La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió que el Gobierno Nacional tiene “la obligación” de cumplir con la “liberación inmediata” de la militante de la Tupac Amaru, tal como había recomendado el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. El Ministerio de Justicia transmitió la resolución a los poderes Ejecutivo y Judicial de Jujuy.
La respuesta de la CIDH es ante la cautelar presentada por el CELS, Aministía Internacional y Andhes, que calificaron de “extorsiva” la detención y sostuvieron que el objetivo es “desarticular” la protesta social. La cautelar aceptada por la CIDH contra el Estado argentino es la primera de este tipo en toda la historia del organismo de derechos humanos.
Verbitsky también respondió al rápido comunicado emitido por el Gobierno Nacional, que proclamó su respeto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin aludir a la obligación de cumplir sus dictámenes, y se atajó advirtiendo que había transmitido la resolución del organismo regional al gobierno y a la Justicia de Jujuy. “Celebramos que el Gobierno Nacional respete el sistema interamericano de derechos humanos, pero se ratifica cumpliendo las resoluciones”, advirtió el titular del CELS.
Al hacer lugar a la cautelar, la CIDH subrayó la condición de “mujer, indígena, prominente líder social e integra de un sector representativo de la oposición política en Jujuy”, lo que ratifica también la denuncia de que la líder de la Tupac Amaru es “una presa política”, insistió Verbitsky.
Uno de los argumentos esgrimidos por los Ejecutivos nacional y jujeño de Cambiemos para incumplir con el sistema interamericano fue que los organismos internacionales no contaban con toda la información respecto de las causas contra Sala e invitaron tanto a los representantes de la CIDH como al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU a visitar el país.
La comisión presidida por Francisco Eguiguren —quien visitó a Milagro en el penal de Alto Comedero junto con la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño— advirtió hoy que la decisión de reclamar “la liberación inmediata” se tomó tras revisar “todos los procesos” en contra de la líder social y resaltó que poseía toda la información aportada por el Estado, inclusive de primera mano, en el caso de Gerardo Morales, con quien la CIDH se reunió a mediados de junio, antes de visitar a Sala.
Además, el documento del máximo organismo de derechos humanos a nivel continental, advierte: “Existen una serie de particularidades que rodean la privación de la libertad de la señora Milagro Sala e identificó múltiples factores de riesgo que incluyen presuntos hostigamientos, una amenaza de muerte y agresiones en su contra”.
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