De la Redacción de Contrapoder –
Aunque parezca el depósito de una mueblería, o de una “Tienda Americana”, las fotos que grafican esta nota pertenecen a la repugnante campaña para cooptar clientes electorales iniciada por el gobernador Ricardo Colombi estos días, como ocurre cada dos años, desde que la UCR gobierna la provincia.
Los candidatos de ECO-Cambiemos pasaron todo tipo de límites en la campaña electoral y reparten alpargatas con sus boletas, además de utilizar instalaciones del Estado provincial como depósito de afiches, colchones y bolsas de mercadería para repartir a la gente, con la pretensión de comprar voluntades.
El caso insólito del uso de la Casa de la Provincia en Empedrado, propiedad del Estado, con fines electorales generó indignación en la Perla del Paraná cuando los candidatos comenzaron a repartir alimentos, camas y colchones en los últimos días de la campaña para las elecciones del 8 de octubre.
Las fotografías fueron difundidas por la propia cuenta de Facebook oficial de la Casa de la Provincia en Empedrado, como si usar los bienes del Estado para fines electorales y particulares no fuera un grave delito.
En las fotos se puede observar la presencia de Estela Regidor, actual titular de la Anses y candidata a diputada nacional, encabezando un acto ante un grupo de diez personas que fueron a escucharla. Regidor se sentó en una mesa que tenía sus propios carteles de propaganda de ECO-Cambiemos. Además, las fotos muestran la presencia de José Cheme, actual secretario de Turismo de la Provincia y candidato a intendente de Empedrado.
Cheme aparece en las fotos en el momento en el que entregan colchones y además puede observarse en el lugar los afiches que promueven su candidatura.
La Casa de Empedrado fue inaugurada por la Provincia con el objetivo de realizar actividades educativas, 
culturales y sociales para favorecer al desarrollo turístico de la Ciudad. Pero los candidatos de ECO-Cambiemos terminan usándola para fines electorales con la pretensión de comprar votos.
Esta publicación debería motivar que la fiscalía actúe de oficio y abra una causa contra los responsables del establecimiento y los funcionarios involucrados, porque el Código Penal y la Ley de Ética Pública prohíben el uso de los bienes del Estado para fines electorales. Cheme y Regidor, además de ser candidatos, son funcionarios públicos, y deberían saberlo.
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