De la Redacción de Contrapoder –
La jueza federal Cristina Pozzer Penzo procesó ayer al ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, a su cuñado, el ex comandante de Gendarmería José María Viero, y otras 16 personas, en la causa que investiga a una organización dedicada a la trata de personas y su explotación sexual en whiskerías y hoteles de Paso de los Libres. En la causa se cuestionan las habilitaciones comerciales de los perostíbulos y en ese marco la jueza pidió sendos informes a la Municipalidad y al Concejo Deliberante.
La resolución de Pozzer Penzo, además, traba embargos por $22.350.000 sobre los principales responsables y estuvo en línea con lo solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal que llevan adelante la investigación, Carlos Schaefer, Miriam Benitez y Fabián Martínez, de Corrientes, y Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
Aunque varíen las responsabilidades y la cantidad de casos por los que fueron acusados, la jueza consideró acreditado en el expediente que las 18 personas “son responsables de episodios de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la captación, traslado, acogimiento y explotación (…) agravado por haber sido cometido mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención de más de tres personas y por la cantidad de víctimas también superior a tres, y porque la explotación sexual se ha consumado”.
La gestión de Sincovez también estaría en la mira
La jueza ordenó que se requiera a la Municipalidad y al Concejo Deliberante de Paso de los Libres que “informen la nómina del personal y cargo en funciones o con licencias, en período 2015-2016, desde (los responsables) de la intendencia hasta los escalafones de maestranza o auxiliares, con número de documento, como personal contratado”. El requerimiento se sustenta en el hecho de que, durante ese período, aunque habían sido denunciados y debían ser clausurados, los locales ilegales continuaron funcionando con la complicidad del municipio.
Las habilitaciones comerciales son firmadas por el Secretario de Gobierno José Sincovez; y la Dirección de Comercio, encargada de clausurar locales sin habilitación comercial, está bajo su órbita.
Fuentes cercanas a la causa comentaron a Contrapoder que, cualquiera fuera el estatus comercial de dichos prostíbulos el secretario de Gobierno tiene responsabilidad. “Si los locales tenían habilitación por habérsela otorgado, y si no la tenían por no haberlos clausurado, teniendo la herramienta para hacerlo, y el conocimiento de que estaban denunciados, explicó la fuente a este portal.
Por tanto, el candidato a intendente de ECO, José Sincovez podría ser citado a declarar para que explique por que esos locales permanecieron abiertos al público durante el periodo en cuestión, si en los años 2015 y 2016 fueron habilitados normalmente, y si no fuera así, por que no los clausuró.
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