El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata rechazó ayer la aplicación del 2×1 al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, reclamado por sus defensores oficiales para habilitar su salida de prisión. Etchecolatz, condenado en tres oportunidades a prisión perpetua por su responsabilidad en secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la última dictadura cívico militar, deberá permanecer en prisión. Ayer, el TOF 1 respondió de la misma manera a los pedidos de excarcelación que habían solicitado las defensas de Rufino Batalla, represor condenado por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención platense conocido como La Cacha, y Omar Alonso, apropiador de la nieta recuperada Natalia Suárez Nelson. La semana pasada había recibido un revés similar el capellán Christian von Wernich. No obstante, los organismos de derechos humanos locales advierten que La Plata es una “jurisdicción compleja” y se expresaron “preocupados” por el tratamiento que se le puede seguir dándole al tema ya que uno de los jueces federales, que además es integrante del TOF 1, habilitó la aplicación del 2×1 a un condenado de lesa humanidad en 2015.
El encargado de rechazar a Etchecolatz la posibilidad de salir en libertad condicional por la puerta que abrió hace diez días la Corte Suprema con la aplicación de la ley del dos por uno fue el juez Germán Castelli, subrogante del TOF número 1 y quien, en el caso del verdugo de la Bonaerense en tiempos de dictadura, actuó en carácter de juez de ejecución. En ese expediente, Castelli fue breve: se negó a realizar un nuevo cómputo de pena a partir de la aplicación del artículo número 7 de la ley número 24.390 –el que habilitaron son su voto mayoritario los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco– y a dejar a Etchecolatz en libertad condicional.
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Los fundamentos, dijo el juez, había que buscarlos en el rechazo a la excarcelación de Batalla, que elaboró ayer también y en los que, esta vez sí, fue detallista. En ese expediente, en donde su voto se combinó con los de sus colegas Pablo Vega y Alejandro Esmoris –el primero en rechazo, el segundo a favor de aplicar el dos por uno–, Castelli consideró que “no corresponde la aplicación de aquella norma, en tanto el imputado no estuvo, en ningún momento, detenido durante la vigencia” de la ley del dos por uno, que rigió entre 1994 y 2001, pero se tomó dos decenas de fojas para discutir las principales críticas de las querellas y la fiscalía al fallo de la Corte Suprema del miércoles 3 de mayo pasado.
“Los jueces se vieron moralmente obligados a no cumplir con el precedente de la Corte. La presión moral la ejerció la sociedad movilizada”, evaluó el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Emanuel Lovelli. El martes 9 de mayo, Abuelas había presentado argumentos detallados para rechazar la aplicación del dos por uno en todas las instancias judiciales que tuvieran que decidir la situación de condenados por apropiación de bebés durante la última dictadura. Ayer, el TOF número 1 –en su misma integración que en el caso de Batalla– le denegó el cálculo privilegiado a Omar Alonso, condenado por la apropiación de Natalia Suárez Nelson. Los argumentos de Abuelas fueron la base que utilizaron luego algunos otros organismos de derechos humanos, como la Liga Argentina por los derechos del hombre, para ejercer el mismo rechazo en otros expedientes, como el de Etchecolatz.
Tanto en el de Etchecolatz como en el de Batalla y en el de Alonso, las partes acusadoras opinaron que la aplicación del dos por uno era inconstitucional “por resultar incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”, por resultar “violatorio al principio de proporcionalidad de las penas, lo cual menoscabaría la confianza que el pueblo deposita en el Poder Judicial ya que tornaría irrisoria la pena que les fuera impuesta a los autores de tales delitos” y por ser similar a una amnistía, entre varios otros argumentos. Castelli los niega todos y, a pesar de eso, se ampara en las fechas para no habilitar el fallo supremo a otros casos. Etchecolatz estuvo detenido entre 1986 y 1987 y volvió a esa condición recién en 2001. Recibió su primera condena por delitos de lesa humanidad en 2006. Acumula tres a prisión perpetua. Batalla fue condenado a 13 años de prisión por su participación en crímenes de lesa humanidad sucedidos en La Cacha en diciembre de 2014, pena que aún no está firme. Fue detenido bajo prisión preventiva en octubre de 2010.
“Hay jueces que toman con cierta flexibilidad el otorgamiento de domiciliarias, pero la reducción de penas que significaba el 2×1 era demasiado”, continuó el abogado de Abuelas. Sin ir más lejos, Castelli fue el juez federal que le había otorgado a Etchecolatz la prisión domiciliaria por razones humanitarias. Para la abogada Guadalupe Godoy, querellante en las causas contra Etchecolatz e integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la habilitación de ese beneficio es “preocupante” y encendió la alarma sobre la aplicación del 2×1. “En nuestra jurisdicción uno de los jueces ya había fallado en el año 2015 en el mismo sentido que la Corte”, sostuvo. Habla de Alejandro Esmoris, que habilitó el 2×1 al represor Guillermo Duret, condenado por el crimen de Carlos Labollita. Ayer, Esmoris también votó a favor de recalcularle la pena a Batalla. El voto de Pablo Vega, en sintonía con el de Castelli, lo impidió.
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