De la redacción de Contrapoder -*
El ex vicepresidente Amado Boudou enfrenta un insólito juicio oral por la falsedad de la documentación de un auto del año 1992 por el que ayer, la Fiscal Stella Maris Scandura pidió una condena de tres años de prisión en suspenso. El único objeto de este juicio es lograr una condena, por mínima que sea, para evitar que se les caiga la estigmatización que hicieron del ex vicepresidente (así como se vienen cayendo todas las causas de las que lo acusaron), antes del inicio de la madre de todas las batallas, la causa Ciccone. Lo peor que le podría ocurrir al poder es que Boudou llegue a ese juicio limpio de otras causas.
Está probado en la causa que el ilícito fue cometido por los gestores, ya que las firmas, sellos, el llenado de los formularios, la verificación vehicular y hasta la declaración de un domicilio inexistente fueron obra de quienes gestionaron la documentación ante el Registro del Automotor. El juicio sólo se explica por la despiadada ofensiva política del juez federal Claudio Bonadio, el fiscal Guillermo Marijuan y buena parte de los funcionarios judiciales del edificio de Comodoro Py contra Boudou y cualquier integrante del gobierno anterior.
El ex vicepresidente, que en el momento del registro del auto no era funcionario, no tenía ninguna razón para falsear la documentación ya que el auto era de su propiedad, no perjudicó a ningún tercero y su interés fue inscribir el vehículo en Capital Federal dado que se había mudado a esa ciudad desde Mar del Plata, su ciudad natal.
Los principales acusados son el gestor y la titular del Registro del Automotor de la zona, pero Bonadio colocó a Boudou y a su pareja de ese momento, Agustina Seguín, como partícipes. En el fondo, el juicio tiene una curiosidad: trata sobre un auto que costó 20.000 pesos en 1992 y que hoy tiene un valor casi inexistente, pero la justicia gastó casi dos meses de sesiones y recursos para lograr plantear la falsedad, teniendo en cuenta que no hubo ninguna persona perjudicada. Antes de comenzar el juicio a Boudou se le ofreció realizar un juicio abreviado, aceptando menos de un año de condena, pero el ex vicepresidente rechazó la propuesta y exige ser absuelto.
El trámite de radicación del vehículo Honda CRX empezó en 2001, cuando Boudou se radicó en la Capital. El formulario 08 estaba a nombre del dueño original, Cayetano Campeone, que lo firmó al vender el auto. Esa documentación, junto con el formulario 04 –para transferencias de distrito–, Agustina Seguín se la entregó en 2003 a los gestores, junto con la cédula verde, la factura de compra del motor –el original se había fundido– y el certificado de importación. Boudou ni siquiera conoció a Andres Soto, el gestor. Está probado por pericias caligráficas y scopométricas que la letra con la que se llenaron las planillas y las firmas no son de Boudou ni de Seguín, y que los sellos son falsos. También la verificación resultó falsa. En el trámite se puso el domicilio de Berón de Astrada 2708, Villa Riachuelo, también con letra que no es de Boudou ni de Seguín, seguramente con el objetivo de radicar el vehículo en un registro en el que los gestores tenían buenas relaciones. La dirección de Berón de Astrada fue usada no sólo en ese trámite por los gestores sino en otros y, en total, habría unos diez expedientes sobre irregularidades cometidas por los mismos gestores.
El Registro del Automotor número 2, de la Capital Federal, a cargo de Graciela Taboada de Piñero, entregó el Título del Automotor y la cédula verde en base a la documentación que recibió de los gestores. Por esa razón estuvo también la funcionaria sentada en el banquillo de los acusados. Taboada de Piñero, Soto y otro gestor, Rodolfo Barsimián, son imputados como autores de la falsedad de documento público, con penas de uno a seis años de prisión. Boudou y Seguín figuran como partícipes necesarios. Según el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan “todos actuaron coordinadamente para transferir de manera irregular el vehículo”.
