utilizó Muiña y los analizará dentro de diez días, cuando las partes se hayan expedido, a la luz de la norma sancionada por el Parlamento.
La jueza, que en diciembre cumplirá la edad jubilatoria, modificando su posición de votos anteriores, acompañó la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz en la acordada de la primera semana de mayo, en la que consideraron aplicable el beneficio otorgado por la Ley 24.390 —derogado en 2001, cuando estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida— al represor Luis Muiña, condenado en 2011 por delitos de lesa humanidad.
El voto de Highton de Nolasco el pasado 3 de mayo llamó la atención por el giro en los argumentos de la magistrada respecto de decisiones anteriores. En el voto con el que acompañó a Rosatti y Rosenkrantz, la jueza pasó por alto los argumentos que utilizó en otro fallo de 2009, cuando se negó a otorgarle el mismo beneficio al exmédico de la sala de partos del centro clandestino de la ESMA Jorge Luis Magnacco, al argumentar que se trataba de un delito permanente y que se aplicaba “la ley 24.410”, es decir la ley vigente en el momento en que deja de cometerse el delito.
Dos meses y medio antes del voto en el caso Muiña, Highton de Nolasco recibió el beneplácito del Gobierno para continuar ocupando su silla en el máximo tribunal después del 7 de diciembre, cuando cumplirá los 75 años, edad límite para integrar la Corte de acuerdo a la reforma constitucional de 1994.
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