ECONOMÍA

La mentira de la Garrafa social

La mentira de la Garrafa social

La garrafa social se vende a un precio que llega a duplicar el tope establecido por el Gobierno, denuncian entidades de consumidores. Esta situación tiene impacto en los hogares más vulnerables que no tienen acceso al gas de red y se agudiza con las bajas temperaturas. La asociación de consumidores Deuco, que dirige Pedro Bussetti, realizó un relevamiento y detectó que en el conurbano bonaerense y otros puntos del país la garrafa que en teoría deberían venderse a 135 pesos llega a ofrecerse a 280 pesos. “Es un abuso que el gobierno nacional debería frenar”, dice Bussetti.

El encarecimiento de la garrafa es un problema para una buena porción de los hogares. Según el Enargas, en la Argentina hay 8.167.409 hogares con servicio residencial de gas natural. De acuerdo al Censo Nacional de 2010, la cantidad de hogares es 12.171.675, por lo que se deduce que 4.004.266 hogares no tienen gas natural, un tercio del total. En tanto, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA calculó que en 2010 el 28,1 por ciento de los hogares no tenía conexión a la red de gas y que en 2015 ese porcentaje se redujo al 24,6 por ciento.

Desde 2015 se implementa el Programa Hogar, destinado a subsidiar a los hogares sin acceso a la red de gas natural. El Programa consiste en el depósito de dinero que en teoría permitiría acceder a una serie de garrafas de gas al año. Es recibido por hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimo vital y móvil o para familiares de una persona con discapacidad con ingresos inferiores a tres salarios mínimos. Se contempla el subsidio de 18 garrafas al año para los hogares de hasta cinco miembros y de 20 garrafas para hogares con más de cinco miembros. La cantidad de garrafas subsidiadas aumenta para los hogares del sur del país.

El esquema funciona de la siguiente manera: la Anses deposita directamente en la cuenta de los beneficiarios el dinero correspondiente a la garrafa (o si no envía el dinero a través del Correo Argentino) en base a un precio máximo aprobado por la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos. Esos precios son los siguientes: el fraccionador debe vender la garrafa de 10 kg a 70,6 pesos; el distribuidor, a 122,8 pesos y el comerciante tiene que ofrecerla al público a 135 pesos. El subsidio que aporta el Estado es de 115 pesos por garrafa. De modo que, si se respetara el precio acordado, el usuario tiene que poner 20 pesos de su bolsillo por garrafa, siempre y cuando no consuma por encima de las garrafas que contempla el programa.

“Las garrafas subsidiadas del ´Programa Hogar´, a 135 pesos, no se consiguen prácticamente en ninguna parte y en amplios sectores del Conurbano se termina pagando hasta 200 pesos por cada garrafa de 10kg”, advirtió Bussetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco). Las entidades de consumidores elevaron un reclamo al Ministerio de Energía aunque les respondieron que es un tema que maneja la Secretaría de Comercio, desde donde todavía no hay respuesta al problema.

El Centro de Estudios de Servicios Públicos y Privados (Cespup) publicó un relevamiento sobre el precio de las garrafas en Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, Salta y Jujuy. El informe registra que el 44 por ciento de las empresas distribuidoras no cumplen con los precios pactados. Sobre esa base de incumplimiento se montan los comercios, que también, es de suponer, incurren en avivadas. Según los datos del Cespup, las garrafas se cobran hasta 280 pesos, muy por encima de los 135 pesos acordados.

“Es un tema muy delicado”, indicó el defensor del Pueblo de Tucumán, Fernando Juri Debo. “Sólo las fraccionadoras están cumpliendo con el precio de la garrafa social, por lo que las personas que no pueden acercarse a las plantas deben pagar un precio muy superior al que está acordado. Esta situación se agudiza con la llegada del frío y afecta a miles de familias tucumanas que no puede acceder a la red de gas”, agregó. Por su parte, Bussetti constató que, por ejemplo, en San Vicente, provincia de Buenos Aires, la garrafa se vende a 220 pesos, mientras que en Armstrong, Santa Fe, a 250 pesos. En Hurlingham cotiza a 190 pesos, detalló.

Además de la falta de control sobre los precios, las entidades de consumidores denuncian que hay muchos hogares de bajos ingresos que ni siquiera están enterados de la existencia del programa.

Por Javier Lewkowicz
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