El juicio comenzó el lunes 8 de mayo. Tras la lectura de la acusación se les ofreció declarar a los imputados. El principal gestor, Soto, la titular del Registro, Graciela Taboada de Piñero, y la ex pareja de Boudou, Agustina Seguín, decidieron no declarar y se remitieron a sus respectivas indagatorias, que se leyeron de inmediato. De esa lectura quedaron en claro los siguientes hechos:
- Que todos los formularios fueron llenados por el gestor Soto, no por Boudou ni por Seguín. Eso lo reconoció Soto.
- La ex pareja del vicepresidente relató que fue ella quien le entregó al gestor la documentación: un formulario 08 firmado por el anterior dueño del vehículo, un 04 firmado por Boudou ante escribano público, la fotocopia de un DNI y la cédula verde, ésta última también a nombre del dueño original, Cayetano Campeone.
- Seguín contó que Boudou no tuvo ningún contacto con el gestor y el gestor señaló que nunca conoció a Boudou.
Sin embargo, el ex vicepresidente –asesorado por sus abogados Martín Magran y Jacobo Grosman– aceptó declarar y contestar las preguntas, principalmente de la fiscal Stella Maris Scandura. Boudou reiteró que ni él ni Seguín llenaron los formularios ni incluyeron datos falsos. Tampoco tuvieron relación con los sellos falsos ni la dirección inexistente ni la verificación vehicular truchas que se incluyeron en el trámite. La dirección de la calle Berón de Astrada 2708, inexistente, fue usada por esa gestoría en otros casos, lo que demuestra que no fue aportada por Boudou sino por los gestores que, según parece, tenían anudada una buena relación con el Registro del Automotor de esa zona, a cargo de Taboada de Piñero. Finalmente, el ex vicepresidente entregó para el trámite una fotocopia de un DNI con su verdadera dirección, pero en el expediente, simplemente usando una maniobra hecha con fotocopiadora, le incluyeron también el domicilio de Berón de Astrada.
En verdad Boudou no tenía ningún motivo para falsear el trámite: no es el que auto fuera de un origen dudoso, sino que era de propiedad del ex vicepresidente que decidió radicarlo en Capital después de mudarse desde Mar del Plata, su ciudad natal. Cuando se hizo el trámite, en 2001, Boudou no era funcionario.
Cuando le preguntaron por qué no se dió cuenta que en la nueva tarjeta verde figuraba una dirección que no era la suya, Boudou explicó que la tarjeta verde fue retirada por Seguín y que la puso dentro de la guantera. Por lo tanto, cuando él manejaba el vehículo, no es que tenía la tarjeta verde encima sino que estaba en la guantera y nunca se detuvo a leerla. Por otra parte, el título del automotor nunca le fue entregado.
Sobre la controversia respecto de su ex esposa Daniela Andriuolo, Boudou explicó que ambos llegaron a un acuerdo de divorcio en 1998 por el cual ella se quedó con un departamento en la avenida Colón de Mar del Plata y Boudou con una moto y ese auto. Más de 13 años después, en 2010, Andriuolo le volvió a pedir una nueva división de bienes, pero la justicia le rechazó el pedido este año, entre otras cosas por el acuerdo de 1998. Boudou entregó ese día la sentencia judicial que, además, cargó las costas en la ex esposa.
Más allá de estos avatares, la radicación del vehículo en Capital no tiene relación con la controversia porque se hizo tres años después del convenio de divorcio y diez años antes del nuevo reclamo.
El punto central en el juicio es la falsedad en la radicación del auto. Y en ese terreno, cerrando su declaración, el ex vicepresidente reiteró que ni él ni Seguín fueron los que incluyeron los elementos falsos en los formularios: las pericias caligráficas y spocométricas demostraron que no se trata de su letra y que los sellos en el trámíte y en la verificación fueron falseados.
Ayer, en la culminación de su alegato final, que comenzó poco después de las 11, la fiscal Stella Maris Scandura pidió una condena de tres años de prisión en suspenso para el ex vicepresidente Amado Boudou y tres de los otros acusados, por hallarlos “cómplices del delito de falsedad ideológica de documento público“.
Increíble!
*La presente nota fue armada en base a diversos artículos publicados por el periodista Raúl Kollmann, que investigó la causa a fondo.
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